Cómo invertir con el nuevo Gobierno

El mercado recibe con cautela al nuevo Ejecutivo, del que no prevé reformas de gran calado. La política pesa en el Ibex pero los tipos de interés volverán a ser la clave este año

Cómo invertir con el nuevo Gobierno
EFE

Después de casi un año completo de parálisis política, España cuenta desde el pasado martes con un nuevo Gobierno. Será el primer Ejecutivo de coalición desde la restauración de la democracia, una novedad que también viene acompañada por la fragilidad de la mayoría parlamentaria que ha hecho posible la investidura de Pedro Sánchez como presidente. El Ejecutivo de PSOE y Podemos deberá afanarse en buscar numerosos y peliagudos apoyos parlamentarios que tendrán al soberanismo catalán como principal escollo.

Los inversores son conscientes de los desafíos con que arranca la presidencia de Pedro Sánchez y de las dificultades que tendrá para sacar adelante las medidas de mayor calado. Su primera reacción es de cautela, a la espera de que el nuevo Ejecutivo eche a andar y después de que se hayan avanzado cambios en dos de las cuestiones más sensibles para el mercado: la reversión parcial de la reforma laboral y modificaciones en el cálculo de las pensiones públicas, como la renuncia al factor de sostenibilidad.

El hecho de que Nadia Calviño vaya a continuar como apuesta clara en la vicepresidencia económica es un primer factor de tranquilidad para los inversores. “Desarrollaremos una política fiscal responsable, que garantice la estabilidad presupuestaria y la reducción del déficit y de la deuda pública”, recoge el programa político firmado por PSOE y Podemos.

El Ibex quedó muy a la cola de las subidas que disfrutaron los índices europeos en 2019. La incertidumbre política influyó en ello pero la rebaja de tipos de interés y los problemas en países emergentes clave para las grandes empresas del Ibex fueron factores muy determinantes. Para este año, la gran variable que moverá el Ibex serán los tipos de interés y su efecto arrollador sobre los bancos.

En el inicio del año, el índice bursátil español es ya el más castigado en Europa, de nuevo por las caídas registradas por la banca, aunque también surgen opiniones que muestran sus reservas ante el nuevo Ejecutivo. “Es poco probable que el Gobierno minoritario dirigido por el PSOE reduzca de forma significativa el déficit estructural y la deuda de España, mientras que la propuesta de derogación parcial de las anteriores reformas del mercado laboral y de las pensiones podría afectar negativamente al empleo y a la sostenibilidad del sistema de pensiones”, advierten en la agencia de rating Scope.

El programa presentado por PSOE y Podemos no incluye cambios de calado en la regulación bancaria, de telecomunicaciones o energética, aunque sí iniciativas que los inversores seguirán con atención. El Gobierno pretende propiciar la rebaja de la factura de la luz y el impulso a las energías renovables y establecer un impuesto de sociedades mínimo del 18% para la banca. Además, pretende establecer limitaciones a los precios del alquiler, dando capacidad a los ayuntamientos para regular la subidas abusivas. En definitiva, novedades no rupturistas y que deberán confirmar el compromiso firme con el mandato de Bruselas, clave para la confianza del inversor.

1. Socimi: el fin de ciclo pesa más que la nueva fiscalidad

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En España hay 90 sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (socimis). Algunas enormes, como Merlin, que está en el Ibex 35 y vale cerca de 6.000 millones de euros; y una gran mayoría de pequeñas sociedades que tan solo tienen en cartera un puñado de edificios. Pero todas están muy pendientes de las medidas que adopte el nuevo Ejecutivo en materia de vivienda.

El sector tiene dos preocupaciones fundamentales: el régimen fiscal de las propias socimis (que Unidas Podemos quiere modificar), y las medidas que puedan adoptarse para restringir las subidas de los alquileres, que afectaría especialmente a Madrid y Barcelona.

