Una sentencia del Supremo que busque la equidad y restaure la seguridad jurídica

La mayor cuestión en juego es el alcance de la decisión del Supremo: si se aplicará o no de forma retroactiva y con qué límites.

La expectación generada ante el pleno del próximo 5 de noviembre, en el que el Tribunal Supremo fijará jurisprudencia definitiva acerca de quién debe pagar en las hipotecas el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados está siendo tan grande como la sorpresa que provocó la semana pasada la sentencia del mismo tribunal que atribuye a la banca (y no al cliente) la obligación de abonarlo. Aunque se anticipa que el pleno confirmará el nuevo criterio, la mayor cuestión en juego es el alcance de esa decisión: si se aplicará o no de forma retroactiva y con qué límites. El fuerte impacto económico de esa posible retroactividad recaerá primero sobre las haciendas autonómicas, que tendrán que hacer frente a las reclamaciones de los contribuyentes afectados, y después lo hará sobre la banca, a la que reclamarán las Administraciones tributarias. Además del duro castigo bursátil generado hasta ahora por el fallo, el coste de la retroactividad para el sector financiero se cifra en torno a 2.400 millones, una factura que presumiblemente la banca trasladará al coste de las hipotecas.

El pleno convocado por el Supremo responde a la urgente necesidad de resolver un problema que tiene su origen en una mala técnica legislativa y que debe ser resuelto no solo judicialmente, sino en la reforma hipotecaria que se tramita en el Congreso. De confirmarse el cambio de criterio del tribunal, todo apunta a que este no generará excesiva polémica. Mucho menos pacífica y bastante más compleja es la cuestión de la retroactividad, puesto que mientras la banca argumenta con razón que ha cumplido hasta ahora una norma cuya interpretación era unánime, el contribuyente no tiene menos motivos para al reclamar un pago que no le correspondía. Dadas las consecuencias de la decisión, parece razonable esperar una sentencia que huya de interpretaciones extremas, restaure la seguridad jurídica y busque corregir un mal funcionamiento de los tres poderes del Estado.

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