Las sentencias de las autopistas dan un respiro de tres décimas en el déficit al Gobierno
Eurostat rechazó que Hacienda cargara a 2018 el pago de 785 millones a Abertis por la concesión de Aumar
El Tribunal Supremo ha dado aire a las cuentas del Gobierno para este año y supone un respiro de hasta tres décimas para el cumplimiento de los objetivos de reducción de déficit público. La decisión del Alto Tribunal de desestimar el recurso de Abertis contra la negativa del Consejo de Ministros, de 18 de marzo de 2016, a otorgar el reequilibrio económico-financiero de su concesionaria Aumar libera a Fomento de la obligación de pagar los 785 millones de euros que reclamaba la concesionaria.
Además, de forma paralela, el Supremo decidió diferir a 2021 su decisión sobre el otro gran pleito entre Abertis y el Gobierno, en este caso el convenio de compensación de Acesa, firmado en 2006 para la ampliación de 123 kilómetros de la AP-7. Una reclamación por la que la empresa concesionaria reclama hasta 3.000 millones de euros. Este diferimiento da a Fomento tiempo para negociar con Abertis (propiedad de ACS y Atlantis) en busca de una solución consensuada al margen de la justicia.
En total, el Gobierno se jugaba en el Supremo 3.785 millones de euros que podían implicar un desfase en las cuentas del ejercicio 2019 de haber perdido ambos pleitos. Esto habría afectado al ajuste planteado por Economía, que prevé que el déficit público se sitúe a cierre de año en el entorno del 2%, frente al 2,3% que estima la Comisión Europea.
El Ejecutivo se había apuntado con cargo a 2018 el desembolso de unos 890 millones que reclamaba Abertis por Aumar -los 785 millones más los daños “que pudieran producirse hasta el fin de la concesión” que solicitaba la concesionaria-, si bien Eurostat rechazó el criterio adoptado por el Gobierno, que había reconocido por prudencia, y optó por no computar este pago a la espera de conocer la sentencia.
La decisión de Bruselas implicó una corrección a la baja del déficit público de España del año pasado, que bajó así del 2,63% al 2,48%. Si bien, al mismo tiempo implicó limitar la rebaja del déficit prevista para este año por parte del Ejecutivo. Las decisiones del Supremo permiten así al Gobierno un respiro de hasta tres décimas en el déficit público justo en la misma semana en la que la Comisión Europea ha decidido poner punto y final a la tutela de diez años del procedimiento por déficit excesivo.
La buena nueva judicial da aire al Ejecutivo, después de que esta misma semana Bruselas haya alertado de la existencia de "riesgos significativos" de desviación del déficit, fundamentalmente por la parte de los ingresos, y haya reclamado un ajuste de 15.000 millones de euros entre 2019 y 2020. Además, permite al Gobierno encarar con un ligero optimismo la elaboración de las cuentas públicas, que no ha descartado aún que vaya a presentar las de este año, y poner en marcha su reforma fiscal y las nuevas figuras impositivas -tasa Tobin y tasa Google-, con las que aspira a recaudar unos 2.000 millones anuales.
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