A pesar de esta inquietud, la mayoría de los inversores consultados considera que el impacto que puedan tener la normativa aprobada por el nuevo Gobierno será mínimo, y entienden que es mucho más relevante la propia desaceleración del sector inmobiliario, después de seis años de ciclo expansivo. “Creo que el impacto fiscal que pueden sufrir las socimis va a ser muy limitado”, explica un gestor de fondos español que administra un patrimonio de más de 80 millones de euros.

Una de las medidas del programa de Gobierno de PSOE y Podemos es reformar el régimen fiscal de las socimis, de modo que tributen por el 15% de los beneficios no distribuidos. Pero este tipo de sociedades ya tiene la obligación de repartir entre los accionistas el 80% de las ganancias y algunas reparten un porcentaje incluso superior, por lo que la aplicación de esta nueva carga fiscal no sería muy gravosa.

Otra cuestión será la limitada capacidad legislativa que tendrá el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez. Al contar con escasos apoyos parlamentarios, algunas de las propuestas en materias de limitación de alquileres será difícil que salgan adelante.

“Nuestra visión es que hay que ser cautos con el sector de las socimis. Los grandes inversores internacionales llevan varios trimestres retirándose de muchas compañías españolas, y ahora querran esperar a ver si el nuevo Gobierno toma alguna medida drástica”, explica Alfonso de Gregorio, gestor de fondos de Bolsa española en Trea AM.

En general, los analistas siguen viendo potencial en las grandes socimis españolas. En el caso de Merlin, el 75% de los expertos que siguen el valor creen que subirá en 2020, aunque moderadamente. Para Colonial, las perspectivas son algo peores, y el consenso de analista no cree que las acciones de esta socimi patrimonialista se puedan apreciar mucho.

2. Cara para las infraestructuras y cruz para las eléctricas

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El sector eléctrico y el de infraestructuras públicas son los más dependientes de las decisiones acordadas en el Consejo de Ministros. El nuevo Gobierno se ha mostrado proclive a realizar importantes cambios dentro del mercado energético, donde la prioridad es el impulso a las renovables, y tiene la voluntad de impulsar algunos corredores ferroviarios e infraestructuras hídricas para dar cumplimiento a los acuerdos políticos (con PNV, Compromís o Nueva Canaria) que lo auparon al poder. “Es evidente que los sectores más regulados serán los que más pueden moverse en Bolsa por las decisiones del Ejecutivo. Yo sería especialmente cauto con lo que ocurre con el sector eléctrico”, apunta un importante inversor español.

Las compañías energéticas, como Endesa, Naturgy e Iberdrola se pueden ver afectadas por varias vías. De forma genérica, por la pretensión del Gobierno de Pedro Sánchez de aumentar los impuestos aplicados a las grandes compañías. Y, más específicamente, por su intención de mejorar las subvenciones de electricidad para personas con pocos recursos.

En el pacto alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos para hacer presidente a Pedro Sánchez se especifica que se va a acometer una reforma profunda del bono social eléctrico y la creación un bono general que incluye el bono gasista.

El texto del acuerdo establece que “el coste del bono social eléctrico, será asumido por las matrices de los grupos de sociedades que desarrollen la actividad de comercialización de energía eléctrica, o por las propias sociedades que así lo hagan si no forman parte de ningún grupo societario. Estos bonos tendrán el fin último de permitir que cualquier hogar pueda realizar un consumo mínimo de energía”

“La revisión del bono social puede acabar afectando a las compañías generadoras. De hecho, ya estamos viendo en estos primeros días de 2020 que se están quedando algo rezagadas. En general, creemos que habrá que ser muy cautos con el sector de ‘utilities”, reflexiona Alfonso de Gregorio, gestor de Bolsa española en Trea Asset Management.

Su opinión es compartida por algunos de los grandes bancos de inversión. JP Morgan y Goldman Sachs están avisando a clientes internacionales de que hay posibilidades de subidas de impuestos o creación de nuevos gravámenes en el sector eléctrico.

