Un modelo de empleo público acorde a una nueva economía

Las plantillas de la Administración General del Estado cuentan con una media de edad de 52 años

El número de empleados públicos aumentó el año pasado en España en algo más de 17.000 personas, lo que supone el segundo mayor incremento de la década y sitúa la cifra total en el conjunto del Estado en 2,57 millones de efectivos. Del análisis de los datos se puede concluir que el ciclo de caída del empleo público que se inició en 2012 parece haber llegado a su fin, aunque la distribución de ese empleo no es homogénea en las distintas administraciones públicas. La mayor parte del incremento se registró en las comunidades autónomas y los ayuntamientos mientras la Administración del Estado central registró un nuevo descenso hasta marcar la cota más baja de una serie histórica que arranca en 2002. En el caso de la administración regional, además, los picos de empleo coinciden con la cercanía de los comicios autonómicos del 26 de mayo de 2018. Castilla-La Mancha lideró los incrementos de plantilla entonces al elevar sus efectivos en casi 5.900 personas, seguida de Madrid y País Vasco. Solo tres regiones rebajaron su número de empleados.

El debate sobre la dimensión, características y condiciones del empleo público no es nuevo y suele enfrentar argumentos muy diversos y a menudos encendidos. En general, los análisis comparativos sobre esta cuestión tanto en la UE como en la OCDE revelan que España no forma parte del club de países con mayor número de funcionarios y empleados públicos respecto a su población activa, sino que ofrece unos ratios por debajo de la media europea y de la media de la OCDE. Cuestión distinta y bastante más compleja es si el modelo de empleo público actual responde a las necesidades de las distintas administraciones, organismos y funciones que desempeña el Estado, qué carencias y defectos es necesario corregir y cuál es la mejor forma de llevar a cabo esa reforma. Se trata de un análisis en el que no es posible apuntar a una única receta, más allá de que utilizar la contratación pública con fines electoralistas, un viejo vicio del modelo español, no resulta en ningún caso aceptable.

En el caso de la Administración General del Estado, que ha experimentado un proceso de reducción de efectivos, el reto pasa por afrontar el envejecimiento de las plantillas, que presentan actualmente una media de edad de 52 años y con unas previsiones de jubilación que afectarán a la mitad de los empleados públicos (casi 70.000) en diez años. Pero también por avanzar hacia un perfil de empleo público eficiente y modernizado, capaz de acompañar e impulsar la transformación tecnológica de una economía cada vez más globalizada.

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