Justicia por la cuenta que nos trae
La experiencia internacional muestra que la inversión para optimizar la organización y eficiencia del sistema judicial es rentable
Existen personas con un extraño don, que algunos denominan Síndrome de la Invisibilidad Parcial y está relacionado con el de Casandra. No es nada grave, pero sí molesto. Se produce en determinadas circunstancias o ambientes y no implica una reducción en el ámbito de la personalidad o limitación de los propios valores, habilidades o atracciones personales. No necesariamente.
Un ejemplo: puedes ser una persona llamativa en un transporte público o en la panadería, pero cada vez que entras en un bar, el camarero nunca se fija en ti aunque levantes la mano constantemente. Hasta que no transcurre un tiempo considerable y atiende al resto de clientes (que, por cierto, han llegado después), nada.
El Síndrome de Casandra es el maleficio de ver con claridad lo que puede deparar el futuro en determinados aspectos, pero nadie te hace caso ni te reconoce que le avisaste de lo que acaba sucediendo. Sirva esta introducción para exponer que, en mi experiencia profesional y como portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda en nuestro país por número de asociados y la primera por atracción en los últimos tiempos, he asistido a la plasmación real de estos pseudosíndromes en la Justicia y el ámbito judicial.
Por más que se soliciten reformas y acciones concretas a los responsables políticos, estos -como nuestro camarero- suelen hacer caso omiso a quienes les van a dejar en el local un ingreso importante. A quienes, como en el mito, ya saben lo que va a ocurrir. No voy a centrarme aquí en otras peticiones realizadas por todas las asociaciones judiciales, sino a la importancia para un país de invertir mucho y bien en Justicia.
Ya la profesora Ayuso señala que el Foro Económico Mundial determina que los países con estructuras judiciales fuertes y bien organizadas son los más competitivos. Conclusiones similares obtiene el informe Doing Bussiness, que analiza de manera exhaustiva la eficiencia de los sistemas judiciales en la resolución de conflictos, como el tiempo, costes y procedimientos necesarios para exigir en los tribunales que se cumpla un contrato.
Los países más ricos suelen ser los que tienen sistemas judiciales más desarrollados, con menos costes, duración y procedimientos. En general, los países de la Common Law tienen procesos más sencillos y sus jueces están infinitamente mejor remunerados. La experiencia internacional muestra que la inversión para optimizar la organización y eficiencia del sistema judicial es rentable, pues proporciona un marco de estabilidad, previsibilidad y seguridad, que son dimensiones centrales para las expectativas de inversionistas.
Lo contrario acostumbra a traducirse en descenso de inversiones extranjeras. Cuando las multinacionales examinan la oportunidad de establecer plantas en distintos países, analizan la calidad de las instituciones como variable que afecta a la rentabilidad potencial de su inversión. El indicador agregado de las empresas de calificación de riesgos, en su apartado Instituciones y Seguridad Jurídica, incluye más de 60 indicadores básicos como la capacidad de la Justicia para hacer cumplir los contratos, duración de pleitos comerciales, competencia técnica de jueces y asesores legales, coste de algunos procedimientos comerciales estándar, corrupción o pagos laterales.
Otro estudioso del tema como González Barral explica que en España resulta muy interesante que la demora se produce principalmente en la primera instancia y no tanto en vía de recurso, cuyos resultados comparativos son bastante buenos, de ahí que un nuevo modelo deba centrarse en la primera instancia. Por ello y al margen de otros criterios de oportunidad, una reforma del sistema español ha de comenzar en la base.
En resumen, los procedimientos judiciales en este país no han logrado una mejora significativa de los tiempos de respuesta en los últimos años, pese a los esfuerzos realizados. Aun así, el desempeño judicial ha sido notable, pues los medios implementados y el notable incremento del trabajo personal de jueces y magistrados han evitado el previsible colapso del sistema en el período de crisis.
Lo tenemos dicho hasta la saciedad a los responsables políticos de Justicia y Hacienda: ¡señoras y señores, inviertan en Justicia! ¡Atajen retrasos por falta de medios, por leyes procesales barrocas difíciles de trasladar a sistemas informáticos! ¡Sean imaginativos e inviertan en nuevos sistemas de tribunales, paguen bien a quienes les reportan beneficios generales! Y, sin embargo, nada de nada.
Parece que a los políticos este tema les da igual, que sobra el dinero. Ningún debate electoral. La sociedad, pese a que luego se puede quejar cuando acude a un juzgado, se ha acostumbrado a la lentitud, la falta de medios y el vuelva usted mañana. Es desesperante, no se nos hace caso. Levantas la mano y el camarero disimula como si no te hubiese visto. Adivinas que así la Justicia en España no avanzará y, en respuesta a ello, se debate sobre la leyenda negra de Cortés o el ganador de Master Chef.
Raimundo Prado. Portavoz nacional de AJFV y magistrado del TSJ de Extremadura