“Estamos preocupados por los riesgos moderados en el lado fiscal (posibles alzas en el impuesto corporativo y algún posible aumento en los impuestos hidroeléctricos) (...) y algunas potenciales contribuciones de las ‘utilities’ para hacer frente a la pobreza energética”, apuntaban los analistas de JP Morgan en un informe para clientes.

Endesa y Naturgy están entre los peores valores del Ibex 35 durante el último mes, cuando ya se iba perfilando el Gobierno de coalición. Se han dejado un 3% y un 2%, respectivamente.

Otro cambio que se quiere impulsar es en la estructura de las facturas eléctricas. El Gobierno quiere “reducir el porcentaje que representa el término de potencia; que el término variable de la componente regulada sea incremental en función de la energía consumida, de forma que el coste a pagar por las personas consumidoras por los primeros Kw/h sea inferior a los siguientes, incentivando la eficiencia energética”.

Esta profunda revisión del mercado eléctrico también puede afectar negativamente a los distribuidores, como Enagas o Red Eléctrica.

En cambio, la apuesta por las energías renovables y el autoconsumo puede ser un acicate para la revalorización de algunas cotizadas especializadas, como Audax Renovables y Solaria.

“De todas formas, no creo que vayamos a asistir a ningún cambio drástico. El Gobierno es perfectamente consciente de la importancia de mantener la seguridad jurídica”, explica Rafael Valera, consejero delegado y gestor de fondos en la firma Buy & Holds. Valera recuerda cómo el recorte de primas a las renovables (acordadas en plena crisis, por Gobiernos del PSOE y del PP) se ha acabado traduciendo en un goteo de laudos arbitrales desfavorables a España.

El otro sector que está siempre pendiente del Boletín Oficial del Estado (BOE) es el de las concesionarias e infraestructuras.

En este caso, las empresas están de enhorabuena. El acuerdo entre el PSOE y Podemos tiene una vocación de gasto expansivo y los acuerdos alcanzados con varios partidos regionalistas y nacionalistas comprometen, directamente, la construcción de ciertas infraestructuras.

Así, el pacto con Nueva Canarias recoge la mejora de la red de suministro de agua del archipiélago; el apoyo con Teruel Existe incluía el compromiso para construir varias carreteras en la provinicia, la mejora de la red ferroviaria y la expansión de red de telefonía 4G; con Compromís, nuevas infraestructuras ferroviarias para Castellón...

Las grandes contratistas públicas (como Ferrovial, ACS, OHL, FCC...) pueden mejorar su cartera de obra pública en España. También las compañías de instalación de torres de telefonía (Cellnex) o los fabricantes de trenes (como Caf). “El sector de infraestructuras es uno de los que podría tener algo de recorrido si aumenta el gasto público para estas partidas”, comenta De Gregorio.

El gran problema del Gobierno será su debilidad intrínseca. “Sus socios velan más por sus intereses que por el interés general del país”, apunta Munesh Melwani, socio fundador de Cross Capital y gestor de fondos.

3. Juego: temores por la beligernacia del Gobierno

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Una de las primeras medidas que quiere aprobar el nuevo Ejecutivo es una fuerte restricción a los juegos de azar. En el acuerdo de Gobierno pactado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se recogen cinco medidas de calado para la prevención de la ludopatía, que puede afectar al negocio en España de la cotizada Codere.

PSOE y PP quieren aprobar una regulación de la publicidad de los juegos de azar que sea homogénea en todas las Comunidades Autónomas y equiparable a la que se exige a los fabricantes de tabaco. También quieren restringir el acceso al juego online, obligar a los locales de apuestas a no abrir hasta las diez de la noche, y alejarlos de los colegios. Además, deberán instalar grandes carteles en las puertas, con mensajes sobre el riesgo de la adicción a las apuestas.

Por otra parte, el Gobierno contempla exigir a los operadores de juego más campañas de sensibilización para combatir la ludopatía.

