El Supremo permite embargar bienes de Argentina en España por el impago de sus bonos

Una reclamación de 184.000 euros de un particular abre la puerta a nuevas demandas

Bandera argentina en la Plaza del Obelisco de Buenos Aires.
Bandera argentina en la Plaza del Obelisco de Buenos Aires.

El Tribunal Supremo ha dado la razón a un particular que reclamaba el embargo de bienes de la República Argentina en España por el impago de deuda soberana. La sentencia permitirá al inversor recuperar 184.271 euros y abre la puerta a que inversores institucionales busquen resarcirse por la misma vía.

El fallo del Supremo fue dictado el pasado 3 de octubre. En él, se acepta el recurso de casación interpuesto por un ciudadano alemán que quería recuperar todo el dinero invertido en bonos argentinos.

El particular había comprado deuda emitida por la República de Argentina en 1996 y 1997. El país entró en una crisis financiera y fiscal y, en diciembre de 2001, decidió no devolver la totalidad de los préstamos a sus acreedores.

El ciudadano alemán, al comprobar que no iba a recuperar todo su capital y los intereses, emprendió acciones legales en Alemania en 2011. El tribunal regional de Fráncfort falló a favor del pequeño inversor y estableció que el país sudamericano tenía que devolverle todo el dinero.

Negociación a varias bandas

  • Buenos Aires. El Ministerio de Hacienda de Argentina ha contactado con los representantes jurídicos del inversor alemán para que acepte un acuerdo y entierre el pleito ante la justicia española.
  • Nueva York. Argentina cuenta con asesoramiento legal en Estados Unidos para tratar de coordinar la negociación con los inversores internacionales, especialmente con fondos buitres especializados en comprar deuda impagada.
  • Ghana. El millonario Paul Singer logró que un tribunal de Ghana acordase la retención del buque escuela de la Armada argentina, la fragata Libertad, en 2007. El fondo NML Capital, controlado por Singer, había comprado bonos argentinos y no aceptaba la quita propuesta. Finalmente, el Tribunal Internacional del Mar estableció que el buque propiedad del Estado gozaba de inmunidad y no podía ser embargado.

Para ejecutar la sentencia decidió acudir a la Justicia española. El Juzgado de Primera Instancia número 87 de Madrid le dio la razón. Argentina consiguió que la Audiencia Provincial de Madrid revocase esa primera decisión pero, finalmente, el Supremo ha fallado a favor del particular. Argentina le debe 139.803 euros del capital invertido en bonos, más 44.468 euros en concepto de intereses de demora y pago de costas procesales.

El debate jurídico ha girado en España sobre la posibilidad de que la Justicia pudiera embargar directamente bienes del Estado argentino. Los activos ligados a una misión diplomática están cubiertos por el principio de inmunidad de ejecución de los Estados, al igual que las Embajadas son inviolables.

Sin embargo, el Supremo recuerda en su sentencia que este principio tiene excepciones, como es el caso de aquellos bienes “utilizados específicamente para fines distintos de los fines oficiales no comerciales”.

De acuerdo con fuentes judiciales, en este caso se había identificado la posibilidad de embargar los activos que tiene en España el Banco de la Nación Argentina, de titularidad pública. Esta entidad dispone de una sucursal de atención al público en el barrio de Salamanca de Madrid, una de las zonas más caras de la capital española.


Crisis y quitas

La sentencia del Supremo es un precedente para otros inversores, especialmente institucionales. Desde la quiebra del país en diciembre de 2001, cuando quedó en el aire la devolución de más de 150.000 millones de dólares, Argentina comenzó a negociar con sus acreedores para que aceptaran una quita. Es decir, que solo se les reintegrara una parte de lo invertido. En 2003, el presidente Néstor Kirschner propuso una quita promedio del 75%. Finalmente fue de entre el 60% y el 50% en función del tipo de bono y el perfil del inversor. Los particulares perdían algo menos que los fondos profesionales.

La mayoría de los acreedores aceptó el acuerdo, tras varias rondas de negociaciones que se prolongaron hasta 2014, pero un grupo de inversores se negó e inició un juicio en Estados Unidos para recuperar todo el capital. El juez Thomas Griesa falló a favor de los conocidos como fondos buitres y ordenó que Argentina devolviera los más de 1.330 millones de dólares reclamados.

El fallo del Supremo aún no es firme, puesto que Argentina ha solicitado una aclaración de sentencia. Una vez que se produzca, el particular podrá exigir el embargo inmediato de los bienes de Argentina que no estén ligados a su misión diplomática.

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