La vivienda asequible y el fomento del alquiler entran en campaña

El PP y Cs aumentarán los incentivos fiscales al arrendamiento y el PSOE recuperará la renta básica para que los jóvenes se pueden emancipar

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Tras tocar fondo en 2014, el precio de la compraventa y del alquiler de vivienda ha sufrido en los últimos dos años fuertes repuntes a los que no han acompañado los salarios, lo que ha generado una cierta alarma social ante la dificultad de acceder a una casa. Los partidos se han lanzado a proponer medidas encaminadas a aumentar la oferta y el parque público de vivienda para acercarse a Europa, pero se enfrentan a una labor titánica de difícil solución en el medio plazo. Ya no solo por la inherente lentitud del proceso de planificación y construcción, y la dificultad de coordinar esfuerzos entre tres niveles administrativos, sino por las carencias de partida.

Tras décadas subvencionando la propiedad, el parque de vivienda pública en España es raquítico: solo supone el 2,5% del total, frente al 19% de Francia o el 26% de Austria, quienes han destinado durante años una fuerte inversión. Junto a Malta, España es, de hecho, uno de los países de la OCDE que menos recursos destina a promover vivienda pública: tan solo un 0,1% del PIB frente al 1,4% de Reino Unido o el 0,8% de Francia .

En lo que parece haber cierto consenso entre las principales fuerzas políticas es en la determinación de dar un giro de 180 grados al modelo de la vivienda de protección oficial (VPO) de tal forma que pase de la propiedad al alquiler, para evitar que las casas financiadas con dinero público acaben tras unos años en manos de propietarios privados, una vez descalificadas. En lo que disienten es en la forma de generar ese parque de alquiler social y asequible.

El PSOE apuesta por reforzar el papel de organismos públicos como la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), ambos con bolsas de suelo urbanizable, para que lo saquen a licitación. El PP opta por flexibilizar los usos del suelo, Ciudadanos (Cs) por la rehabilitación y los tres defienden la necesidad de la gestión público-privada, de tal forma que el Estado ponga la materia prima y las empresas construyan vivienda para alquiler asequible a cambio de incentivos fiscales, por ejemplo en el IVA. Podemos quiere nutrir ese parque público a través de la cesión obligatoria de las viviendas vacías que ostentan los grandes tenedores (entidades financieras o fondos de inversión), con lo que aspira aflorar 50.000 casas al año. El PP quiere dar acceso prioritario a familias con hijos, mientras que Podemos a los jóvenes.

Según un informe reciente del Banco de España, el stock de casas sin vender de la burbuja solo se ha reducido un tercio desde el boom y asciende a 500.000 unidades, aunque se localizan, en su mayoría, en la Costa mediterránea y en zonas con poca demanda. Pero las cifras no son concluyentes, ya que el censo que elabora el INE cada diez años –el último en 2011– eleva la cifra a 3,4 millones (aunque incluye todo tipo de casas vacías, entre ellas segundas residencias de particulares). Es por ello que el PSOE y Podemos quieren elaborar un censo de viviendas vacías para poder emprender políticas efectivas, mientras que Ciudadanos quiere impulsar su rehabilitación para sacarlas al mercado.

La falta de datos oficiales del mercado del alquiler también dificulta hacer un diagnóstico certero, razón por la que el PSOE se propuso, en el reciente real decreto de vivienda, elaborar un índice de precios de ámbito estatal. Cs también habla de crear un registro de arrendamientos urbanos para tener información oficial del mercado. Según los portales inmobiliarios, los precios del alquiler ya superan los niveles del boom en Madrid y Barcelona. Para hacer frente a esta situación, además de las medidas urgentes del real decreto, los socialistas restablecerán una renta básica de emancipación para los jóvenes con ingresos bajos, algo que, según los expertos, podría correr el riesgo de repercutirse en precios. España está a la cola de Europa en edad de emancipación: de media, los jóvenes se van de casa de sus padres a los 30 años, una edad que ha aumentado desde 2008, según sostiene el Observatorio de la Juventud.

El PP y Cs aumentarán los incentivos fiscales ya existentes a los propietarios que alquilen a jóvenes, mayores de 65 años, o en régimen protegido. Ambos impulsarán mecanismos de arbitraje para acelerar la resolución de conflictos entre las partes. Los populares también quieren desarrollar seguros de arrendamiento que cubran posibles impagos o desperfectos, endurecer el delito de ocupación de viviendas y disminuir los plazos de desalojo, tanto para caseros que sean empresas como para particulares. Solo Cs habla de "revisar" el polémico real decreto socialista para reforzar la seguridad jurídica y favorecer el alquiler a precios asequibles aunque sin mencionar cómo.

Unidas Podemos quiere establecer contratos de arrendamiento indefinidos para dar estabilidad al mercado. La formación morada pretende igualmente eliminar las socimis –sociedades de inversión inmobiliaria con un régimen fiscal ventajoso– por entender que son actores que especulan con la vivienda. El partido también buscará poner coto a los pisos turísticos, aunque ello requerirá la coordinación con las Administraciones locales para establecer un porcentaje máximo de estos alojamientos en función de cada barrio.

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