Seopan pide el pago por uso en los accesos a Madrid y Barcelona para acabar con los atascos
Defiende el modelo de convivencia entre carriles de peaje y alternativas gratuitas Estima un impacto de hasta 113.000 millones en 25 años por la tarificación de la red de alta capacidad
Constructoras y concesionarias de infraestructuras vuelven a irrumpir en el debate político con la propuesta de implantación del pago por uso en las carreteras españolas de alta capacidad. La asociación de las mayores referencias del sector, Seopan, estima en una horquilla de 59.000 millones a 113.000 millones de euros, en un periodo de 25 años, el impacto económico que supondría la tarificación de carreteras de autovías.
La asociación que preside Julián Núñez sostiene su renovada petición de peajes blandos generalizados en un informe de AT Kearney presentado esta mañana en Madrid. Este se hace público en un momento en que ha sido registrada en el Congreso de los Diputados la creación de una subcomisión parlamentaria para tratar el asunto de la sostenibilidad y financiación de la red viaria. En las primeras filas ha escuchado la presentación el portavoz socialista en la Comisión de Fomento en el Congreso, César Ramos, quien cree que una medida como la apuesta por el pago por uso "no puede tomarse sin consenso político y un estricto examen de costes y beneficios".
El informe se hace público tras la creación de una subcomisión parlamentaria en el Congreso para tratar el asunto de la sostenibilidad y financiación de la red viaria
Consultora y asociación coinciden en que la instalación de carriles de pago dinámico, con tarifas flexibles en función principalmente del grado de congestión, reduciría atascos y niveles de contaminación tanto en Madrid como en Barcelona. El presidente del área de infraestructuras de AT Kearney, Eugenio Prieto, ha citado autopistas de Ferrovial en el entorno de Dallas (Texas, EE UU), la NTE y la LBJ, como ejemplos a seguir. También se ha referido a grandes planes de inversión para mejorar la movilidad en ciudades como Londres, Estocolmo, Chicago o Sidney.
Esta propuesta de pago por un acceso más rápido a las dos grandes ciudades españolas conviviría, según ha dejado claro el colectivo de constructoras, con alternativas gratuitas. Durante la presentación del informe se han citado accesos a Madrid como los de la A-6, A-1, A-2 y ciertos tramos de la M-40 como claros candidatos a la creación de carriles con peaje dinámico. Respecto a Barcelona, se han citado la B-23, A2 y C-58.
AT Kearney estima que cada conductor pierde al año 119 horas de media en atascos en Barcelona; 105 horas en Madrid; un total de 85 horas en Sevilla, y 74 horas en la hora punta de Valencia. "El coste total del tiempo perdido en atascos en España asciende a 5.500 millones de euros anuales, de acuerdo con un estudio de la CE elaborado por el Instituto de Prospectiva Tecnológica de Sevilla", cita el estudio.
En cuanto a la tarificación generalizada de la red de autovías, se han propuesto esta mañana dos modelos de tarifas. El más económico para los conductores sería el de un céntimo de euro por kilómetro para vehículos ligeros y cinco céntimos para pesados, con lo que se conseguiría sufragar el mantenimiento de esas vías tarificadas.
Un asunto a medio camino entre la política y la empresa
La presentación del informe de AT Kearney para Seopan ha reunido esta mañana a representantes del negocio de las infraestructuras, como el director ejecutivo de Abertis, José Aljaro, fervientes defensores de la tarificación de las vías de alta capacidad. En las primeras filas se podía reconocer al presidente de la patronal de constructoras medianas Anci, Jaime Lamo de Espinosa; al responsable de desarrollo de negocio de Sacyr Construcción, José Manuel Loureda, y a uno de los veteranos del negocio de autopistas de Ferrovial, Nicolás Rubio.
También han acudido a la cita el diputado socialista César Ramos; el director técnico de Seittsa, Gonzalo Ortiz; el ex secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar, o el anterior presidente de Puertos del Estado, José Llorca.
A la finalización del acto, el presidente de la CNC, Juan Lazcano, recordó que el debate sobre el pago por uso viene de muchos años atrás y que la presión sobre el presupuesto de inversión pública debe activar una nueva reflexión.
En un segundo escenario se propone el cobro de tres céntimos por kilómetro a ligeros y 14 céntimos al tráfico pesado. Con ello, España seguiría con peajes por debajo de los que ya operan en los principales países europeos y se resolvería tanto el déficit en inversión viaria, que la Asociación Española de la Carretera calcula en algo más de 7.000 millones, como la partida para la conservación de toda la red española de alta capacidad.
De este esbozo tarifario deriva la citada recaudación estimada entre 59.000 y 113.000 millones en 25 años. Y la propuesta surge, según defiende el colectivo empresarial, del citado déficit en la conservación, del repunte en la siniestralidad en las carreteras, la necesidad de rebajar la contaminación en grandes ciudades, de las restricciones presupuestarias o de la tendencia hacia poblaciones crecientes en las grandes urbes.
Una vez más el sector privado se ha ofrecido al Gobierno para anticipar inversiones, por un mínimo de 18.000 millones, a cambio de concesiones de futuras autovías tarificadas.
Sobre la firma
