Pensiones y sueldos públicos primero, y Presupuestos, después

El Consejo de Ministros del viernes podría aprobar la subida del 0,9% de las prestaciones de la Seguridad Social

Pensiones

El nuevo Gobierno que toma hoy posesión tendrá que tomar muchas decisiones económicas aplazadas durante los últimos años, y lo hará con tres plazos sucesivos de urgencia. En primer lugar, aprobará la actualización de las cuantías de las pensiones y los sueldos de los funcionarios, cuyas alzas están ya decididas; en segundo lugar, deberá aprobar en el Parlamento el techo de gasto para afrontar la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de este año, que es la principal prueba de fuego para conocer el grado de estabilidad del Gabinete; y en tercer lugar, y por último, deberá afrontar en los meses sucesivos, aunque sin un horizonte tan crítico, la aprobación de una serie de reformas económicas que sostengan el crecimiento de las finanzas públicas y del crecimiento económico, entre ellas la reforma de las pensiones, la del modelo de financiación autonómica y la reforma integral del modelo energético nacional.

El funcionamiento del Estado ha arrancado el año con la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2019, que a su vez eran los de 2018, elaborado por el último Gobierno de Mariano Rajoy, que ya fueron prorrogados para 2019. Hay que recordar que el último año casi completo de Gobierno en funciones se produjo por la imposibilidad del Ejecutivo de Sánchez, salido de la moción de censura de la primavera de 2018, de aprobar unos nuevos Presupuestos por el bloqueo al que fueron sometidos por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

El Gobierno en funciones de Sánchez, que acaba de cesar, no aprobó la subida de las pensiones de 2020 precisamente por su singularidad jurídica; pero una vez constituido el nuevo Ejecutivo, la primera decisión será actualizar, seguramente en el Consejo de Ministros del viernes próximo, las cuantías de las más de nueve millones ochocientos mil pensiones de la Seguridad Social con una subida ya anunciada del 0,9%. Este aumento es el que el Gobierno considera apropiada en función de la evolución de los precios, tal como ya informó en otoño a las autoridades comunitarias. En caso de no aprobarse tal actualización, la ley de Presupuestos y de Seguridad Social recogería la subida mínima legal, que es del 0,25%.

Sánchez optó por suspenderla para evitar, según precisó la ministra portavoz Isabel Celaá, que se duplique el coste de la comunicación de esta subida a los 9,8 millones de pensionistas. Con esta decisión, el Ejecutivo socialista se ahorra volver a aplicar el Indicador de Revalorización de las Pensiones (IRP) creado por Mariano Rajoy.

En el mismo real decreto-ley de fin de año se fijaba una prórroga de un año de la cláusula de salvaguarda para que determinados colectivos puedan seguir jubilándose en 2020 con condiciones más ventajosas. En concreto, para los colectivos que en los últimos años, incluido 2019, han seguido pudiendo jubilarse con los requisitos legales previos al 1 de agosto de 2011. Y para aquellos con relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia de ERE, o por medio de convenios colectivos, acuerdos colectivos de empresa así como por decisiones de procedimientos concursales, aprobados, suscritos o declarados con anterioridad al 1 de abril de 2013, siempre que la extinción o suspensión de la relación laboral se produjese antes del 1 de enero de 2020.

2% a los funcionarios

La subida salarial de los más de 2,5 millones de funcionarios ya pactada para 2020 será también una de las primeras decisiones que el Ejecutivo podría tomar el viernes. El acuerdo alcanzado entre los sindicatos de los funcionarios y el Gobierno de Mariano Rajoy, un alza del 2%, se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero, ya en la primera nómina. El pacto alcanzado por Cristóbal Montoro y los sindicatos en 2018 y con efectos hasta el próximo año prevé que a ese 2% de subida se añada un variable del 1% en función del PIB y otra prima adicional del 0,55% si se cumple el objetivo de déficit en 2020, circunstancia aún por determinar.

También a iniciativa del nuevo Ministerio de la Seguridad Social, el Gobierno deberá afrontar las nuevas cuantías de las bases de cotización de empresas y trabajadores, así como de autónomos, para 2020. Ahora está vigente, aunque solo sea por un mes escaso, una prórroga de las bases de 2019. De esta forma, la base mínima de cotización se mantiene en los 1.050 euros –tras ser elevada el año pasado un 22,3% en igual medida que el salario mínimo interprofesional– y la máxima en los 4.070,1 euros –tras subir un 7%–.

Pero dado que es intención del Gobierno elevar el Salario Mínimo Interprofesional en una cuantía elevada de nuevo, las nuevas bases seguramente cambiarán. El Ejecutivo en funciones prorrogó los 900 euros al mes en 14 pagas del SMI actual a la espera de un pacto con los agentes sociales. La propuesta electoral del PSOE incluye que el SMI alcance el 60% del salario medio al final de la legislatura, hasta el entorno de los 1.200 euros al mes, en línea con la carta social europea.
El nuevo ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha sido crítico con las fuertes subidas del SMI en el pasado, así como con la actualización generosa de las cuantías de las pensiones, dado el grave problema financiero que tiene la Tesorería General de la Seguridad Social, con un déficit de más de 15.000 millones de euros, hasta ahora costeado con emisiones de deuda.

Presupuestos de 2020

El Proyecto de Presupuestos para 2020 es la gran prueba a la que el Parlamento someterá al Gobierno flamante de Pedro Sánchez, y que dará una idea del grado de estabilidad que tiene el Ejecutivo, ya que la investidura del presidente se ha superado con una diferencia de solo dos votos y por mayoría simple, en segunda votación.

Previamente deberá aprobarse el techo de gasto máximo del Estado, y las cuentas deberán ajustarse a un objetivo de déficit fiscal exigente, tras cerrar seguramente 2019 sin reducción alguna del desequilibrio fiscal, que repetirá en el 2,5%, según expertos como los del Banco de España. Sánchez pretende acompañar los Presupuestos con la creación de nuevas figuras impositivas que le den margen para atender determinadas partidas sociales, algunas de ellas pactadas previamente con Podemos, su socio de Gobierno de coalición. Todo un reto dado que desde este año es obligatorio por ley en España cumplir las reglas de prudencia fiscal que impone Bruselas.

Cuenta atrás para crear la mesa de negociación con el Govern catalán

15 días. La constitución del nuevo Ejecutivo pone en marcha el contador de los primeros 15 días de mandato en los que el PSOE se comprometió con ERC a crear una mesa de negociación entre el Gobierno central y el Govern de Cataluña para abordar la crisis secesionista de la región. Los representantes de ambas instituciones podrán plantear en ella todo tipo de propuestas, “sin más límites que el respeto” a “los principios que rigen el ordenamiento jurídico democrático”, y someterán sus acuerdos a una consulta pública entre la ciudadanía catalana.

El papel de Calvo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reveló ayer a la prensa, en una conversación informal tras revelar la composición definitiva de su nuevo Gabinete, que la figura clave en la negociación con la Generalitat será la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Sánchez avanzó, en todo caso, que también se apoyará en el nuevo titular de Justicia, Juan Carlos Campo, para desjudicializar el conflicto; en la de Política Territorial, Carolina Darias, para mantener un contacto fluido con las autonomías; y en la del ministro de Sanidad, Salvador Illa, dado que su posición de secretario de Organización del PSC le convierte en otro interlocutor útil para acercar posturas.

Reunión con Torra. En La Moncloa barajan cerrar una reunión para los próximos días entre Sánchez y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, dada que su inhabilitación por orden judicial aún podría demorarse, aunque está pendiente aún decidir si la cita tendrá lugar en Madrid o en Barcelona.

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