Carlos Ballugera: “Los tribunales están colapsados porque la banca impone sus abusos”

Critica los fallos del Supremo y la falta de multas del Banco de España e insta a mejorar el uso de las demandas colectivas

El presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios, Carlos Ballugera.Pablo Monge

Los consumidores no queremos quedarnos sin crédito, queremos que no haya abusos”, defiende Carlos Ballugera, nuevo presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios. Fue propuesto por la ministra de Sanidad y Consumo, María Luisa Carcedo, tras la fulminante suspensión del nombramiento de Carlos Lasarte al fichar por el departamento de defensa de los consumidores de un bufete de abogados antes de acceder al cargo. Ballugera (Anguciana, La Rioja, 1956), un registrador de la propiedad que venía recopilando un listado de cláusulas hipotecarias abusivas que ronda ya las 90, representa ahora a las nueve principales asociaciones de consumidores españolas ante las Administraciones y los poderes públicos.

R. ¿Qué asuntos son prioritarios ahora mismo para el Consejo y las asociaciones?

R. Hay muchos. Por ejemplo, la regulación de las acciones colectivas en un panorama de litigiosidad y dificultades extraordinarias para los consumidores, que consiguen sentencias favorables pero luego tienen que ejecutarlas, lo que lleva otro calvario. Es necesario un esquema judicial que se adapte a esto. Luego hay buenas normas que no se aplican. El ministerio fiscal tiene función de defensa de los consumidores, pero no se aplica. Está previsto un fiscal de consumo por cada CC AA, pero creo que hay cuatro o cinco. Hace falta dotar medios. Luego vemos mucha conflictividad en el ámbito del consumo, no solo hipotecario, en telecomunicaciones, viajes combinados... El consumidor se puede ver incomodado por una actividad lesiva de una empresa, la denuncia, pero su problema no se va a resolver en el procedimiento sancionador. Si quiere obtener una reparación, que le arreglen lo suyo, que le den su dinero, tiene que ir a un pleito. Es urgente que el Consejo traslade a los poderes públicos que el texto refundido de los consumidores prevé la reparación. Y luego, creemos que el diálogo con las empresas es un elemento para mejorar las relaciones con la clientela. Queremos recordarles que tienen un sistema arbitral de consumo e intentaremos llegar a convenios o promover códigos de buenas prácticas de cumplimiento normativo voluntario.

R. ¿Por qué se ha disparado tanto la litigiosidad? ¿Hay más abusos o el consumidor conoce mejor sus derechos?

R. Ha tenido una eclosión con la crisis económica. Un caso concentra perfectamente todo: las cláusulas suelo. La sentencia [del Supremo] de mayo de 2013 declaró nula la cláusula suelo por falta de transparencia. Había un propósito clarísimo de que para que el consumidor pudiera liberarse de la cláusula suelo fuera a pleito. Los que han reclamado, pese al alboroto, son un 15% o un 20% de los perjudicados. Sin embargo, es de tal magnitud que una línea y media de un contrato de préstamo hipotecario que tiene 30 hojas ha colapsado los tribunales. Entonces, ¿por qué la litigiosidad? Por la crisis, la forma de hacer una sentencia y la sensibilidad de los consumidores, que antes llamaban a la puerta de un abogado y no les abría. Ahora hay quien dice que hay una industria de la litigación. No, ojo, es que el consumidor ha conseguido por primera vez que le atiendan en los despachos de abogados. La situación también refleja una cierta maduración de la sociedad española, el consumidor es consciente de sus derechos.

R. ¿Pero hay alternativa a los juzgados?

R. En el Consejo anhelamos el cumplimiento voluntario [de la ley por parte de las empresas] porque todo esto se produce por abusos que van contra la normativa existente, no es que haya habido un motín. Hay unas leyes que se han ignorado.

