Ética y derecho en el desarrollo de la inteligencia artificial

Los valores europeos deben encontrar un lugar preeminente en el desarrollo económico y técnico de la IA

Ética y derecho en el desarrollo de la inteligencia artificial

La presentación por el Gobierno el pasado 4 de marzo de la Estrategia Española de I+D+i en Inteligencia Artificial y el Proyecto de 18 de diciembre de 2018 de Directrices Éticas sobre una Inteligencia Artificial Confiable del Grupo Expertos de Alto Nivel de la Comisión Europea en la materia (y que, sometido a un proceso de consulta pública, se prevé que dará lugar próximamente a un documento definitivo) son los hitos más recientes de un proceso que muchos consideran ya excesivamente retrasado respecto del estado actual de esta materia en otras geografías, particularmente en Estados Unidos o China.

La Unión Europea y los gobiernos de los Estados Miembros son cada vez más conscientes de la urgente necesidad de poner en marcha una estrategia efectiva para no quedarse atrás en el liderazgo del desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

Junto con las cuestiones puramente económicas y técnicas, uno de los principales retos que se plantean las instituciones europeas es su liderazgo y capacidad de influencia en la configuración de las respuestas y soluciones a las cuestiones éticas relacionadas con la IA.

Se trata de que los valores europeos, centrados en última instancia en la consideración de la persona, su dignidad y sus derechos como centro del sistema político, económico y social, encuentren un lugar preminente en el desarrollo técnico y económico de una tecnología que, junto a sus innegables beneficios, también trae consigo no pocos retos e interrogantes.

Los aspectos éticos en juego son múltiples, profundos y muy novedosos, desde el impacto social de la IA en términos de desaparición de puestos de trabajo y de protección social de personas en riesgo de quedar excluidos del sistema económico, hasta la protección de derechos fundamentales tales como la privacidad y la autonomía personal frente a administraciones y empresas en la toma de decisiones sobre su vida e intereses, pasando por la protección frente a los daños a las personas y los bienes que pudieran llegar a causar máquinas dotadas de capacidad propia de decisión y acción.

Áreas jurídicas

Las opciones éticas que se adopten se traducirán, a su vez, en instrumentos jurídicos que traten de hacerlas efectivas. Las áreas jurídicas que se verán implicadas y sometidas a profundas transformaciones son múltiples.

Entre ellas cabe mencionar, por ejemplo, las normas sobre responsabilidad civil (donde las categorías y soluciones tradicionales de la responsabilidad general o la específica por productos defectuosos no encajan bien respecto del grado de autonomía e imprevisibilidad que pueden llegar a alcanzar las máquinas dotadas de IA); la regulación sectorial sobre normas de seguridad y de conducta en distintos ámbitos (pensemos en el transporte y el tráfico, el sistema sanitario público y privado, las diferentes industrias, el sector financiero y los seguros, etc.); los sistemas públicos de protección social de trabajadores y personas en situaciones de exclusión; la privacidad y la protección de los datos personales; la propiedad intelectual de creaciones llevadas a cabo por máquinas dotadas de autonomía; o la regulación de la competencia libre y leal en situaciones de concentración en manos de un número limitado de operadores.

A la vista de todo ello sólo cabe esperar que las instituciones comunitarias y los gobiernos de los países del viejo continente, que deben liderar el proceso desde una perspectiva institucional y legislativa, acierten en sus decisiones y sepan liderar y servirse de las aportaciones de la sociedad civil, desde las empresas y operadores económicos hasta las universidades y centros de pensamiento, investigación y desarrollo.

Por nuestra parte, los juristas, en los distintivos niveles y papeles, estamos sin duda llamados a realizar nuestra aportación para tratar de dotar al desarrollo de la IA de las soluciones más justas y eficaces para la promoción y protección de los derechos de las personas.

Pablo Berenguer es Counsel de Bird & Bird y codirector de las áreas de Commercial Law, Commercial Dispute Resolution y Tech & Comm.

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