Una perspectiva prudente del cambio climático
Es importante valorar que el coste de la parálisis puede llegar a ser mucho más elevado que el coste de oportunidad
Pocos asuntos hay en este momento que generen tan apasionados partidarios como furibundos detractores como el cambio climático. Tan interesante resulta leer los numerosos argumentos científicos con los que se trata de demostrar el impacto devastador que puede tener la acción humana sobre el cambio climático, como el escepticismo de aquellos otros que consideran el cambio climático como un hecho inexorable sobre el que nada se puede hacer puesto que forma parte de un período interglaciar.
De la misma manera, es interesante leer el desprecio de aquellos otros autores que sin ser científicos ni haberse dedicado con entrega al estudio del cambio climático y sus consecuencias, cuestionan los argumentos de los que pensamos que, sea cual sea la explicación, vale la pena ser sensibles a este fenómeno y valorar tanto las consecuencias negativas como las oportunidades que se derivan de este fenómeno.
Los economistas, habitualmente alejados de los argumentos científicos que avalan una posición u otra, no deberíamos entrar en un debate tan técnico como complejo sino fuera porque, si aplicamos un principio de prudencia y, por tanto, consideramos como posible la influencia significativa de la acción humana sobre el cambio climático, emergen entonces de inmediato cuestiones normativas, incentivos, riesgos, costes y oportunidades que deberán moldearse para que el resultado de todo ello sobre la sociedad sea justo y equilibrado.
Plantear la tesitura de elegir entre un bando u otro en este debate supone aceptar qué tipo de indicadores pueden sugerir la existencia de un calentamiento global antropogénico (acelerado por la acción humana). Para ello, es relativamente fácil elegir a unos autores u otros, cuestionar si el aumento de la temperatura es real y significativo o si los efectos meteorológicos son ahora más graves, frecuentes e intensos que en el pasado, y acabar paralizándonos en un debate estéril que nos condujera a la inacción. Sin embargo, parece más prudente e interesante unirse a la corriente de aquellos que valoran que el coste de la parálisis puede ser mucho más elevado que el coste de oportunidad. Es cierto que aprovechar la oportunidad de transformar una sociedad para alinearla con el entorno natural en el que convive, como respuesta a la acción humana frente al cambio climático, puede tener un coste elevado pero, y aun así, resulta más satisfactorio que mantenerse en la crítica o en la inacción.
No debería de existir la menor duda de que vivir en un entorno libre de emisiones, o con menores niveles de contaminación en las ciudades, eliminar el uso de plásticos o modificar los hábitos de consumo para promover conductas responsables, no puede en ningún caso resultar dañino sino que, tras un adecuado periodo de transición, debería propiciar un entorno más saludable y sostenible que redunde en un mayor grado de bienestar social.
La obsesión de las políticas públicas, en este sentido, lejos de dejarse llevar por una corriente o moda, tienen la enorme responsabilidad de diseñar los incentivos para promover esta transformación social y productiva, así como cubrir los costes implícitos derivados de este proceso durante el periodo de transición.
Se podría especular sobre la utilidad de este esfuerzo, sobre todo al considerar que otros países siguen alejados de este compromiso de cambio, pero de nada nos vale detenernos en la inacción solo porque otros no hayan encontrado el momento de actuar, y menos en un país como España en el que el 97% de sus ciudadanos, según la encuesta realizada por el Instituto Elcano, es sensible a este problema y está conforme en que se tomen las medidas adecuadas para mitigar el efecto humano sobre el cambio climático.
La gestión del riesgo es una actitud innata de los humanos. En este momento, como ha señalado reiteradamente Marc Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, el cambio climático representa uno de los principales riesgos a los que se enfrenta el sistema financiero. Un riesgo que se desdobla en dos perspectivas. Por un lado, los riesgos físicos derivados del calentamiento global, sea provocado o no por la influencia de los humanos. Por el otro lado, los denominados riesgos de transición que pueden entrañar la desaparición de sectores y empresas debido a la combinación de varios factores, tales como una regulación muy exigente, un inadecuado reparto de costes, la aparición de tecnologías innovadoras o un cambio en el patrón de consumo de las familias.
En efecto, el sistema financiero es el paradigma de este conjunto de riesgos pues, de materializarse los pronósticos planteados en diferentes escenarios por el Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), podría enfrentarse a un cambio en su modelo de negocio, así como a una reducción del valor de sus activos a medio o largo plazo, poniendo en riesgo la estabilidad del sistema financiero. De ahí que los supervisores financieros traten de ser precavidos mediante el diseño de una regulación que asegure que los efectos derivados del cambio climático y del proceso de transición no ponen en riesgo la solvencia del sistema bancario en su conjunto. En consecuencia, este debate no es una opción para la banca y de ahí que el sector en España haya adoptado diversas iniciativas, la más reciente, y de gran calado, ha sido el acuerdo sectorial firmado con ocasión de la celebración en Madrid de la Cumbre del Clima -COP25- por el que los bancos españoles se han comprometido a alinearse a los Acuerdos de París en 2030.
Respecto a las oportunidades, sean ciertos o no los indicadores que avalan la conveniencia de descarbonizar la economía y modificar los patrones de consumo, hay suficiente certeza sobre cómo están cambiando las preferencias de los consumidores e inversores. El mejor ejemplo, aunque no el único, lo ofrece el mundo de la gestión de activos. Los inversores reclaman desde hace años que su dinero sea invertido con criterios de rentabilidad condicionada a la ejecución de proyectos sostenibles, bien sea porque reducen la emisión de gases de efecto invernadero, bien porque aumentan la eficiencia energética o fomentan una sociedad más justa y equilibrada. No se trata de poner un criterio por encima de otro, sino de que los inversores comienzan a exigir que el tradicional binomio riesgo-rentabilidad se enriquezca con un nuevo vértice: el impacto y la sostenibilidad. Un enfoque que abre una enorme oportunidad tanto en términos de financiación como de demanda pues abre nuevos nichos de mercado para todas las empresas que apuesten decididamente por la descarbonización de la economía.
Pero hay otros muchos ejemplos y el parque español de viviendas, con bajos niveles de eficiencia energética y de accesibilidad adecuada, es otro de ellos. Es un mercado que debe sufrir una profunda transformación y sobran razones para ello, bien porque es necesario mitigar los efectos del cambio climático, bien porque es preciso adaptarse a las necesidades de una población cada vez más envejecida.
En definitiva, el debate no se debe centrar en qué corriente científica es la más adecuada y despreciar a los que discrepen de ella, sino en el diseño de una sociedad más equilibrada social y medioambientalmente. El cambio climático, la descarbonización de la economía o la eficiencia energética son argumentos suficientemente valiosos como para considerar las oportunidades que se derivan de este cambio. De la misma manera una adecuada gestión del riesgo implícito en esta transformación redundará en una mayor solvencia del sistema financiero. La distorsión de este debate, por el contrario, solo puede conducir a la imprudencia y la inacción.
Juan Carlos Delrieu es Director de Estrategia y Sostenibilidad de la Asociación Española de Banca