Hay buenas leyes que no se aplican. Está previsto un fiscal de consumo autonómico, pero hay cuatro o cinco. Faltan medios

R. ¿Tan complicado es que se cumpla la ley?

R. Puede ayudar al cumplimiento voluntario que haya elementos de disuasión. Tenemos un sistema que no desarrolla bien la acción colectiva para que cuando el consumidor individual gana un tema el aparato judicial lo replique inmediatamente. Tenemos un sistema pensado para el contrato por negociación: a cada individuo una sentencia. Pero esto son contratos de consumo masivo, por adhesión. Si a un banco le han anulado una cláusula en un contrato pero tiene 150.000 contratos con la misma cláusula, tiene que quitar esa cláusula de los 150.000 contratos. No esperar a que le pongan 150.000 demandas.

R. ¿Están todas esas demandas condenadas a llegar al Tribunal de Justicia de la UE?

R. La intervención de Europa es decisiva, muy importante, ha contribuido a cobrar conciencia sobre las peculiaridades de los contratos de los consumidores, pero en España tenemos normas que hay que aplicar.

R. Los juzgados hipotecarios que el Gobierno creó para digerir la alta litigiosidad también se han colapsado. ¿Son útiles?

R. La abogacía se queja bastante. Se produce, efectivamente, el colapso de los juzgados. La cláusula suelo es la que más veces en la historia de España ha sido declarada nula. Son cientos de miles. Pues, según el Tribunal Supremo, de entrada esa cláusula es válida. Algo falla. El Supremo tiene mucha responsabilidad porque ha cegado la vía a la acción colectiva y ha orientado al consumidor a luchar en los tribunales. Y por el camino se ha quedado el 80% que no ha litigado. El sistema de juzgados puede ser una ayuda, pero hace falta una importante reforma y medios económicos en el poder judicial.

R. ¿Sería útil tener más mecanismos extrajudiciales o de mediación?

R. Son fundamentales, pero tienen que venir acompañados de un esquema de disuasión. Los tribunales están colapsados porque hay entidades que imponen abusos a sus clientes y en el 80% o 90% de los casos las condenan. Si esos bancos no sienten la amenaza de las sanciones, siguen litigando. Porque tienen que defender su interés económico.

R. ¿Haría falta que las recomendaciones del Banco de España a la banca ante las quejas de los clientes pasen a ser vinculantes?

R. Es que el esquema del servicio de reclamaciones [del Banco de España] ya está unánimemente cuestionado por todo el mundo que no sea un banco. Es increíble que una resolución administrativa no tenga fuerza vinculante. Esto tiene que cambiar. Es un juego de partes con desigual poder de negociación y el banco, la empresa, tiene un gran poder, tiene equipos de abogados y es capaz de diluir los efectos de sus abusos en varios ejercicios porque tiene atascados los tribunales con sus reclamaciones. Ese tipo de defensa bloquea. Si no hay una amenaza de que esa conducta abusiva le va a suponer pérdidas, pues la mantiene.

R. ¿La falta de sanciones es un problema de regulación o de falta de voluntad?

R. El Banco de España parece que actúa más como un elemento de protección de la banca, porque, claro, el sistema financiero es muy importante para un país, el crédito es un bien. Pero los consumidores no queremos quedarnos sin crédito, queremos que haya crédito pero sin abusos. Somos conscientes de que los bancos tienen ánimo de lucro, pero pedimos que sea sin abusos, con transparencia en los costes. ¿Por qué actúa la autoridad reguladora con ese guante blanco ante los abusos de la banca? Está bien querer preservar el crédito pero que sea sin abusos.

R. Usted recopiló casi 100 cláusulas abusivas. ¿Ha mejorado la situación en estos años?

R. Los consumidores hemos conseguido mucho. La nueva ley de regulación de los contratos de crédito inmobiliario incluye elementos de transparencia muy im­portantes. Pero hay un elemento cultural en el comportamiento de las empresas y los bancos. Esto no sabemos cómo va a cambiar.