Trabajo insta a las cajas a corregir su acuerdo de registro de jornada

El Ministerio advierte que el pacto contraviene la nueva ley por no permitir acceder a los datos a toda la representación sindical

Sede de la CECA.
Sede de la CECA.

La nueva regulación de registro de jornada laboral impulsada este año por el Gobierno está generando serios quebraderos de cabeza al sector empresarial ante la obligación de poner en marcha un novedoso sistema de control del horario de su plantilla. Aunque el sistema está aún pendiente de implantación en el grueso de compañías, los problemas, sin embargo, también afectan ya a las pocas empresas pioneras que lo han puesto en marcha, al menos en el caso de las antiguas cajas de ahorros.

El Ministerio de Trabajo acaba de instar a las entidades financieras adheridas a la Confederación de Cajas de Ahorros (CECA), listado que incluye a CaixaBank o a Bankia, a corregir el flamante acuerdo de registro de jornada que firmaron en septiembre porque incumple algunos aspectos de la nueva regulación y de la Constitución española.

En concreto, el Ministerio ha detectado que el plan de control de horario de los empleados de cajas no permite el acceso a los datos a parte de la representación sindical de la plantilla, concretamente a los delegados, tal y como exige explícitamente la nueva norma.

Así lo acaba de comunicar el subdirector general de relaciones laborales del Ministerio al sector, en un escrito, fechado el 3 de octubre, que conminaba a las entidades a presentar las alegaciones que consideren pertinentes en el plazo de 10 días o a corregir el texto para adecuarlo a la legislación vigente.

El texto del acuerdo de control horario de las cajas, registrado ante la Dirección General de Trabajo el pasado 12 de septiembre, establece que “con carácter mensual la empresa facilitará a la representación legal de los trabajadores, mediante soporte informático (formato hoja de cálculo) el contenido del registro de jornada de las personas trabajadoras del centro de trabajo en el que ejerzan su representación”.

“Además, con la misma periodicidad, se facilitará el registro de jornada de todas las personas trabajadoras de la empresa a las secciones sindicales constituidas en la empresa que alcancen el 10% de los miembros de comités de empresa y delegados y delegadas de personal en el conjunto de la misma”, agrega el documento.

“Sin embargo, observamos que a lo largo del mencionado apartado segundo del punto VI del Acuerdo se omite toda referencia a la posible representación, por medio de un único delegado sindical, de las secciones sindicales de aquellos sindicatos que no hayan obtenido el 10% de los votos en la elección del correspondiente comité de empresa, posibilidad expresamente contemplada” en la ley, alerta el Ministerio de Trabajo en su escrito al sector de cajas.

“Desconociendo si se trata o no de una omisión involuntaria”, exponen en Trabajo, el Ministerio solicita “una aclaración a este respecto, con el fin de poder determinar si ello supone una limitación de los derechos de representación de las secciones sindicales con una implantación inferior al 10% en los comités de empresa y por ello una vulneración de la libertad sindical reconocida en el artículo 28.1 de la Constitución y en la citada” ley de registro de jornada.

Se da la circunstancia de que el acuerdo de registro de jornada había sido acordado entre la patronal del sector y los sindicatos CC OO, UGT y Fine, pero no contaba con el visto bueno de otras plataformas como la Confederación Intersindical de Crédito. El Ministerio informa a las entidades que la irregularidad detectada había sido objeto de impugnación por parte de una de las corrientes de este sindicato, la Confederación Intersindical Galega (CIG). Fue su denuncia la que motivó el expediente tramitado por Trabajo.

El pacto de registro horario sellado por las cajas es uno de los primeros acuerdos sectoriales de este tipo, y uno de los más destacados de todo el panorama empresarial tras el de Telefónica. Las entidades adscritas, que incluyen a Ibercaja, Abanca, Unicaja, Liberbank o Caixa Ontinyent, además de las mencionadas CaixaBank o Bankia, pactaron dejar ese control horario en manos de sus cerca de 70.000 trabajadores.

Estos deben registrar el horario de inicio y fin de su jornada, descontando los “tiempos de descanso” y otros periodos que no correspondan a “tiempo de trabajo efectivo”. El acuerdo contempla que las empresas faciliten a sus empleados aplicaciones que permitan llevar a cabo el control a través de su instalación en dispositivos como ordenadores portátiles y teléfonos móviles desde los que la empresa también podrá geolocalizar a sus trabajadores.

En cuanto a las horas extra, el acuerdo las contempla como una práctica desaconsejable y de carácter voluntario a la que solo debería acudirse en casos excepcionales. El registro deberá estar vigente antes de fin de año cuando la información estará disponible para los inspectores de Trabajo y los representantes sindicales de la plantilla aunque, de momento, no lo estaría para todos ellos, según denuncia el Ministerio.

Desde la CECA avanzan que la comisión de seguimiento del acuerdo se reunirá el jueves de la próxima semana, cuando vence el plazo dado por Trabajo, y que será en esa cita donde en principio está previsto subsanar el problema detectado.

Nuevo varapalo a un acuerdo sectorial de la CECA

Convenio colectivo. El expediente de subsanación que el Ministerio de Trabajo ha emitido contra el nuevo acuerdo de registro horario de las antiguas cajas de ahorro no es el primer varapalo que recibe este año un pacto sectorial del ramo. El pasado junio, el Tribunal Supremo condenó a todas las entidades financieras adheridas a la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) a abonar al conjunto de su plantilla un complemento salarial que había quedado suspendido en virtud del convenio colectivo sectorial de 2015 a 2018 sellado por la patronal y los sindicatos UGT y CC OO. El pacto suscitó el rechazo de varias plataformas sindicales más, como la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), presidida por Gonzalo Postigo, la CGT o la plataforma balear SIB, que llevaron el asunto a los tribunales y acabaron ganando. Más allá del toque de atención a las cajas, la sentencia del alto tribunal y el expediente abierto ahora por Trabajo supone un varapalo a los acuerdos alcanzados por la comisión negociador del ramo, en la que están presentes tanto entidades como sindicatos mayoritarios.

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