BBVA defiende que no tiene responsabilidad en el caso Villarejo

El secreto de sumario no se levantará hasta cerrar las declaraciones

caso villarejo
Francisco González, el día de su declaración en la Audiencia Nacional.

Se alarga la declaración como investigado de BBVA como persona jurídica. Tras aproximadamente cuatro horas de declaración en la Audiencia Nacional en relación a los contratos firmados con la empresa del comisario jubilado y en prisión provisional, José Manuel Villarejo, la representación jurídica de BBVA deberá volver a ser interrogado el próximo día 29 de noviembre. La Fiscalía Anticorrupción ha sometido al representante jurídico del banco, Adolfo Fraguas, a un extenso interrogatorio que no ha concluido, por lo que el juez Manuel García Castellón ha decidido programar una nueva comparecencia, según fuentes jurídicas.

El interrogatorio de los fiscales fue interrumpido este miércoles ante la apretada agenda del magistrado, a lo que se sumó la complejidad del caso y la cantidad de preguntas llevadas a cabo por la Fiscalía Anticorrupción. Las preguntas se centraron en cuestiones corporativas vinculadas a la contratación de los servicios del excomisario Villarejo, y los previsibles espionajes llevados a cabo a empresarios, políticos y periodistas.

Fraguas defendió tanto la colaboración del banco con la justicia, como las conclusiones de los análisis forensic encargados por la actual cúpula de BBVA a PwC, y los despachos de abogados Garrigues y Uría para aclarar la situación.

Las cuestiones planteadas al banco difieren a las realizadas dos días antes al expresidente de BBVA, Francisco González, a quien los fiscales y el juez optaron por profundizar en el posible o no conocimiento que tenía de los trabajos que ejercía la firma Cenyt, perteneciente a Villarejo, para la entidad financiera y quien encargaba y pagaba las facturas de esta sociedad perteneciente al excomisario.

La entidad, como el resto de la decena de ejecutivos o exejecutivos imputados de BBVA, incluido su expresidente, están investigados por presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios a cuenta de esos contratos que habría suscrito con Cenyt durante 13 años (2004 a 2017) y por importe superior a los 10 millones de euros. Este asunto se investiga en la pieza separada número 9 de la causa, incoada el pasado 4 de diciembre y aún bajo secreto.

La idea que baraja el juez y la fiscalía es poder levantar el secreto de sumario de la causa una vez que todos los actuales imputados hayan pasado por la Audiencia, lo que ya no ocurrirá, como muy pronto, hasta finales de este mes o principios de diciembre, ya que, además de que queda por finalizar el interrogatorio al representante del banco, también está pendiente que se fije la fecha para que declare José Manuel García Crespo, exresponsable jurídico del banco para España y Portugal, quien no pudo acudir a la Audiencia el pasado martes al estar de viaje.

Además, no se descarta que la lista de imputados se pueda ampliar, lo que supondría también alargar el plazo para dar a conocer el sumario. El objetivo es que todos los imputados tengan la misma oportunidad de poder acogerse a su derecho a no declarar al desconocer las presuntas pruebas que existen contra ellos.

Pese a este retraso, en parte, consecuencia de la apretada agenda de García Castellón, fiscales y magistrado pretenden finalizar este caso en unos meses, explican fuentes jurídicas.

Aunque no finalizó el interrogatorio de Adolfo Fraguas, BBVA decidió emitir un comunicado tras la salida de este directivo de la Audiencia. El banco ha incidido en su nota en su "compromiso" a colaborar con la Justicia y ha recordado que viene aportando documentación desde el inicio de las actuaciones.

"Nuestra prioridad es el esclarecimiento de los hechos colaborando con la Justicia, como hemos hecho hasta ahora. Somos un banco con fuertes valores y principios que guían nuestro comportamiento cada día", ha apuntado el actual presidente de la entidad, Carlos Torres, en dicho comunicado.

De la decena de directivos y exdirectivos del banco investigados en esta parte de la causa Tándem, solo Francisco González, el propio banco y Antonio Béjar, exresponsable de BBVA Real State, han decidido contestar a las cuestiones planteadas por el juez y los fiscales, pese a seguir secretas las actuaciones. El resto de los imputados han seguido la estrategia de acogerse a su derecho a no declarar. Béjar, de hecho, ha declarado en sucesivas convocatorias del Ato Tribunal. Sus testimonios, de hecho, han provocado que se ampliase la lista de imputados, y ha abierto dudas entre sus declaraciones y las de González o el banco. La Fiscalía está investigando precisamente estas contradicciones.

Los contratos objeto de las pesquisas van desde supuestas tareas de espionaje para frustrar la entrada en el banco de la constructora Sacyr, hasta frenar la presunta extorsión de una asociación de consumidores (Ausbanc) pasando por analizar la situación de morosos como Martinsa o Prasa, acuerdos en que se presume Villarejo tenía como interlocutor en el banco al que fuese su jefe de seguridad, Julio Corrochano, actualmente en libertad bajo fianza de 300.000 euros por esta investigación.

Indicios de la investigación

Delitos. Anticorrupción solicitó a la Audiencia Nacional en julio la imputación de BBVA para investigar "hechos que serían constitutivos de los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios" .

Sospechas. El juez García-Castellón sospecha que "la cúpula" del banco consintió la contratación del excomisario para tareas de información y espionaje. Habría intervenido unas 15.000 llamadas telefónicas de políticos, periodistas, banqueros y empresarios, en vista del "beneficio personal y empresarial" que le podían reportar.

Declaración. La comparecencia del representante legal del BBVA ha estado marcada por la propia actualidad de la Audiencia Nacional, ya que el juez se ha visto obligado a cortar el interrogatorio al tener pendiente las vistillas de prisión de cuatro miembros de los CDR catalanes. Ello provocó la interrupción, poco antes de las 12.00 horas, de la declaración de Fraguas, que comenzó a las 9.30 horas y que después se prolongó entre las 15.45 horas y las 18.00 horas.

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