Seopan pide bonificar a los usuarios más frecuentes en vez de retirar peajes

Cuantifica que tendrá que invertir 320 millones en la AP1 "La fiesta de las autopistas la pagará el contribuyente"

Belén Trincado / Cinco Días

Las constructoras no ven con buenos ojos que el Gobierno retire los peajes. Así lo ha expresado este martes en las jornadas organizadas por la APIE y BBVA Julián Núñez, presidente de Seopan. Se ha mostrado contrario a que el Gobierno no vuelva a licitar las autopistas cuya concesión vencen en los próximos meses.

En concreto, Núñez se ha referido a la AP1, una de las principales vías sujetas a este cambio y cuya cincesion revierte en noviembre. En su opinión, “no tiene ningún sentido levantar la barrera” en una vía con altos niveles de tráfico de turistas, extranjeros y vehículos pesados. Además, ha calculado que la carretera necesita 320 millones en renovaciones y proporciona 30 millones en retorno fiscal. Y ha apostado por que se estudien fórmulas para bonificar a los usuarios más recurrentes. "La fiesta de las autopistas la pagará el contribuyente", ha aseverado.

La autopista de 88 kilómetros que conecta Burgos y Armiñón (Álava) es la primera cuya vence su concesión, este mismo año. Las de la AP7 (Alicante-Tarragona) y la de la AP4 (entre Sevilla y Cádiz) concluirán a finales de 2019. Suman entre las dos 468 kilómetros.

A nivel general, el presidente de Seopan ha pedido al nuevo Gobierno un modelo homogéneo de gestión de la red viaria. Y ha recordado que el modelo que se impone en Europa es el del cobro por el uso, mientras que en España representa el 18%. También ha afirmado que en España cada kilómetro genera un 76% menos de ingresos que la media europea.

Otros de los deberes que ha encargado al nuevo Gobierno es recuperar la relicitación de las radiales quebradas. Unas infraetsructuras que le presidente de Seopan ha querido poner también en valor y ha afirmado que tienen un balance fiscal positivo de 56 millones.

Núñez ha cifrado en 114.000 millones el déficit de inversión pública en infraestructuras. Un déficit que, según su análisis, se concentra en transporte (85.000 millones), actuaciones hidráulicas (12.000 millones), medio ambiente (6.500 millones) y salud y educación (10.500 millones).

Con unos constreñidos estándares en reducción del déficit y de la deuda, el líder de la patronal de la construcción ha apostado por la colaboración público privada para acometer las inversiones necesarias en infraestructuras sin comprometer las cuentas públicas.