Desde que Sánchez e Iglesias anunciaron el pacto para formar un Ejecutivo de coalición, a mediados de noviembre, y hasta finales de 2019, las acciones de Codere se desplomaron un 15%. Sin embargo, en el arranque de este ejercicio la acción se ha disparado, incluso tras conocerse que el ministro encargado de la regulación del juego será Alberto Garzón (líder de Izquierda Unida).

Los analistas recuerdan que este grupo solo factura en España un 13% de sus ingresos. Mientras, países como Argentina, Italia o México aportan, cada uno, un 25% del total de ingresos.

De hecho, las caídas de 2019 se explican más por el triunfo del kirchnerista Alberto Fernández, en Argentina, y la consecuente devaluación de su divisa local. Además, el Gobierno izquierdista de México, ha anunciado que no concederá nuevas licencias de juego.

Además, la compañía reconocía en octubre que habían desaparecido 20 millones de dólares de la caja de la empresa, algo que aún se está investigando.

Tras estos contratiempos, la agencia de calificación crediticia S&P rebajó su rating de la compañía a B- por las dudas que esta situación genera de cara a la refinanciación de su deuda, de más de 775 millones de euros. Desde Codere ya anunciaron que retrasaran este proceso.

Desde el Consejo Empresarial del Juego (Cejuego) se han mostrado favorables a que haya una mayor regulación del juego, especialmente de su publicidad, y aseguran que es algo que han solicitado aen numerosas ocasiones a varios Gobiernos.

4. Banca: nuevos impuestos y dudas sobre Bankia

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El acuerdo PSOE-Unidas Podemos contempla una reforma del Impuesto de Sociedades “que garantice que las entidades financieras” paguen a Hacienda, al menos, un 18% de su beneficio. Además, se limitarán las deducciones que las matrices se aplican cuando cobran dividendos y beneficios de sus filiales. Estas dos medidas puden tener un importante impacto sobre los bancos cotizados españoles.

“Se trata de un sector demonizado y que tiene varios problemas intrínsecos. La introducción de nuevos gravámenes hará que tengan que operar en un entorno aún más complicado”, explica Alfonso de Gregorio, gestor de fondos en Trea Asset Management.

En lo que va de 2020 hay varios bancos españoles que figuran entre los más rezagados de europa en su evolución bursátil. Especialmente Bankia, que se deja casi un 5%. El valor ha registrado seis sesiones consecutivas de caídas. Desde Unidas Podemos se ha defendido en numerosas ocasiones que Bankia debería mantenerse como un banco público y frenar su privatización. Aunque esta opción parece remota, sí que estaría detrás de las últimas caídas del valor.

Algunos analistas señalan también las presiones que puede recibir el banco controlado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para prestar dinero a ciertos proyectos empresariales o para no cerrar oficinas.

Desde el departamento de análisis del banco estadounidense JP Morgan se ha enviado a los clientes un informe en el que alerta de las posibles subidas de impuestos para el sector financiero español, y sobre la reversión de la reforma laboral. “En nuestra opinión, estas medidas no son útiles para los bancos españoles”, sostiene la firma.

Para muchos inversores, la banca es un gran termómetro del sentimiento inversor hacia determinado Gobierno. Ahora que las primas de riesgo de la deuda pública han perdido todo su valor predictivo (por la política de compra de bonos del BCE), son las acciones de los bancos las que reflejan la visión que existe hacia el país, si bien el sector está marcado a fuego por los tipos cero.

“Es verdad que ciertos inversores internacionales pueden mostrarse ahora precavidos respecto a la banca española. A mi juicio, establecer nuevos impuestos a un sector que lo está pasando mal es una mala decisión. Ahora bien, al Gobierno no le interesa que haya bancos débiles y cualquier medida será relativamente suave”, reflexiona Rafael Valera, consejero delegado y gestor de fondos de Buy &Hold.

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