El mejor aliado de Calviño en la ortodoxia economica, al frente de las pensiones

Ha diseccionado durante años los problemas del sistema de pensiones y ahora tendrá que pilotar su reforma

José Luis Escrivá, nuevo ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones.EFE

Fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que eligió a José Luis Escrivá (Albacete, 1960) para dirigir en 2014 la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), una nueva institución impuesta por Bruselas para fiscalizar las cuentas públicas al margen de los Gobiernos. Cuando la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció su nombramiento, argumentó que Escrivá cumplía los requisitos de tener una experiencia mínima de diez años en el ejercicio profesional en materias de análisis presupuestario.

Es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), casado y con dos hijos, el nuevo ministro de Seguridad Social, se forjó en el servicio de estudios del Banco de España, para después participar como asesor del Instituto Monetario Europeo en el proceso de integración monetaria. Posteriormente fue jefe de la División de Política Monetaria del Banco Central Europeo en Frankfurt. Entre 2004 y 2012 llegó su especialización en finanzas públicas desde el servicio de estudios del BBVA, donde fue economista-jefe, director y director gerente del Área de Finanzas Públicas. Finalmente, antes de llegar a la Airef –donde su mandato terminaba en febrero– trabajó en el Banco Internacional de Pagos de Basilea entre 2012 y 2014.

Es uno de los mayores conocedores de la política presupuestaria española de los últimos años (hasta el punto de haber elaborado desde la Airef, por encargo del Gobierno, el cuadro macroeconómico que rige la política fiscal de los dos últimos años). De hecho, Escrivá aborda la economía con la ortodoxia que lo hace la ministra de Economía y vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, quien encontrará en el titular de Seguridad Social a su más fiel aliado en la concurrida mesa del Consejo de Ministros.

Escrivá conoce también a fondo la Seguridad Social y los difíciles momentos financieros que atraviesa, con una deuda acumulada de cerca de 100.000 millones de euros, lo que equivaldría según un estudio reciente del BBVA Research a decir que cada pensionista debe al sistema 10.863 euros. La Airef, con Escrivá al frente, ha diseccionado en varias ocasiones el funcionamiento actual del sistema de pensiones y ha elaborado previsiones para su futuro. Pero, sobre todo, en ejercicio de su actividad fiscalizadora, ha dado no pocos tirones de orejas a los distintos Ejecutivos, también al de Pedro Sánchez en sus inicios, en materia de pensiones. Y también ha hecho públicas sus recetas para sanear las cuentas de la Seguridad Social.

Entre lo que Escrivá piensa que hay que hacer con el sistema de pensiones está, en el corto plazo, liberarlo de determinados gastos que ahora se pagan con las cotizaciones como los cerca de 4.000 millones de euros de gastos de funcionamiento; los casi 2.000 millones de bonificaciones al empleo o los 2.850 millones de prestaciones de paternidad y maternidad, que pueden considerarse políticas de familia y costearse con impuestos.

Más en el medio y largo plazo, la Airef, ha recomendado que se ahonde en las reformas paramétricas del sistema, actuando sobre el acceso a la jubilación de forma que la edad efectiva de retiro –64 y cinco meses en la actualidad– se acerque a la edad legal prevista para 2027: 67 años. Además, el nuevo ministro es partidario de calcular la pensión con todos los años cotizados y no solo con los 25 últimos ejercicios como en la actualidad.

Si bien, dicho todo esto, sus críticas a la viabilidad futura del sistema se han visto mitigadas por las últimas previsiones de población que hizo la Airef, cuyo optimismo aliviaba mucho las dificultades financieras del sistema. Por ello y por ser diametralmente distintas de las proyecciones de población hechas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las previsiones de la Airef recibieron las críticas de algunos conocedores de la materia.

Con este ideario, Escrivá tendrá que impulsar un acuerdo para reformar el sistema de pensiones en dos frentes: el parlamentario en el Pacto de Toledo y en el diálogo social con patronal y sindicatos.

Renta mínima

En el capítulo de pensiones de jubilación y el resto de pensiones contributivas (viudedad, en favor de familiares, incapacidad temporal) el reto de Escrivá está más o menos claro. Pero el nuevo ministro no puede olvidar que la Seguridad Social es un trasatlántico, como le gustaba decir a la hasta hoy ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, y es la mayor máquina recaudatoria del Estado y la mayor máquina de gasto.

Así, por ejemplo, el organismo que va a dirigir también paga las prestaciones de desempleo, que ahora se reconocerán en otro ministerio, el de Trabajo, que dirigirá Yolanda Díaz, una de las ministras de Podemos. Y también abona cerca de 2.500 millones de euros de pensiones asistenciales (no contributivas), que figuran en el presupuesto del IMSERSO --ahora dependiente orgánicamente de Sanidad-- . No obstante, estas prestaciones podrían volver a formar parte de las competencias del responsable de Seguridad Social, ya que en el acuerdo programático firmado entre el PSOE y Podemos figura la implantación de un nuevo "ingreso mínimo vital como prestación de Seguridad Social".

La idea del Gobierno, según lo que recoge este pacto es empezar con un "aumento decidido" de la prestación por hijo a cargo para familias vulnerables y, posteriormente, crear un "mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos". 

Escrivá tampoco es neófito en esta materia. Tras la presentación de la Iniciativa Legislativa Popular de los sindicatos CC OO y UGT para crear una renta mínima, la Airef estudio el impacto de esta medida, alertando de que su financiación podría llegar a superar los 15.000 millones, lo que daría al traste con el cumplimiento del objetivo de déficit.

Por ello, el futuro ministro de Seguridad Social encargó a sus técnicos la elaboración de un proyecto de renta mínima, que se presentó en junio pasado, y que perseguía ser un sistema estatal compatible con salarios bajos para no desincentivar la participación en el sistema laboral. Así, este trabajo podría ser el germen del futuro ingreso mínimo vital del que habla el Gobierno de coalición.