BBVA se desvincula de los pagos a Villarejo
El juez levantará el secreto del sumario tras la declaración de hoy de Crespo
El caso Villarejo-BBVA dará un giro en los próximos días. Hoy está citado a declarar en la Audiencia Nacional como investigado José María García Crespo, último de los imputados que queda por pasar por el Juzgado, tras pedir un aplazamiento por razones de agenda. Tras su paso por la Audiencia, en la que podría acogerse a su derecho a no declarar, está previsto que el juez Manuel García Castellón levante el secreto de sumario.
Crespo fue director de los servicios jurídicos de BBVA para España y Portugal entre 2006 y 2013, y hasta octubre consejero en representación de BBVA en Distrito Castellana Norte, puesto que abandonó, lo mismo que su cargo de consejero en BBVA Perú.
Crespo está en el foco de la investigación judicial porque supuestamente conocía las prácticas empleadas por el excomisario. En concreto las que estaban relacionadas con la búsqueda de patrimonio oculto de grandes clientes morosos, como el promotor Fernando Martín.
García Crespo dependía entonces del director global de Servicios Jurídicos de BBVA, Eduardo Arbizu, que fue despedido del banco en julio.
Unos días después y tras la declaración de Crespo, cada imputado conocerá las pruebas que pudieran existir contra ellos, así como contra el banco en el caso Villarejo, lo mismo que las investigaciones internas que ha llevado la entidad a través de un forensic.
Mientras, el representante legal de BBVA, Adolfo Fraguas (que representa a la entidad como investigada como persona jurídica por cohecho y revelación de secretos), volvió ayer a defender ante el juez y la Fiscalía Anticorrupción que la entidad no incurrió en ningún tipo de responsabilidad por los contratos que desde 2004 hasta 2018, y por importe estimado de 10,5 millones de euros, suscribió con empresas del comisario José Manuel Villarejo para tareas diversas, como investigar a los promotores o, sobre todo, a Sacyr tras la pretensión de esta constructora por convertirse en su principal accionista.
Durante los tres interrogatorios de unas 14 horas en total, celebrados el 20, el 28 de noviembre y ayer, el juez y los fiscales repasaron uno por uno los roles que jugaron en los distintos contratos con la sociedad Cenyt de Villarejo la decena de ejecutivos y exejecutivos investigados en la causa y se interesaron por las medidas que adoptó la entidad al respecto en cada uno de los casos.
El último contrato suscrito con Cenyt tiene fecha de junio de 2016 y fue rescindido al entrar Villarejo en prisión en noviembre de 2017 (aunque parece ser que hay algunos pagos más en 2018). Pero el banco no inició una investigación interna sobre sus relaciones con las empresas del comisario hasta mayo de 2018, cuando Francisco González era aún presidente del banco. Y ya fue en octubre de ese año, cuando se encargó una auditoría interna más exhaustiva.
La Fiscalía preguntó a Fraguas, según informe EP, por qué no se hizo nada en relación a los contratos con Villarejo si en el año 2015 se publicó una información que destapaba su patrimonio millonario y sus posibles actividades delictivas. La abogada del banco, en su turno, reformuló la pregunta para evidenciar que habiéndose publicado esa misma información y ese mismo año, no fue hasta 2017 cuando el comisario fue detenido y enviado a prisión provisional, comparando así la reacción de BBVA a la de la propia Audiencia Nacional.
La Fiscalía también insistió sobre los correos internos que se intercambiaron empleados de la entidad, y que ha aportado el banco a la Audiencia. En este caso, Fraguas insistió en que no guarda relación alguna con el asunto y que la contratación de estos servicios entre los años 2004 y 2017 así como las órdenes de pago al Grupo Cenyt corrieron a cargo de Julio Corrochano, es jefe de seguridad del banco, hasta julio de 2018, y Antonio Béjar, expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN) y despedido sin indemnización por el banco tras su declaración en septiembre. Ambos están imputados. Fuentes jurídicas