Calviño culmina la reforma hipotecaria y pedirá a Bruselas que retire la demanda ante el TJUE

España se juega una multa de 100.000 euros diarios por cada día de retraso tras tres años de demora en la trasposición de la directiva europea de protección del consumidor

La ministra de Economía, Nadia Calviño.
La ministra de Economía, Nadia Calviño.

España ha culminado finalmente este viernes la trasposición de la directiva de protección de los consumidores hipotecarios aprobada en 2014 y que el país debía haber incorporado a su normativa antes de marzo de 2016.

Con tres años de retraso, la trasposición ha sido completada este viernes con la aprobación de un real decreto ley y una orden ministerial que complementan la reforma hipotecaria aprobada por una amplia mayoría del Parlamento el pasado marzo y que entrará en vigor a mediados de junio.

Las medidas aprobadas hoy aportan el desarrollo reglamentario necesario para terminar de cumplir la directiva, paso que ha sido tomado in extremis por el Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez en su última reunión antes de pasar a trabajar en funciones tras los comicios del domingo.

El retraso acumulado por España le valió una denuncia de Bruselas ante la justicia europea por la que ahora mismo se juega una sanción de 100.000 euros diarios par cada día de retraso en la aplicación de la norma.

“Culminada la trasposición de esta norma haremos todo lo posible para que la Comisión Europea retire la demanda interpuesta ante el Tribunal de Justicia de la UE para evitar la imposición de esta multa, por este retraso de tres año que hemos arrastrado”, ha avanzado la ministra de Economía, Nadia Calviño.

El abogado general del TJUE, una suerte de fiscal general, se ha mostrado partidario de multar a España por su demora y de hacerlo con cierto carácter retroactivo, si bien la decisión final está en manos del tribunal, que deberá pronunciarse en los próximos meses si Bruselas no retira antes su demanda.

El real decreto ley y la orden ministerial aprobadas el viernes desarrollan algunos aspectos pendientes como el régimen de servicios de asesoramiento a los hipotecados, el sistema telemático que usarán los notarios, los requisitos para que una empresa distinta a una entidad de crédito pueda ser prestamista inmobiliario, así como una serie de garantías de protección del consumidor en materia de seguridad del contrato (como las fichas de advertencias) o las reglas de publicidad

 El reglamento también desarrolla los requisitos mínimos de formación del personal bancario que comercialice los préstamos, y aclara que la protección que introduce la reforma hipotecaria también afectará a las hipotecas inversas.

“La normativa refuerza la seguridad jurídica y la protección de las personas, así como del sistema financiero”, ha defendido Calviño recordando que la norma eleva la transparencia en la comercialización de los préstamos, acota los intereses de demora o aumenta el número de meses de impago ante el que el banco puede iniciar un desahucio.

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