¿Una nueva subida del salario mínimo dañaría al trabajador?

La medida propiciaría, entre otros efectos, un aumento de los contratos a tiempo parcial, muchos de ellos encubiertos

¿Una nueva subida del salario mínimo dañaría al trabajador?

El nuevo Gobierno propone una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.200 euros mensuales antes de que acabe su legislatura. Esta revelación es una estrategia política directa, conmovedora y populista con un impacto inmediato en las cifras de empleo, según afirman numerosos economistas y expertos.

¿Cuáles serían las posibles repercusiones de tal medida si llega a ejecutarse? Por un lado, las empresas se verían obligadas a realizar ajustes en todos los salarios de sus empleados. Si las personas con una baja cualificación o rango profesional y académico obtienen un sueldo mayor y se aproximan a trabajadores con una categoría profesional superior, lo lógico sería aumentar también gradualmente todas las bandas salariales.

Si el Gobierno pretende proteger a los más débiles, sería importante considerar un incremento con el que la diferencia de salarios sea efectiva, realista, igualitaria y ética. Por el otro lado, lo que podría ocurrir si no se generan estos cambios correlativos, sería la desmotivación, el desinterés, la pérdida de confianza o la frustración de las personas de cualquier equipo de trabajo. Imaginemos un trabajador que realiza funciones de supervisión y que después de dichos ajustes llegara a ganar lo mismo que las personas que supervisa. En casos así no habría diferencias salariales y un trabajador con mayores responsabilidades y cargas laborales ganaría lo mismo que el que no las tiene.

En resumen, esta apertura y ampliación del ingreso económico de trabajadores de una misma categoría profesional generaría una desigualdad con otros de ámbito superior, con considerables efectos en el clima de la organización, en la actitud y, en cascada, en la productividad empresarial. Los gobiernos de izquierda en Latinoamérica cayeron también en ese síndrome de aumentos compulsivos del SMI que detuvieron prohibiendo los despidos y decretando por ley aumentos en todos los niveles salariales. Este tipo de medidas, si las aplicamos también en España bajo la excusa de proteger a los trabajadores, sería el epicentro de un terremoto económico de consecuencias incalculables.

Ya hemos visto lo inadecuado de la medida implantada recientemente de registrar obligatoriamente el tiempo de trabajo para supuestamente evitar que exista un abuso con las horas extras. Al final, el más débil termina aceptando formas paralelas de registro de sus horas para que las empresas no las tengan que pagar. En empresas que tienen pocos trabajadores, el fichaje de horas se hace de forma manual en un registro escrito. Sería fácil negociar la firma de una determinada hora para evitar enfrentarse a todos los gastos que conlleva, consiguiendo, de nuevo, la desprotección de las personas sujetas a una relación laboral y la disminución de los ingresos a la Seguridad Social.

No resulta imposible tampoco pensar que las empresas que emplean la huella digital como sistema de registro puedan cambiar el programa. Se trataría de decisiones poco éticas, desleales e ilegales, pero, ¿cómo podría un trabajador probar que su registro electrónico ha sido modificado? Es difícil e implicaría demandar a la empresa ante un juzgado y utilizar peritos informáticos que quizás no puedan demostrar el fraude.

El reciente incremento a 900 euros del SMI se ha traducido en más despidos y reducciones de jornadas, entre otros. Pero, ¿qué pasaría si se aumentase de nuevo? Llevaría a urgentes negociaciones adicionales de los convenios colectivos para fortalecer el equilibrio y la justicia entre los profesionales. Supondría un considerable incremento de la tasa de desempleo, pues en España más del 90% de las empresas son pequeñas y medianas y, como consecuencia, no podrán soportar fácilmente estas subidas. Un nuevo aumento del SMI no solo provocaría destrucción de empleos, sino también supondría un importante obstáculo para la creación de puestos de trabajo. Dicho de otra forma: una mayor rigidez en el mercado laboral.

El aumento del SMI también propiciaría un incremento de los contratos a tiempo parcial y muchos de ellos serían encubiertos. El consumo, previsiblemente, aumentaría, con el riesgo de caer en una espiral inflacionaria que a largo plazo podría ralentizar la economía. Otra consecuencia indeseable sería la repercusión directa en los costes de producción para las empresas y la subsiguiente subida general de precios.

Otros aspecto que hay que tener en cuenta son las pensiones –si se revalorizan o no– y los números de la Seguridad Social, que no están en su mejor momento. No sería posible una adecuación en consonancia, con lo cual seguiría habiendo grupos de interés desprotegidos.

En conclusión, la medida del aumento del SMI que se pretende hacer efectiva con fines más electorales que de bienestar público, no es adecuada ni en tiempo ni en forma. Es una medida favorecedora de la izquierda sin tener en cuenta su repercusión económica ni su impacto en las empresas y en las pensiones; y muy probablemente potenciaría diferencias muy estrechas entre las bandas salariales.

Tratando de generar una aparente protección de los trabajadores, esta propuesta conseguiría al mismo tiempo la desprotección y el desaliento educativo y profesional de los mismos. Como sabemos, España es de los países de la Unión Europea con mayor temporalidad y con mayores niveles de absentismo y rotación. Por consiguiente, impulsar y potenciar empleos duraderos y seguros mejoraría considerablemente el rendimiento del equipo humano y disminuiría la rotación de personal. Bastante dinero le cuesta ya a una empresa buscar nuevos talentos y entrenarlos.

Jessica Bayón Pérez es Profesora del departamento de Derecho de la Universidad Nebrija