Lo que tiene que decir la universidad sobre fiscalidad
Se ha acusado al mundo académico de vivir en una torre de marfil y bajar poco a la arena
La gran recesión desató la batalla contra las multinacionales por sus estrategias fiscales. La significativa caída de la recaudación y el incremento de los impuestos a las personas físicas y sobre el consumo para cuadrar las cuentas pusieron el foco –no siempre correctamente sobre determinadas estrategias empresariales para reducir la carga fiscal.
Tras muchos años de debate en la OCDE y la Unión Europea se gestaron algunas reglas nuevas o se promovió a nivel internacional el uso de medidas ya existentes, con el fin de frenar esas prácticas, particularmente en el marco del denominado Plan sobre Erosión de Bases Imponibles y Traslado de Beneficios (BEPS).
Pero la novedad más destacada fue el desarrollo de una nueva fórmula de trabajo en la que, frente al obsoleto desarrollo nacional de las normas fiscales, estas se discuten a nivel internacional entre la mayor parte de países. Pero, curiosamente, esa forma de trabajar no ha acabado ahí y está permeando hacia los propios países. A nivel doméstico se empieza a ahondar en el diálogo como forma de gestación y mejora normativa.
Hace no mucho tiempo, muchas normas se gestaban en los ministerios con la ayuda de algunos expertos, y las empresas practicaban lobby y comentaban públicamente las reglas hasta donde podían para tratar de cohesionarlas con su modelo de negocio. Los jueces, por su parte, aplicaban el rigor del derecho sin demasiada atención a la política fiscal. A las universidades, si bien siempre ha habido intentos de colaborar con todos los actores, y en algunos casos de forma fructífera, siempre se las ha acusado de estar en una torre de marfil intelectual criticando a tribunales y legislador, y bajar poco a la práctica.
Sin embargo, este modelo va poco a poco dando paso a la discusión pública de las reglas imitando esos desarrollos internacionales. La semana pasada celebramos un seminario en nuestra universidad sobre la trasposición del paquete europeo antielusión en el que participaron inspectores de Hacienda, académicos, abogados y otros interesados. Lo más destacado de la jornada fue cómo se sucedieron las exposiciones y defensa de las propuestas de los inspectores frente a las críticas académicas y de abogados en un ambiente de cooperación y cordialidad. El seminario no es un caso aislado y ahonda en numerosos trabajos que se van desarrollando en el que participan agentes de todos los sectores implicados y que muestran cómo se puede discutir y mejorar el derecho fiscal a través de la cooperación frente a la imposición normativa unilateral. Y aquí, la universidad como espacio neutral de diálogo está llamada a cumplir un papel fundamental.
En tiempos donde la academia afronta numerosos cambios y las universidades están obligadas a evolucionar, debemos cumplir con el rol de gestores del conocimiento y ofrecernos como punto de encuentro en el derecho fiscal y otras disciplinas. Y es que, posiblemente, el derecho tributario es la parcela del derecho en donde la Revolución francesa ha tenido peor encaje. Por un lado, el refuerzo del derecho a la propiedad privada ha derivado en el mito de la propiedad absoluta, muy frecuentemente esgrimido por el contribuyente en forma de seguridad jurídica o libertad, que no acaba de encajar en el Estado social y democrático de derecho.
Por otro lado, el principio de igualdad en materia tributaria no acaba de consolidarse, porque mantenemos una visión obsoleta del tributo como la imposición de un Estado absoluto, de forma que la Administración recurre con frecuencia a la potestas sin discusión. Y es que la defensa a ultranza de la propiedad privada no es sino respuesta a lo que se considera –de forma impropia en algunos casos– una agresión estatal... que a veces existe.
Es en este punto donde el diálogo puede servir para superar esas tentaciones de concebir el tributo como imposición unilateral, y la propiedad privada absoluta o la libertad de contratación como argumento frente al Estado como un opresor, y engarzar el uno con el otro dentro de un sistema jurídico que solo debe ser uno.
Si las partes se sientan a discutir los problemas del derecho tributario en foros imparciales y en igualdad de condiciones, es mucho más probable que se sea sensible a los distintos argumentos, sin que ello signifique renunciar a las distintas posiciones que se dan y deben darse. Además, es posible que ese diálogo redunde en una mayor seguridad jurídica si todas las partes se comunican con frecuencia y son conscientes de todos los extremos de las normas.
Este diálogo en la gestación de las normas se une a propuestas parecidas en la aplicación de los tributos, como el impulso de la relación fiscal cooperativa o las reglas de compliance que pueden llevar a la eliminación o reducción de inspecciones a aquellos contribuyentes que demuestren un adecuado nivel de cumplimiento, con las correspondientes reducciones en los costes. Y si ahondamos en esos diálogos todos saldremos ganando con mayor seguridad jurídica, normas más acordes con la realidad económica y, en definitiva, un marco más estable para el crecimiento económico.
Queda mucho por hacer, pero parece que hay voluntad en todas las partes de avanzar en ese sentido. Y como ha demostrado la historia en muchos momentos, la cooperación que sucede a los conflictos lleva a los mejores y mayores crecimientos. ¿Estamos en el inicio de la paz cooperativa tras BEPS?
Pablo A. Hernández González-Barreda es Profesor de Derecho Financiero y Tributario de Comillas Icade