La Fiscalía decide hoy si añade a Rato la acusación por falsedad contable

Hasta ahora le acusa a él y otros tres exdirectivos de la entidad de presunta estafa a inversores

Rodrigo Rato acudiendo a declarar a la Audiencia Nacional, en una imagen de archivo.
Rodrigo Rato acudiendo a declarar a la Audiencia Nacional, en una imagen de archivo.

Como en una novela en la que las incógnitas de sus primeras líneas se desvelan al final, el juicio por la salida a Bolsa de Bankia despejará hoy una de las dudas que ha sobrevolado sobre el caso en las 58 sesiones de juicio oral celebradas hasta ahora: la posible modificación de las conclusiones provisionales de la Fiscalía Anticorrupción. Y es que, las acusaciones (tanto la Fiscalía como el sindicato CGT y la Confederación Intersindical del Crédito, que ejercen las acusaciones populares, entre otros) expondrán hoy sus conclusiones definitivas.

A lo largo de la jornada, la fiscal encargada del caso, Carmen Launa, expondrá si finalmente añade la acusación de falsedad contable a la ya estipulada de presunta estafa a inversores a Rodrigo Rato (expresidente de Bankia), José Luis Olivas (ex vicepresidente), José Manuel Fernández Norniella (exconsejero) y Francisco Verdú (exconsejero delegado).

En un principio Anticorrupción consideraba que la formulación de las cuentas anuales, que no contaban con el preceptivo informe de auditoría, no suponía un delito. Sin embargo, en la sesión que dio inicio al macrojuicio en la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (San Fernando de Henares), el pasado mes de noviembre, Launa dejó abierta la posibilidad de añadir el cargo una vez finalizadas las vistas orales, lo que impidió a parte de los encausados acogerse a la doctrina Botín.

En caso de añadir la acusación de falsedad contable, la pena de cárcel para Rato y el resto de acusados aumentaría. De momento, la Fiscalía pide cinco años de prisión para el expresidente; cuatro años para Olivas; tres para Fernández Norniella; y dos años y siete meses para Verdú.

En mayo de 2012, Bankia depositó sus cuentas anuales relativas al ejercicio 2011 en la CNMV sin el correspondiente informe de auditoría. Los resultados arrojaban un beneficio de 309 millones de euros, sin embargo, tras la dimisión de Rodrigo Rato, unos días más tarde, y la entrada de José Ignacio Goirigolzarri con su nuevo equipo gestor, la entidad reformuló las cuentas que registraron pérdidas por 3.030 millones de euros.

Durante la fase de las pruebas periciales del juicio los peritos judiciales Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras (los únicos independientes de acusación y defensa) reiteraron que las cuentas de Bankia “no reflejaban la imagen fiel” desde que se fraguó el SIP entre las siete cajas de ahorros que dieron lugar a Bankia.

Fuentes de las defensas consultadas por este diario estiman que a lo largo de la exposición de pruebas periciales “se han visto debilidades en los informes de los peritos judiciales” dado que “los propios peritos no son capaces de ponerse de acuerdo sobre los supuestos deterioros de los activos de Bankia, existiendo entre los mismos diferencias de más de 1.000 millones de euros”.
Por su parte, fuentes de las acusación confían en “que la fiscal amplíe la acusación a falsedad contable, ya que los peritos judiciales son los que han dicho la verdad”.

Por otro lado, la Fiscalía también desvelará si amplía su acusación más allá de los cuatro exdirectivos que formaban la cúpula de Bankia. Las acusaciones populares extienden esta selección a un total de 34 personas en total: 31 personas físicas y tres personas jurídicas (la auditora Deloitte, Bankia y su matriz BFA).

Tras el turno de las acusaciones de este lunes, la próxima semana, previsiblemente llegará el turno de las defensas que expondrán sus conclusiones. Fuentes cercanas a las defensas señalan que el Banco de España “nunca puso ningún reparo a las cuentas de BFA-Bankia, al margen de los comentarios que pudieran hacer algunos inspectores” y que “el folleto de salida a Bolsa cumplió con los requerimientos de la CNMV y recogía todos los posibles riesgos”, por lo que sus argumentos se basarán en haber logrado el visto bueno por parte de los organismo supervisores.

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