El BCE critica los límites exagerados para el control del efectivo
Consideró desproporcionados los importes máximos que proponía Hacienda a inicios de año
El Banco Central Europeo (BCE) ha vuelto a criticar los límites fijados por algunos países de la zona euro para el control del uso del efectivo en la lucha contra el fraude fiscal. En lo que va de año, el BCE ya ha manifestado en dos ocasiones su disconformidad con este tipo de iniciativas.
Así, el pasado mes de febrero consideró “desproporcionada” la reducción de 2.500 euros a 1.000 del límite máximo para los pagos en efectivo hechos por profesionales, y de 15.000 a 10.000 euros el de las operaciones entre ciudadanos no residentes en España que planteó el Ministerio de Hacienda en el anteproyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal que decayó con la convocatoria de las elecciones del 28 de abril.
El BCE ha emitido esta semana un nuevo dictamen sobre un proyecto de ley para la modificación del impuesto sobre la renta de Grecia que, entre otros elementos, obliga a los contribuyentes a realizar una parte de sus gastos, un 30% de sus ingresos reales anuales, con tarjeta. En caso de no alcanzar ese nivel, afrontan una penalización por la cuantía no abonada de esa forma de hasta el 22%.
La institución monetaria reconoce que el texto griego pretende luchar contra la evasión y el fraude fiscal, así como ampliar la base impositiva tanto del impuesto de sociedades como del IRPF, pero apunta que las limitaciones, tanto directas como indirectas, a los pagos en efectivo deben ser proporcionales a los objetivos que se persiguen “y no deben ir más allá de lo necesario para alcanzar dichos objetivos”. Recuerda además que el uso del efectivo es importante para algunos colectivos sociales y que su utilización favorece la inclusión de la población en la economía.
Además, la institución presidida por Christine Lagarde considera desproporcionados los límites fijados por Grecia a los pagos en efectivo entre ciudadanos y empresas, de 300 euros, a la vista del impacto potencialmente adverso que puede tener en el sistema de pagos y reclama que se suban los umbrales y se introduzca un cierto grado de flexibilidad en esta materia.
Los dictámenes del BCE no son vinculantes para los Gobiernos pero habitualmente estos siguen sus pautas a la hora de legislar.
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