Eléctricas e industrias pujarán en las mismas subastas por el incentivo de capacidad

Un reglamento de la UE establece el nuevo sistema de pagos por disponibilidad de las centrales eléctricas y los grandes consumidores

El comisario de Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.
El comisario de Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

La Comisión Europea ha publicado el Reglamento relativo al mercado interior de la electricidad por el que se regulan, entre otros, los mecanismos de capacidad o incentivos que reciben las centrales de generación por estar disponibles. En el caso de España, los pagos por disponibilidad fueron suspendidos en junio del año pasado por el exministro de Energía, Álvaro Nadal, a la espera de que Bruselas los armonizara con los del resto de países, y su sucesora, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, los derogó este año.

El reglamento (el último del llamado paquete de invierno), que se publicó el 6 de junio y entrará en vigor en enero de 2020, viene a cubrir un polémico vacío, ya que este incentivo servía a las grandes eléctricas para cubrir los costes fijos de sus centrales de ciclo combinado, que, legalmente, no pueden trasladar al precio de mercado por esta producción.

Según esta norma, los nuevos mecanismos de capacidad, que abarcan un concepto más amplio que los de ahora, deben otorgarse “mediante un proceso transparente, no discriminatorio y competitivo” (esto es, a través de subastas) serán temporales y su objetivo es resolver los problemas de cobertura de los países de la UE. Una importante novedad es que dichos procesos “estarán abiertos a la participación de todos los recursos que estén en disposición de proporcionar el rendimiento técnico exigido, incluida la gestión del almacenamiento de energía y la demanda”.

Esto significa que a las subastas podrán acudir no solo los generadores sino también los consumidores y los almacenamientos. Desde el punto de vista del operador del sistema (REE), tan válido es que las centrales estén disponibles para producir (oferta a subir) como que lo estén las instalaciones industriales para dejar de consumir (demanda a bajar) cuando se les requiera. Hay quien considera que se deberían hacer subastas diferenciadas, pero, en cualquier caso, todas tendrán un principio común, el mismo régimen jurídico.

Parece claro que este mecanismo sustituirá a las subastas de interrumpibilidad a las que acuden los grandes consumidores para lograr un incentivo en su factura de la luz, aunque en el sector industrial lo consideran insuficiente. “A este tipo de subastas de capacidad podrían acudir consumidores más pequeños, pero no están diseñadas para los electrointensivos”, añaden. El Gobierno siempre podría incentivar la factura eléctrica de la industria mediante una partida en los Presupuestos del Estado, tal como hace Alemania.

Los mecanismos de capacidad ya existentes “deben revisarse a la luz del presente reglamento”, indica el texto. Esto beneficia a países que, como Francia o Alemania, no habían suspendido los suyos, por lo que gozarán de un periodo transitorio y perjudica a España, que sí los había eliminado y ahora tendrá que negociar partiendo de cero. “Antes de introducir mecanismos de capacidad -señala el reglamento-, los Estados llevarán a cabo un estudio exhaustivo sobre los posibles efectos de aquellos en países vecinos, consultando con estos”.

Cobertura

Antes de la entrada en vigor del reglamento, se fijarán las metodologías para la adjudicación y se hará un análisis sobre la cobertura en Europa, previo informe de los transportistas y operadores de los sistemas (TSO) nacionales.

Y es que los mecanismos de capacidad solo se justifican por razones de cobertura (de hecho, tendrán un límite máximo de 10 años, en tanto se resuelven los problemas de cobertura) por lo que países con sobrecapacidad tendrán dificultades para instaurarlos. En este punto, hay quien se muestra muy pesimista respecto a España, con un sistema eléctrico con sobrecapacidad.

Otras opiniones apuntan a que, una vez autorizado el cierre de las centrales de carbón nacional (5.000 MW) la potencia no imprescindible, que para REE era hasta no hace mucho tiempo de 6.000 MW, ya no existe. Además, a efectos de cobertura, la UE es flexible y ha admitido pagos por capacidad en países con redes eléctricas poco mallada o por la incertidumbre de las energías renovables.

El incentivo solo podrá otorgarse por estar disponibles a centrales con potencia firme (ciclos combinados y carbón, que recibirán para ello un certificado de potencia firme de REE, como también las industrias), por lo que queda en el aire el pago por inversión que también reciben las plantas de gas españolas desde principios de la pasada década y cuyo saldo pendiente es aún de 517 millones hasta 2028. Por otra parte, las térmicas irán perdiendo su derecho a cobrar, pues este queda ligado a las emisiones. Así, no podrán recibir pagos por mecanismos de capacidad las centrales que emitan más de 550 gramos de CO2 procedentes de combustibles fósiles por kWh. A partir de 2025 este límite baja a 350 gramos.

La cuestión ahora es cual será el incentivo resultante de las subastas, ya que el de las centrales ha sido mucho más bajo que el de la industria (unos 200 millones frente a los 500 millones que recibían los grandes consumidores en las primeras subastas de interrumpibilidad (la última, el lunes, se ha considerado un fracaso: 95 millones). El Gobierno sabe que cualquier pago que suponga falsear la competencia en un sector y no garantizar el suministro será rechazado por Bruselas.

Cierre de centrales por razones económicas

El Reglamento sobre mercado interior de la electricidad, aprobado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea, reconoce el derecho de las empresas de generación, almacenamiento y suministro a cerrar en el caso de que “sus operaciones” no sean viables económica y financieramente.

No obstante, la directiva que desarrolla este reglamento añade la salvaguarda de que las centrales no podrán cerrar si con ello se pone en riesgo el suministro eléctrico, por tener la consideración de “servicio público”. En este punto, las titulares de ciclos combinados ociosos, argumentan que como servicio público tienen derecho a una compensación.

Aunque queda por ver cual será el montante de los nuevos pagos por capacidad, y que en España no se paga a las empresas desde hace un año, los dos últimos Gobiernos los han seguido cargando a los consumidores en la factura de la luz.

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