La brecha digital en el país de la fibra óptica
De nada sirve llevar conexiones a todos los hogares si sus moradores no saben usar la red
España presume de disfrutar de unas infraestructuras digitales de talla mundial. Los casi 50 millones de hogares y negocios con acceso a fibra óptica y los 9,5 millones de accesos activos sobre esta tecnología colocan a nuestro país en una situación de privilegio: tenemos la mejor red digital de Europa y la quinta del mundo, superando a potencias como EE UU, China o Rusia. Es tal nuestro liderazgo en Europa que la cobertura media de fibra óptica española en el entorno rural es superior a la media de las principales urbes europeas. Ni sumando las redes de Francia, Reino Unido, Italia y Alemania (las cuatro potencias europeas por antonomasia) superarían los kilómetros de fibra óptica desplegados por los operadores patrios. La capilaridad de estas infraestructuras casi alcanza la universalidad: el 81% de la población española ya puede acceder a internet a una velocidad superior a 100 Mbps y el 99,5% recibe señal de banda ancha móvil 4G. Un hito del que muy pocas naciones pueden presumir.
Y a pesar de esto, todavía en pleno 2019, 4,4 millones de nuestros conciudadanos nunca han utilizado internet (un 12,7% de los mayores de 16 años) y 2,2 millones de viviendas no han contratado una conexión a internet (un 13,6% de los hogares españoles). Guarismos que relegan a un deshonroso vigésimo cuarto puesto en la Unión Europea de los 28. Este retraso alcanza también a nuestro tejido productivo: el 25% de las empresas con menos de 10 trabajadores (que recordemos, representan al 95% del total) no tiene conexión a internet, cifra que asciende al 69% cuando se combina el acceso a internet y poseer una página web corporativa. La combinación de ambas deficiencias supone un foco de desigualdad evidente, un tapón para la competitividad de nuestra economía y un lastre para el futuro de nuestro Estado del bienestar.
El Gobierno español ha intentado paliar este sinsentido a golpe de talonario. A través de los sucesivos Programas de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA-NGA) ha desembolsado más de 500 millones de euros en ayudas públicas para dotar de conexión a internet a alrededor de 5 millones de viviendas y locales de negocios en el periodo que va desde 2013 hasta el presente. La Unión Europea también ha contribuido a este esfuerzo, tanto a través de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder), del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (EFSI) y del Connecting Europe Facility Programme (CEF Telecom), además de la singular iniciativa WiFi4EU.
Sin embargo, y a pesar de todos estos esfuerzos y desembolsos, la fisonomía y el alcance de la brecha digital que sufre nuestro país apenas varía: en los últimos cuatro años no ha habido mejoras sustanciales en esta nueva forma de desigualdad. Incluso se registran retrocesos en comparación con el resto de la Unión Europea. Es más, los seis precursores típicos de exclusión digital en España (sexo, edad, formación académica, renta, lugar de residencia y situación laboral) continúan en plena vigencia, año tras año, prácticamente sin merma, confirmando que los colectivos excluidos del universo digital son muy resistentes al cambio. En resumen, el progreso de España en inclusión digital es altamente decepcionante.
¿Por qué esta contradicción? ¿En qué estamos fallando? Sin lugar a dudas, en el diagnóstico, y como consecuencia, en las políticas que se están ejecutando para intentar cerrar la brecha digital.
Reguladores y legisladores tienden a pensar, por defecto, que la brecha digital se resuelve con más y más infraestructuras. Quizás sea una herencia del pasado, o un contagio por las deficiencias que se encuentran en otros sectores, pero la realidad es que las políticas de cierre se centran exclusivamente en la falta de conectividad, cortando por un mismo patrón a todas las casuísticas que se solapan dentro de esta nueva forma de desigualdad.
Pero la realidad es otra bien diferente: la profundidad de la brecha digital en España no es el resultado de un problema de infraestructuras. Así se confirma cuando se pregunta a las personas desconectadas: solo un 4,2% alega indisponibilidad de infraestructuras para no estar conectado a internet.
El verdadero trasfondo que explica nuestra brecha digital gira alrededor de los aspectos culturales y de aprendizaje: un 68% de las personas desconectadas afirman que no dispone de acceso a la red porque no lo consideran interesante (cifra que ha incrementado en un 8% en tres años). Y otro 48% recalca que no acceden a internet por falta de conocimientos. En el mundo de los negocios y de las empresas encontramos razones similares: muchas de ellas confiesan que no alcanzan a comprender los beneficios que la digitalización les puede reportar o siquiera a sentir la necesidad de hacerlo para seguir compitiendo. En consecuencia, en España, la falta de conocimientos o interés es la principal barrera para el acceso a internet y para la digitalización del tejido productivo.
Este hallazgo debería ser tenido en cuenta para el diseño de las próximas ayudas públicas. A pesar de que siga siendo necesario construir nuevas redes para llegar hasta el último punto de nuestra geografía, si estas políticas no se acompañan de estímulos formativos y educacionales para los colectivos más remisos, integrando acciones de inclusión digital dirigidas a empresas y ciudadanos, estaremos abocados de nuevo al fracaso, con el coste social, económico y presupuestario que supone. Dicho de una forma algo simple: de nada sirve llevar la fibra óptica o la banda ancha móvil a todos los hogares y negocios si sus moradores no saben usar internet o directamente no les interesa su uso.
José Varela es Responsable de digitalización en el trabajo de UGT