Mejoras que el autónomo se perderá por culpa del adelanto electoral

La disolución de las Cortes, prevista para el 5 de marzo, impedirá que se avancen en medidas que iban a favorecer al colectivo.

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reacciona durante una sesión en el Parlamento de Madrid, España, el 13 de febrero de 2019. REUTERS/Sergio Pérez/File Photo REUTERS

El adelanto electoral deja en pausa varias reformas de relevancia para los autónomos. La primera de ellas está relacionada con la Ley de Morosidad, que queda en stand by, y que establecía sanciones para aquellos que abonen facturas fuera del plazo legal de pago. Pero esto es sólo el principio.

También queda en el aire que los autónomos que no lleguen al SMI no tengan que cotizar; o lo hagan en menor medida que el resto. Tampoco se someterá a análisis el establecimiento de la figura del autónomo a tiempo parcial, o nuevas medidas para equiparar la protección social de los autónomos frente a los asalariados.

Estas últimas cuestiones estaban siendo sometidas a estudio desde 2016, en la Subcomisión para la reforma integral del Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos. Unos avances en materia de autónomos que, de momento, quedan paralizados.

Freno a iniciativas parlamentarias

La disolución de las Cortes Generales por la convocatoria anticipada de elecciones generales el próximo 28 de abril acabará con este tipo de iniciativas parlamentarias. dicha disolución, prevista para el 5 de marzo por el adelanto electoral, impedirá la aprobación de todas las normas que no hayan concluido su tramitación, incluidas aquellas que aun habiendo sido aprobadas, no han concluido su tramitación en el Senado.

Pendiente quedará la reforma del régimen de autónomos, pese a que la constitución de esta subcomisión para abordar esta tarea fuera aprobada en diciembre de 2016. La intención de muchos grupos era traducir estas conclusiones en una proposición de ley.

Otra de las iniciativas que no podrán ponerse en marcha son las referidas a combatir la morosidad, ya que los grupos no han conseguido un acuerdo para sacar adelante en ponencia dos iniciativas, una de Ciudadanos y otra del PDeCAT procedente del Senado, que ampliaban la regulación en esta materia, incluyendo un régimen sancionador.

Sin reformar la regla del gasto

Asimismo, la legislatura acabará sin que el Congreso haya podido reformar la regla de gasto y dar un mayor margen a los ayuntamientos y las comunidades autónomas para emplear sus superávit, tal y como reclamaban una mayoría de grupos.

El impuesto a las transacciones financieras y el nuevo impuesto a determinados servicios digitales, que fueron aprobados como proyectos de ley el pasado 18 de enero, aún no han iniciado su tramitación parlamentaria, en la que el Gobierno tiene que defenderla ante el Congreso, por lo que no verán la luz.

Por otro lado, la Comisión de Hacienda del Congreso busca poder aprobar este jueves 'in extremis' una iniciativa ya acordada en ponencia, el proyecto de ley que regula la contratación pública en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, una trasposición de directiva europea llevada al Congreso por el entonces ministro Cristóbal Montoro en 2016.

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