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Los Presupuestos elevan la inversión en Cataluña un 67% hasta los 2.251 millones de euros

Sánchez eleva su financiación del 13,5% al 18,5% del total, rozando su peso real en el PIB, para captar el voto independentista

Pablo Monge

El Gobierno ha presentado este lunes oficialmente su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 al Congreso de los Diputados lo que inicia la cuenta atrás que tiene para recabar los apoyos suficientes entre el resto de grupos parlamentarios antes de que se debata su tramitación, a comienzos de febrero.

Las cuentas diseñadas por los socialistas incrementan el gasto en un 5,1% destinando más de la mitad del monto a iniciativas sociales como el incremento de los permisos de paternidad, la financiación de las ayudas a la dependencia, la recuperación del subsidio para desempleados mayores de 52 años, incremento en las becas o una dotación adicional para luchar contra la violencia machista.

Para compensar esta partida, y lograr rebajar el déficit del 2,7% de 2018 al 1,3% que marca la senda fiscal heredada de la etapa de Mariano Rajoy, el Ejecutivo prevé impulsar la recaudación tributaria un 9,5% elevando los ingresos en 20.000 millones de euros.

Para ello, Hacienda pone en marcha una reforma fiscal que eleva la presión tributaria sobre las empresas (fijando un tipo mínimo de gravamen de Sociedades del 15% para grandes corporaciones, y del 18% para banca y petroleras); y las grandes rentas (subiendo los impuestos sobre patrimonio y aumentando en dos puntos el tipo marginal para rentas de más de 130.000 euros, o en cuatro para las de más de 300.000 euros).

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Además, el Consejo de Ministros impulsará el viernes el nuevo impuestos sobre las transacciones financieras y los negocios digitales así como un paquete de medidas antifraude.

Todas las medidas fiscales, sin embargo, arrojan un incremento de la recaudación de unos 5.600 millones de euros con lo que el grueso del aumento previsto en la recaudación se fía a la mejora de la economía pese a que el Ejecutivo ha rebajado sus previsiones de crecimiento al 2,2% para este año, la menor tasa desde 2014.

Economía achaca esta revisión al menor margen de gasto con que cuenta al haber vetado PP y Ciudadanos su nueva senda fiscal, más laxa, que hubiera permitido cerrar el año en el 1,8% de déficit.

La inversión pública, reconoció el viernes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es la partida que más se resiente por esta adaptación de las cuentas al objetivo fiscal fijado por el Ejecutivo anterior.

A partir de ahí, el Gobierno destinará 2.251 millones de euros de la inversión, un 18,5% del total, a Cataluña, acercando el reparto al peso de la comunidad en el PIB, del 19,2% frente al 13,5% (1.350 millones de euros) que recibió con las cuentas de 2018.

En concreto, las cuentas asignan a Cataluña 2.051 millones de euros del reparto bruto de la financiación autonómica, el 16,8% del total, y 200 millones adicionales para cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo que identificó un déficit inversor en las infraestructuras de la zona.

Solo Andalucía, la comunidad con mayor población, logra una asignación mayor de partida que la catalana, con 2.132 millones de euros, si bien la inyección adicional por el fallo del Supremo deja a Cataluña como líder indiscutible. En total, los Presupuestos reparten 12.182 millones de euros entre el conjunto de las Comunidades Autónomas en concepto de inversión real.

Aunque Montero asevera que este reparto es el que marca el Estatut, y por tanto obedece al cumplimiento estricto de la ley, el movimiento es clave ahora que el Gobierno necesita los apoyos de las fuerzas independentistas ERC y PDeCAT para sacar adelante sus cuentas.

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