Regulación

La UE dará blindaje extra a los ‘soplones’ que denuncien infracciones a la CNMV

No habrá responsabilidad por acceder a la información que motive el chivatazo y se dará asistencia jurídica, financiera y psicológica

Sebastián Albella, presidente de la CNMV.
Sebastián Albella, presidente de la CNMV.

La CNMV tiene abierto desde enero del año pasado un canal de denuncias para posibles infracciones en los mercados de valores. El gran enemigo del supervisor es el abuso de mercado en cualquiera de sus dos modalidades: el uso de información privilegiada y la manipulación de precios. La herramienta responde a un reglamento europeo en vigor desde julio de 2016.

Pero la UE ha dado una vuelta de tuerca a la regulación para que las denuncias puedan hacerse en las propias empresas, que deberán disponer de canales para reportar conductas sospechosas en cualquier ámbito. Todos los soplones, los que denuncien infracciones del mercado de valores y el resto, contarán con escudos para evitar represalias.

Los denunciantes en lo relativo a servicios, productos y mercados financieros, que ya tenían un blindaje dispondrán de una protección adicional gracias a la directiva, que entrará en vigor el lunes 16 de diciembre. Cierto que pueden pasar años hasta que esté adaptada a las respectivas normativas nacionales. La fecha límite está fijada a finales de 2023. La regulación respecto al abuso de mercado especifica que “la necesidad de establecer tales canales en los términos de la presente directiva debe partir [...], en los canales existentes ya previstos en actos específicos de la Unión”.

Habrá que hacer cambios. En concreto, concretar más el diseño de los canales de denuncia, las obligaciones de las autoridades competentes –por ejemplo, la CNMV en cuanto a las infracciones de la Ley del Mercado de Valores– y las formas de protección específicas que hayan de establecerse en el ámbito nacional contra las represalias.

Se prohíben expresamente castigos entendidos como acciones u omisiones motivadas por una denuncia o por una revelación pública y que causen o puedan causar perjuicios injustificados al denunciante. Así, queda negro sobre blanco la exención de cualquier tipo de responsabilidad del denunciante por el acceso a la información denunciada, siempre que el acceso en sí no constituya un delito. Incluso se incorporan medidas correctoras, como la reintegración al puesto de trabajo y la puesta al servicio del denunciante de “asistencia jurídica, financiera y psicológica”.

La directiva (conocida en la jerga como whistleblowers, literalmente el “soplador del silbato”) protegerá a los denunciantes que tengan motivos razonables para pensar que la información sobre infracciones denunciadas es veraz en el momento de la denuncia y hayan comunicado esas potenciales infracciones por canales internos o externos o mediante una revelación pública, según explica finReg, la boutique de asesoramiento regulatorio en el ámbito financiero.

Los accionistas y personas pertenecientes al órgano de administración, dirección o supervisión de una empresa quedarán protegidos. También los voluntarios y los trabajadores en prácticas que perciben o no una remuneración quedarán bajo el escudo una vez que la nueva regulación comunitaria esté plenamente vigente.

Se amplían las materias sobre las que se protegerá

La nueva regulación no solo supondrá un escudo extra a los denunciantes en el ámbito de los servicios y los productos financieros. También se extenderá a la contratación pública, a la protección de los consumidores, de la privacidad y los intereses financieros de la Unión, así como el mercado interior en lo relativo a competencia, ayudas estatales e impuesto de sociedades. “Los denunciantes suelen renunciar a informar sobre sus preocupaciones o sospechas por temor a represalias”, sentencia la directiva. De ahí la necesidad de prestar una protección reconocimiento, a escala tanto de la Unión como internacional, equilibrada y efectiva a los denunciantes.

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