La España vaciada y los diez mandamientos de Pedro y Pablo

El programa de PSOE y Podemos tienen buenas intenciones, pero lo primero es cambiar la ley que consagra que el vecino de ciudad vale un 40% más que el de pueblo

La España vaciada y los diez mandamientos de Pedro y Pablo

A estas alturas del partido parece claro que el próximo Gobierno va a ser el fruto de una coalición PSOE-Podemos, con la abstención de otros, especialmente de los 13 de ERC, dada la persistencia de Ciudadanos en suicidarse. Este gobierno enerva a unos, el empresariado, y encandilará a otros. Si cumplen con el contenido de su preacuerdo, la España vaciada está de enhorabuena.

El 12 de noviembre, con las urnas aún humeantes, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se dieron aquel sonoro abrazo. Para unos, los descreídos, fue el vivo retrato de dos boxeadores sonados, exhaustos de tanto pegarse, con las mejillas húmedas de esa mezcla de sangre y sudor y el protector bucal a punto de saltar; con los párpados hinchados y abrazados para sujetarse en pie. Para otros, los fieles, el inicio de una nueva hégira, la de la coalición progresista que cambiará el signo de los tiempos. Para los prácticos, de sus brazos colgaba un papel firmado por los dos, que bien podría llamase Los 10 mandamientos de Pedro y Pablo.

Resulta especialmente interesante que en un documento de únicamente 10 puntos se haya colado Revertir la despoblación: apoyo decidido a la llamada España vaciada, que es el punto 8, lo que pone en evidencia que la manifestación de finales de marzo en Madrid, y la movilización de tantas asociaciones, especialmente de Soria y Teruel, no ha caído en saco roto.

Los diputados de PSOE y Podemos de las provincias más afectadas por la pérdida de población, al de Teruel Existe no hace falta recordárselo, tienen la responsabilidad de que se lleven adelante las propuestas de sus partidos. Sus programas tienen un desarrollo exhaustivo de dicho punto, especialmente el documento que el PSOE elaboró en septiembre para encelar a Podemos.

El documento del PSOE Propuesta abierta para un programa común progresista, cuenta con cuatro medidas (365 a 368) que si se llevan a cabo cambiará la fisonomía de este país.

La 365 señala: “Actualizaremos y desarrollaremos la Ley 45/2007, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, cuyos objetivos son mantener y ampliar la base económica del medio rural de manera sostenible, mantener y mejorar su nivel de población y elevar el grado de bienestar de su ciudadanía, y conservar y recuperar su patrimonio y recursos naturales.”

La 366, “impulsaremos la financiación local mediante la incorporación de nuevos criterios que determinan el coste de la prestación de servicios, junto con el criterio poblacional, con el objetivo de cerrar la brecha territorial, así como la incorporación de fondos de compensación del valor forestal que aumenten la contribución del conjunto del país al sostenimiento de los bienes comunes ligados al mundo rural.” La 367, “introduciremos criterios territoriales para reducir la desigualdad y garantizar la efectividad de los derechos de las ciudadanas y ciudadanos, no importa el lugar en el que vivan”. Y la 368, “en materia de infraestructuras, priorizaremos la mejora de las infraestructuras con el fin de garantizar la accesibilidad y conectividad territorial. En particular, todas las poblaciones, sea cual sea su tamaño, contarán con servicio de transporte que comunique diariamente con la cabecera de la comarca y atención sanitaria a domicilio cuando no exista un centro local de salud”.

El programa de Podemos, en su medida 277 (La España vaciada, primero) también contempla medidas muy concretas, partiendo de una discriminación positiva de estas zonas. Propone la equiparación de derechos y servicios, priorizar el mundo rural, descentralizar las inversiones, reducir el IBI a la mitad en los municipios de menos de 5.000 habitantes, compensando a los municipios por esa pérdida de recaudación, y la creación de un fondo de 500 millones de euros anuales para luchar contra la despoblación en las comarcas más vulnerables.

Fernando Fernández Such, asesor técnico del área de Mundo Rural y Sostenibilidad de Podemos, describía con claridad en eldiariorural.es el problema que representa la actual ley de financiación municipal. “El criterio es tan injusto que un vecino de un pueblo de menos de 5.000 habitantes, vale menos que uno que viva en una ciudad de más de 50.000. La ley establece un coeficiente multiplicador por el que a un municipio que tenga 1.340 habitantes, se le computa como 1.340 habitantes, mientras que un municipio de 50.500 habitantes, computa como 70.500 habitantes. Esto es así porque la ley añade un índice multiplicador de la población que para los municipios de menos de 5.000 habitantes es igual a 1, mientras que para los de más de 50.000 habitantes es 1,40.”

Aunque parezca increíble, así de claro está en el artículo 124 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Por si eso era poco, en el artículo siguiente, el 125, establece una serie de compensaciones para los municipios turísticos, ya que tienen que tener servicios para la población flotante, pero solo para aquellos que tengan más de 20.000 habitantes. Es evidente que una de las fuentes de empleo e ingresos de la España vaciada es el turismo, pero a nadie se le escapa que en Teruel, Soria, Segovia, Zamora o Palencia, por ejemplo, solo la capital de provincia supera esa población.

Los programas de PSOE y Podemos incluyen prácticamente todas las reivindicaciones de los gobiernos autonómicos, ayuntamientos y asociaciones de vecinos de las zonas que se están despoblando, pero la clave de bóveda está en la injusta financiación municipal. Si cumplen su programa, se puede perdonar a Sánchez que no cree el prometido Ministerio contra la Despoblación.

Aurelio Medel es Doctor en Ciencias de la Información y profesor de la Universidad Complutense