El Gobierno explora vías para suavizar la contrarreforma laboral

Sordo reprocha a Sánchez que no esté negociando con Podemos la convalidación de los decretos laborales y de pensiones

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, durante una sesión de control en el Senado.
El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, durante una sesión de control en el Senado.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ultimaba ayer un Real Decreto-Ley en el que incluir, al menos, las medidas de materia laboral con las que intentarán corregir los aspectos más lesivos de la reforma del mercado de trabajo que hizo el Gobierno del PP en 2012.

Según distintas fuentes consultadas, los responsables del departamento que dirige Magdalena Valerio estarían dando una redacción a estos cambios que matizaría en algo los anuncios de contrarreforma negociados con Podemos, primero y, con los sindicatos después. El objetivo sería intentar sumar a los empresarios y a un mayor número de grupos parlamentarios, que serían necesarios para que la nueva normativa laboral saliera adelante.

El Ejecutivo baraja que los cambios en materia laboral –uno de los tres asuntos sobre los que prevé legislar el viernes junto con Seguridad Social e igualdad en el empleo– incluyan fundamentalmente cuatro cuestiones.

La primera de ellas sería devolver la prioridad aplicativa del convenio sectorial sobre el de empresa, después de que la reforma de 2013 invirtiera esta relación, priorizando los acuerdos de negociación colectiva en el seno de las compañías.

Si bien en este caso, las fuentes consultadas indican que el Ejecutivo podría estar pensando en hacer prioritarios los convenios sectoriales pero solo para el salario base. Estas mismas fuentes apuntaron que Podemos querría también añadir la distribución de la jornada, pero esta materia podría permanecer bajo la prioridad del convenio de empresas.

En segundo lugar, el Gobierno sí mantendría su intención inicial de recuperar la prórroga automática de los convenios colectivos en caso de que no haya acuerdo para su renovación (la denominada ultraactividad). El argumento del Ejecutivo para realizar este cambio es que en la práctica, y según las estadísticas de la Comisión Nacional de Convenios colectivos, más del 60% de los convenios vigentes aún tienen cláusula de ultraactividad que garantiza su aplicación hasta que se pacte un nuevo convenio. Esto hace que la mayoría de los convenios no se verían afectados por la recuperación de la ultraactividad.

La tercera de las materias que el Gobierno quiere aprobar en este Decreto sería la implantación de un registro horario de la jornada diaria en las empresas. Esta cuestión ha sido, además, recientemente avalada por el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que se ha mostrado a favor de que la ley española introdujera esta obligatoriedad de registro horario. En este caso, fuentes de la propia Administración aseguraron que la forma de implantación podría ser remitir la obligación patronal de registrar la jornada a la negociación colectiva. Esto es, que cada sector o empresa decidiera en los convenios como se llevaría a cabo dicho registro.

Finalmente, el Ejecutivo quiere aprobar una modificación normativa sobre la regulación de la subcontratación (artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores). Los cambios en esta ley llevan más de dos años en trámite parlamentario. En este sentido, el Ejecutivo persigue que los trabajadores subcontratados por una empresa cobren lo que dice el sector de la actividad que desarrollan. El matiz en esta regulación consistiría en fijar el convenio de sector como referencia para los trabajadores subcontratados en lugar del convenio de la empresa matriz que subocontrata, como pretendía el PSOE inicialmente.

Diputación Permanente

En este escenario, los responsables gubernamentales siguieron ayer intentando lograr el apoyo suficiente de los diputados de la Diputación Permanente, que será la que tendrá que covalidar la nueva normativa que apruebe el Gobierno este viernes (aún no se sabe si a través de uno, dos o tres decretos). Si no logra dicha convalidación, la norma dejaría de estar en vigor. De esta forma, los Decretos estarían vigentes desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta que se produjera el rechazo de la Diputación Permanente.

Aunque una de las dudas es si a la Diputación Permanente le dará tiempo hacer esta votación. Algo que desde la consultora de relaciones laborales Arinsa opinan que debería producirse porque “la Diputación Permanente tiene cierto deber de convocatoria”.

En cualquier caso, la aprobación parlamentaria de estos decretos se presenta difícil. La Diputación Permanente está formada por 65 miembros (32 de ellos de PP, Cs y UPN y los otros 33 por todos los partidos que promovieron la moción de censura a favor de Pedro Sánchez). Por ello, el Gobierno necesitaría repetir totalmente este consenso. Sin embargo, reunir esos 33 votos parece ahora algo improbable. Al menos así lo denunciaba ayer el líder de CC OO, Unai Sordo. “Nos consta que ahora mismo no hay ninguna línea de diálogo, de negociación, entre el Gobierno y el grupo parlamentario de Unidos Podemos y esto es un problema muy serio, teniendo en cuenta que quedan cuatro días” para aprobar un posible decreto, se quejó.

 

Tres Decretos o uno 'omnibus'

Los empresarios de CEOE-Cepyme intentarán hasta el último momento que el Gobierno no legisle vía Decretos. De hecho el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, sugirió ayer que los empresarios no darán su aval al Gobierno en ninguna de las mesas de diálogo social: “no es momento de hablar de acuerdos”, dijo. También arremetió contra lo que denominó “efecto ómnibus”, que se produciría si el Ejecutivo decide aprobar todas las novedades en materia laboral, de Seguridad Social y de igualdad en el empleo en un solo decreto omnibus en lugar de tres distintos. Se trataría de incluir en esa única norma medidas como el subsidio para mayores de 52 años o la cotización de las cuidadoras, que ningún grupo quiere rechazar y menos en plena precampaña, junto con otras iniciativas más controvertidas. Pero los responsables del Gobierno aún no habían decidido ayer cuántos Decretos aprobar, según las fuentes consultadas.

Por otra parte, los empresarios siguieron intentando ayer suavizar las normas de igualdad salarial que prepara el Gobierno. Mientras que los sindicatos esperan conocer hoy la decisión del Ejecutivo sobre la derogación de la reforma de pensiones de 2013.

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