La ley celiaca y otras propuestas electorales en sanidad
Nuevas terapias, cohesión autonómica o eliminar copagos, entre las promesas El principal problema, el de la financiación, pasa desapercibido
España tiene suspensos claros en educación y empleo. Pero hay otra materia en la que destaca para bien: la sanidad. Con pocos recursos, se sitúa en el segundo lugar del mundo por esperanza de vida, con 83,7 años, solo por detrás de Japón. Aun así, el sistema sanitario tiene retos que abordar a futuro, como la introducción de la tecnología, las muy caras nuevas terapias farmacológicas o la financiación de las competencias transferidas a las comunidades. ¿Tiene el mismo acceso a la sanidad un vecino de un pueblo gallego que uno de la ciudad de Madrid? ¿Pueden las autonomías soportar el gasto?
El excelente resultado de esperanza de vida en España se consigue con un gasto sanitario sorprendentemente bajo respecto al entorno. El país destinó un 6,3% del PIB de los Presupuestos públicos en sanidad en 2017, según datos de la OCDE, frente al 7% de media de la Unión Europea, situándose solo por delante del antiguo bloque del Este, Portugal y Grecia. Desde el máximo de 2009 y con los tijeretazos impulsados a partir de 2010 esta cuantía ha disminuido cinco décimas.
El sistema sanitario está transferido a las comunidades autónomas desde 2001. Esa decisión ha supuesto un claro avance al llevar la gestión más cerca del ciudadano, siendo los gobernantes regionales los que deben rendir cuentas sobre nuevos hospitales o la calidad de la atención primaria. Pero a la vez hacen evidentes las divergencias entre regiones, con País Vasco a la cabeza en gasto, destinando 1.710 euros por habitante al año en salud, y Andalucía a la cola, con 1.153 euros. La factura total del sistema llegó en 2017 a los 68.483 millones de euros. El 92,7% recae en las finanzas regionales, lo que supone casi un tercio de sus presupuestos y sin un horizonte previsto de nuevo modelo de financiación autonómico que permita abordar inversiones futuras.
Estas divergencias sirven para que los partidos que enarbolan el nacionalismo español aprovechen en sus programas para prometer la recuperación de estas competencias por parte de la Administración central, como hace Vox. Ciudadanos y PP proponen una historia clínica y tarjeta sanitaria común para todo el territorio, tal vez la promesa electoral más repetida desde hace tres lustros.
El PSOE incide, por su parte, en la necesidad de recuperar la sanidad universal, retirada por el PP, todo lo contrario que Vox, que pide quitar las prestaciones a inmigrantes. Los socialistas también buscan revisar los copagos farmacéuticos, implantar un plan de actualización de la atención primaria, desplegar un plan de terapias avanzadas, combatir las seudoterapias, un observatorio de salud de las mujeres y un plan frente a enfermedades raras y contra el cáncer infantil.
Vox quiere devolver esta competencia a la Administración, Podemos promete dentista gratuito y el PSOE, retirar copagos
Desde Unidas Podemos piden cambiar la normativa vigente para impedir las privatizaciones, prometen un servicio de dentista gratuito o una lista de espera máxima de un mes para operaciones y consultas con el especialista. Para la España rural sugieren atención primaria domiciliaria allá donde no haya consultorio médico. E incluyen promulgar la ley celiaca, que impida “discriminación laboral y escolar”.
En el campo de la derecha, el PP quiere impulsar un portal de salud para todo el sistema, que permita el autocuidado, la libertad de elección de médico y centro sanitario, la introducción de la impresión 3D en hospitales o un calendario de vacunación único en todo el territorio. En esa propuesta coincide con Ciudadanos, que también sugiere despolitizar la gestión sanitaria, acabar con “la precariedad, el abuso de la temporalidad e interinidad de los profesionales sanitarios” y un portal de transparencia para comparar la gestión en los centros médicos.
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