La competitividad de la industria electrointensiva, en juego
El precio de las tarifas eléctricas está pasando factura a un sector clave para la economía
La industria electrointensiva española asociada en nuestra organización –industria siderurgia, metalurgia no férrica, química, gases industriales y otros– está plenamente comprometida con el reto de la transición energética y tiene bien hechos sus deberes: ha mejorado la eficiencia energética de sus procesos industriales, implantado sistemas de gestión energética según la ISO 50.001, gestionando su consumo energético y prestando el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Con estas actividades, la industria electrointensiva ayuda a mejorar la eficiencia del sistema eléctrico en su conjunto, a la vez que facilita la integración de las energías renovables no gestionables, minimizando sus vertidos, y ayuda al operador del sistema a garantizar la seguridad de suministro eléctrico.
Esta industria es además uno de los pilares que garantizan el objetivo de electrificar la economía española en los horizontes 2030 y 2050, ya que su gestión de la demanda eléctrica aporta la flexibilidad que el sistema eléctrico necesita en un mix con fuerte presencia de energías renovables.
Uno de los motores de arrastre de nuestra economía nacional son precisamente estas industrias básicas que, sin embargo, observan cómo van perdiendo progresiva y continuamente competitividad por el elevado coste eléctrico que deben afrontar y que es notablemente superior al de sus principales competidores europeos. Esta enquistada situación está dando lugar en los últimos meses a una notable pérdida de producción en determinados sectores con anuncios de expedientes de regulación y de cierre de fábricas.
En España, el coste eléctrico, uno de los más caros de Europa, amenaza seriamente la competitividad de la industria básica. Entre los años 2017 y 2018, el precio eléctrico final pagado por la industria española fue de 20 a 25 euros/MWh más caro que el de sus competidores franceses y alemanes, respectivamente, lo que significa un 50% mayor.
¿A qué se deben estas diferencias? Pues, aproximadamente, más de la mitad de ese diferencial se corresponde con los elevados precios del mercado eléctrico español que en los dos últimos años ha sido 15 euros por MWh de media más caro que el mercado alemán; y el resto se debe a los costes del sistema y a las diferentes ayudas que reciben estas industrias europeas tanto en Alemania como en Francia y de las que carecemos en España.
Para mitigar ese diferencial, nuestro Gobierno reconoció a finales de 2018 la pérdida de competitividad que causa el precio eléctrico a esta industria española, comprometiéndose a aprobar de forma urgente un Estatuto para los consumidores electrointensivos que recogiera un conjunto de mecanismos tendentes a reducir ese diferencial, acercando así el precio español a los que disfrutan nuestros principales competidores europeos.
Tras varios meses de intenso trabajo y colaboración del Gobierno con las asociaciones industriales afectadas, la foto actual es tremendamente preocupante para la industria electrointensiva asociada en AEGE. En primer lugar, el actual borrador de Estatuto no considera ninguna medida nueva que suponga una ayuda concreta a corto plazo. Las dos medidas que aparecían en el borrador inicial parecen haber desaparecido, se esfumaron sin que hasta la fecha conozcamos ninguna medida alternativa ni tampoco nueva, aunque nos consta que se está analizando un mecanismo de compensación de la financiación de las renovables, pendiente todavía de concretar.
En segundo lugar, la retribución del servicio de interrumpibilidad, un servicio reconocido que era la principal herramienta de nuestras industrias para reducir el diferencial de precios con Europa, está sufriendo una drástica reducción: en dos años, la potencia a subastar se ha reducido un 20% y la retribución se ha recortado más del 60%. Pues bien, la convocatoria de la próxima subasta para el segundo semestre de 2019, que precisamente tendrá lugar hoy, augura por sus características de reducción de los precios de salida, reducción de bloques en el producto de 40 MW y reducción de la potencia a subastar a 2.400 MW, otro nuevo y sonoro recorte.
Y por si todo ello fuera poco, la dotación para la compensación del CO2 indirecto del ejercicio 2018, a pagar este año, tiene aprobada una partida de 91 millones de euros con el compromiso de alcanzar la compensación máxima de otros 200 millones. Sin embargo, y pese a que la Comisión Europea permite a los Estados a destinar hasta el 25% de los ingresos totales de las subastas de derechos de emisión a compensar el CO2 indirecto que paga la industria en su factura de la electricidad, no se tiene certidumbre sobre las dotaciones presupuestarias que se destinarán a esta compensación en 2020 y siguientes. Baste indicar que los ingresos de esas subastas en 2018 supusieron más de 1.300 millones de euros.
Las empresas electroitensivas integradas en nuestra organización, que suman más de 20.000 millones de euros de facturación anual y más de 186.000 empleos estables y de calidad, estamos seriamente preocupadas por el futuro de nuestra actividad, por lo que reclamamos con urgencia un Estatuto de consumidores electrointensivos que aporte certidumbre, que esté dotado económicamente y que facilite compensaciones similares a las que disfrutan nuestros principales competidores europeos. Pedimos las mismas condiciones que ellos tienen desde hace mucho tiempo.
Nuestras industrias son vitales para el país y están comprometidas con el reto de la transición energética y con la descarbonización. Queremos continuar contribuyendo a la economía y al empleo de España, por eso confiamos en la voluntad del Gobierno y de los partidos políticos por mejorar la competitividad de la industria electrointensiva y esperamos la adopción de medidas concretas en el corto plazo.
La situación lo demanda y el país se juega demasiado en ello.
Fernando Soto es Director general de AEGE, Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía