Plan presupuestario: aprobado justito, pero aprobado

La Airef respalda el borrador del Gobierno, pero advierte de que no hay margen para desviaciones

La comparecencia de José Luis Escrivá ayer en el Congreso de los Diputados supone un balón de oxígeno al Gobierno. En esencia, y comenzando por las dos conclusiones principales. Primera: el objetivo de déficit para 2018 que aparece en el borrador del Plan Presupuestario (BPP) enviado a Bruselas (-1.8% del Producto Interior Bruto o PIB) es considerado factible por la Airef. Segunda: el déficit público estructural de España se reducirá alrededor de -0.4% en 2019, lo que podría ser suficiente para superar el examen de Bruselas.

Tres matices a lo anterior, antes de entrar en detalle. El primero es que la evaluación de la Airef incluye la subida de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social, una novedad que no aparecía en el borrador, que supondrá entre 1.000 y 1.100 millones de euros y que seguramente va a abrir un nuevo frente de polémica con las organizaciones empresariales. El segundo es que la senda de déficit aprobada en primavera y legalmente vigente hasta que se acepte el cambio en el Congreso de los Diputados fija el objetivo de déficit de 2019 en -1.3%. Si finalmente no fuese así, el Gobierno se vería obligado a recortar gastos y elevar ingresos por un importe adicional superior a los 6.000 millones. El tercero es que la Airef añade en su evaluación la coletilla de que “no se aprecia margen para asumir posibles desviaciones en el impacto estimado de las medidas”. Es decir, aprobado justito, pero aprobado.

Comenzando con los ingresos, las estimaciones de la Airef arrojan serias dudas sobre las previsiones del Gobierno en tres apartados: lo que atañe al impuesto sobre determinados medios digitales (la llamada tasa Google), el efecto de la adopción de las mejores prácticas internacionales en el control del fraude fiscal, y el incremento previsto en la recaudación del impuesto sobre el patrimonio. En el primer caso, frente a la previsión del Gobierno de 1.200 millones, la Airef se queda en 968, en el mejor de los casos. En el segundo, en contraste con los 500 del borrador se decantan por el intervalo 200-270. Y en el tercero, los 339 millones estimados por el Gobierno se quedan en el aire porque, en síntesis, todo depende de lo que hagan las Comunidades Autónomas, que son las que deciden qué tipos se cobran en este impuesto. En el resto de los casos, las previsiones del Gobierno están dentro de la horquilla estimada por la Airef o ligeramente por encima.

En resumen, el agujero que detecta la Autoridad fiscal se llenaría con creces por la nueva subida en las bases máximas de cotización, de forma que los 7.178 millones de ingresos adicionales incluidos en el borrador se sitúan dentro del intervalo de confianza del organismo, que va de 6.078 a 7.698 millones de euros.

Por lo que se refiere a los gastos, también se avalan las cifras del Gobierno, salvo en lo que se refiere al coste de la revalorización de las pensiones y la subida de las mínimas y no contributivas y la supresión del copago a los pensionistas más vulnerables. En conjunto, frente a la estimación del borrador de 2.525 millones, la Autoridad fiscal estima un incremento de 2.886 millones, 361 millones más.

Sin duda, esta evaluación es un paso adelante en la procelosa historia del Presupuesto General del Estado de 2019 y es clave para superar el obstáculo exterior, pero faltan muchos todavía.

Destacaría dos. El primero es la dificultad de cambiar el objetivo de déficit para 2019 vigente. Con la normativa actual, el veto del Senado, controlado por el PP, es inevitable y eso llevaría al Gobierno a tener que recortar 6.200 millones adicionales de mayores ingresos o menores gastos, lo que complicaría sobremanera el apoyo de los partidos de izquierda. La segunda es que el borrador no da margen presupuestario para la negociacion de los necesarios apoyos en el Congreso.

Para finalizar, me gustaría intentar encajar el informe de la Airef con la posición de Ciudadanos sobre la amplia brecha fiscal que, a su juicio, abría el Pacto entre PSOE y Podemos.

El primero de los factores a tener en cuenta es que Ciudadanos insiste en que el objetivo de déficit a tener en cuenta es el -1.3% del PIB que aparece en la senda de consolidación fiscal hoy todavía vigente. El segundo es que el acuerdo PSOE-Podemos incluía medidas de gasto por un valor superior a los 5.000 millones, que en el borrador se han quedado en la mitad. En buena medida y a juicio del Ministerio de Hacienda, porque dejan fuera lo que afecta a competencias autonómicas sobre las que el Gobierno central no puede decidir. Ambos elementos explicarían casi 9.000 millones de la brecha denunciada, a los que hay que sumar otros 1.000 por la subida de las bases máximas de cotización.

En definitiva, las diferencias entre los cálculos de Ciudadanos y la Airef se concentrarían en algunas partidas de ingresos, que con la informacion adicional que le ha aportado el Gobierno a la Autoridad fiscal es posible que tiendan a reducirse.

Santiago Lago Peñas es Director de GEN y catedrático de economía aplicada de la Universidad de Vigo

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