Hacienda investiga por evasión fiscal a un fondo que financia el fichaje de futbolistas de La Liga

Las pesquisas del fisco y la Guardia Civil apuntan a que el entramado societario Doyen, que simulaba operar desde Malta, defraudó cinco millones de euros a Hacienda solo en 2013

Estadio Wanda Metropolitano.Efe

La Audiencia Nacional, la Agencia Tributaria y la Guardia Civil han puesto en marcha este miércoles una macroinvestigación contra un entramado societario dedicado a la financiación de fichaje de futbolistas de La Liga, compraventa de derechos económicos y préstamos a clubs sospechoso de evadir, al menos, cinco millones de euros a Hacienda.

Las pesquisas, conocidas como Operación Dean, pesan sobre el fondo de inversión Doyen Sports Investment Limited, que simulaba operar desde Malta pese a hacerlo en España, así como contra su administrador, dos intermediarios y dos supuestos colaboradores.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que acaba de levantar el secreto de las actuaciones, ha puesto en marcha el operativo policial tras admitir una querella de la Fiscalía Anticorrupción.

Como resultado, se ha solicitado información a varios clubs y organismos deportivos, que no están siendo investigados en el operativo, y que incluyen a clubs como el Getafe, el Atlético de Madrid, el Sevilla, el Valencia, el Granada, el Cádiz, el Sporting de Gijón, el Elche, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Liga de Fútbol Profesional (LFP).

De la Mata también ha ordenado el registro de domicilios de algunos de los investigados. Los principales son el administrador de Doyen, Nelio Freire Lucas, investigado por un delito contra la Hacienda Pública. Por este mismo delito, más otro de blanqueo de capitales, se investiga al intermediario -y exjugador del Atlético de Madrid- Juan Manuel López Martínez y a su pareja Rocío del Carmen Sánchez Ortega, y a otro intermediario, Mariano Aguilar López y su hermano Miguel. Los seis están citados para declarar ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 entre mañana y pasado.

Para sortear el pago de impuestos, recoge el juez, este entramado societario “se ha servido de una compleja estructura societaria tendente a ocultar a la Hacienda española que la gestión efectiva de Doyen Sports Investment Limited se realizaba desde España y no desde Malta, como se simulaba”.

Doyen es un fondo de inversión con capital de 100 millones de euros constituido en 2011, con domicilio de Malta y cuya actividad consiste en operaciones de compra de derechos económicos de jugadores y la concesión de préstamos a clubes. Este fondo, explica el auto judicial, recibía como contraprestación a realizar por el club financiado, no solo el cobro de los intereses por el capital prestado, sino un porcentaje de la eventual futura venta del futbolista que necesariamente debía llevar a cabo la entidad al recibir una oferta que cumpliera las condiciones previstas al celebrar el inicial contrato de préstamo.

Este tipo de acuerdos, los llamados TPO (Third Party Ownership), fueron prohibidos por la FIFA en abril del año 2015. A partir de dicha fecha, subraya la resolución, “Doyen mantuvo la vigencia de dichos contratos formalizados hasta entonces y siguió gestionando los derechos de imagen y concediendo nuevos préstamos a clubes de fútbol profesional”.

“Doyen Sports Investments Limited realiza su actividad en España, y comercializa, por medio de un entramado implantado y asentado de manera estable en nuestro país, de modo que aunque haya intentado ocultar su existencia y operativa en España, la realidad es que utiliza un complejo entramado empresarial que constituye un asentamiento operativo lo bastante sustancial y significativo como para considerar que se actúa en territorio español con plena coherencia geográfica y comercial, y con un significativo grado de permanencia en el tiempo”, relata el auto.

La rama española del fondo está liderada, según la investigación, por los intermediarios Mariano Aguilar y Juan Manuel López Martínez, quienes junto con el administrador de Doyen, Nelio Freire Lucas, a través de la sociedad Assets 4 Sports -posteriormente sustituida por la sociedad maltesa Vela Management- han llegado a representar y negociar en nombre del fondo los mayores fichajes del fútbol, embolsándose por ello importantes cantidades.

De la Mata subraya que Doyen realizaba operaciones de compra de derechos económicos de jugadores y de concesión de préstamos a clubes y apunta que la querella de la Fiscalía identifica operaciones de adquisición de derechos de Gilavogui al Atlético de Madrid y préstamo de 2,5 millones; venta de derechos económicos de Falcao y asistencia financiera añadida al mismo club; compra de derechos económicos de jugadores del Sporting de Gijón; compra del 50 % de derechos económicos de Miroslav Stepanovic; compra del 50% de derechos de Kondogbia o del 20 % por ciento de Babá, entre otros.

Por este concepto, indica el auto, de manera indiciaria Doyen obtuvo en 2013 un beneficio de 17,8 millones de euros; en 2014 de 1,9 millones; en 2015 de 624.322,35 euros y en 2016 de 217.941,83 euros.

En cuanto a las operaciones de préstamo, siempre según la resolución del Juzgado central de Instrucción 5, se han identificado 2,5 millones al Atlético de Madrid y al Sporting de Gijón; 3,65 millones al Sevilla; 3,5 millones al Getafe y medio millón al expresidente del Sevilla José María del Nido. Por tanto, el beneficio obtenido por el fondo fue de 1,1 millones en 2013, 224.324,37 euros en 2014 y 75.000 en 2015.

Juntando ambas partidas, indica, en el año 2013 el fondo obtuvo unos ingresos totales de más de 19 millones de euros; en 2014 de 2,1 millones; en 2015 de 699.322,35 euros y en 2016 de 217.914,83, referido únicamente a operaciones realizadas en España, puntualiza el juez.

“Los anteriores datos implican que, para el ejercicio 2013, la base imponible atribuible al establecimiento permanente alcanza 15.328.829,23 € y la cuota tributaria defraudada sería de 4.583.648,77 euros. Ello sin perjuicio de que afloren nuevos ingresos no computados, tanto en 2013 como en otros períodos impositivos”, concluye el magistrado, apuntando a la posibilidad de que la suma finalmente defraudada sea mucho mayor que la actualmente apuntada.

Más allá, la investigación judicial revela que los intermediarios Juan Manuel López Martínez y Mariano Aguilar, que declaraban residir en Gran Bretaña y Suiza, respectivamente, habitaban en realidad en España donde debían tributar. Ambos, expone el auto, “han ocultado, en distintos momentos, su condición de resientes en territorio español, así como su renta y patrimonio por lo que la ocultación podría haber tenido no solo no solo consecuencias penales en relación con sus propias obligaciones tributarias, sino que podrían influir en la calificación definitiva delictiva de los incumplimientos tributarios de Doyen” y podrían haber incurrido también en un delito de blanqueo de capitales.