Pacto por la Justicia: la promesa nunca cumplida

Lo que reclama es una profunda y rigurosa reforma de fondo y forma en los pilares de la propia Administración

Pacto por la Justicia: la promesa nunca cumplida
EFE

En plena campaña electoral se vuelven a escuchar propuestas por partes de los dirigentes políticos en lo que respecta a la Justicia, su actual funcionamiento y sus posibilidades de mejora. Sin embargo, el debate se centra en lo que parece el único mal de la Administración de Justicia, tal vez porque es un tópico, tal vez porque es lo que más vende, o tal vez porque nuestros dirigentes políticos no son conscientes que la Justicia española más allá de la aparente politización de su cúpula judicial, está enferma y padece de un tiempo a esta parte afecciones verdaderamente notables, por perniciosas.

Que hay que fortalecer la independencia judicial, reformando la elección de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial, al espíritu constitucional del artículo 122.3 de la Constitución Española: 12 jueces entre jueces y 8 por las Cortes Generales; en un equilibrio idóneo de separación de poderes. Realidad y necesidad irrefutable e imperiosa. No solo para fortalecer la democracia sino para que la ciudadanía recupere el apego y respeto por unas instituciones, debilitadas recientemente por casos incomprensibles, con el fin no solo de aparentar , sino de ser aún más justas y más ciegas ante la ley.

Sin embargo, este no es el único mal. La justicia penal padece una serie de patologías fáciles de detectar y sin una sola propuesta para solucionar: la inseguridad jurídica, la desprotección a las víctimas, la condena a inocentes por errores judiciales, la lentitud en los plazos... ¡terribles especialmente cuando se convierten en dilaciones indebidas y hacen asomar la sombra de la prevaricación, tan difícil de probar pero en ocasiones tan patente y sangrante!

Todos estos males, no se solucionan únicamente poniendo más jueces, o dotando de más competencias a los letrados de la Administración de Justicia, antes secretarios judiciales. Lo que reclama nuestra justicia es una profunda y rigurosa reforma de fondo y forma en los pilares de la propia administración, en el ámbito penal: se tiene que reformar y, no solo maquillar con reformas inocuas, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal. Porque todo tiene un límite y en este aspecto, nuestra democracia hace tiempo que lo rebasó.

¿Acaso es serio que en pleno siglo XXI se practiquen detenciones policiales, con pernocta en el calabozo, cuando no estamos ante un delito flagrante, sin riesgo de fuga o de reiteración delictiva? ¿Acaso es lógica la desproporción de las penas en las que por un robo de 20 euros con fuerza en el metro, sin lesiones ni daños, se imponga una pena de 4 años, y por un fraude fiscal de millones de euros apenas 6 meses de prisión evitando el ingreso? Y es que la falta de soluciones reales a problemas reales como estos dinamita la confianza de la gente en sus leyes, en sus instituciones, en su país.

Por ello, ante el reto de las próximas elecciones generales, la Justicia ni puede ni debe de ser la gran olvidada. Ni ocurrencias ni demagogia. Sensatez, firmeza, contundencia, y todo ello planteado de forma muy directa a una ciudadanía que está desgastada, entre otras, por esta trascendente cuestión. Porque lo que hoy la ciudadanía exige es una Justicia justa, a la altura de nuestra democracia y de nuestras circunstancias. “Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa”. Montesquieu.

Juan Gonzalo Ospina, abogado penalista

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