Acuerdo presupuestario

Los ayuntamientos podrán poner tope al precio de los alquileres

La duración de los contratos de arrendamiento se amplía de tres a cinco años

El presupuesto para el Plan estatal de Vivienda se incrementará hasta los 1.000 millones en 2021

Los ayuntamientos podrán poner tope al precio de los alquileres

El acuerdo de presupuestos para 2019 al que han llegado este miércoles el Gobierno y Unidos Podemos recoge, en materia de vivienda, una serie de medidas que buscan proteger al inquilino y "blindar la función social de la vivienda". El Ejecutivo ha cedido finalmente ante la formación morada y ha incluido en el pacto la potestad de los ayuntamientos para poner tope a las "subidas abusivas" del precio del alquiler. Se incluyen también mayores garantías para los inquilinos en los contratos de arrendamiento, y más presupuesto para el Plan Estatal de Vivienda, entre otros. 

Precios y pisos turísticos 

Los ayuntamientos y comunidades autónomas podrán controlar "temporal y excepcionalmente" el precio de los alquileres en zonas urbanas previamente declaras como "tensionadas", es decir, aquellas que hayan sufrido "incrementos abusivos de las rentas". Según el portal inmobiliario Fotocasa, las subidas interanuales de los precios del alquiler en las grandes ciudades superan a las alzas del periodo precrisis y en Madrid fueron de un 12% con respecto al año pasado. El índice de referencia que elaboren las administraciones pretende evitar que se obstaculice el acceso a la vivienda a los inquilinos y estará sujeto a una revisión periódica.

Asimismo, para evitar que se reduzca la oferta de alquileres para vivienda, el texto menciona que se impulsará la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de propietarios puedan prohibir los pisos de uso turístico en sus inmuebles, algo que ya han regulado puntualmente algunas comunidades autónomas. 

Contratos de arrendamiento

Sobre los contratos de alquiler, el acuerdo también recoge que se modificará la Ley de Arrendamientos Urbanos para incrementar tanto de la duración de los mismos como de las prórrogas, recuperando la fórmula que modificó el Gobierno anterior. La duración del contrato se amplía de tres a cinco años, y la prórroga tácita de uno a tres. No obstante, en el caso de que el arrendador sea una persona jurídica, los plazos se dilatan más: la duración se eleva a siete años y la prórroga tácita a tres.

Una vez pasados los cinco o siete años y si ninguna de las partes notifica, al menos con seis meses de antelación, la voluntad de no renovarlo, el contrato se prolongará por otros tres años más. Si el arrendador quiere recuperar su vivienda antes del plazo estipulado por ley, deberá constar expresamente en el contrato.

Solo se podrá pedir como máximo una fianza equivalente a dos mensualidades y se prohíben otro tipo de garantías adicionales. Además, en el caso de que el arrendador sea una persona jurídica, éste deberá correr a cargo de los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato. 

Cuando la vivienda alquilada se venda conjuntamente con otras que formen parte del mismo inmueble, el acuerdo otorga a las administraciones públicas competentes la competencia para ejercer sus derechos de tanteo y retracto

Parque de viviendas y presupuesto

En paralelo, se ampliará en 20.000 el número de viviendas con alquiler asequible en cuatro años para personas especialmente vulnerables y se prohibirá por ley que puedan ser vendidas o explotadas a fondos buitre o enajenadas con ánimo de lucro. 

También se dotará de mayor presupuesto al Plan Estatal de Vivienda, que aumentará un 38% en 2019 hasta los 630 millones de euros, y que se ampliará progresivamente hasta los 1.000 millones en 2021. El plan otorgará financiación a las comunidades autónomas y ayuntamientos para que puedan ejercer los mencionados derechos de tanteo y retracto, así como ayudas para que los pequeños propietarios puedan rehabilitar sus viviendas y alquilarlas a precios asequibles.

Además, el acuerdo recoge que se definirá por ley los conceptos de "vivienda vacía" y de "gran tenedor de vivienda" y que se habilitarán mecanismos para que las administraciones locales puedan detectarlas y poner en marcha medidas para reducir su número. Según el último censo elaborado por el INE en 2011, se calcula que el 13,7% de las viviendas en España están desocupadas, lo que equivaldría a 3,4 millones. 

Desahucios

El texto se compromete a impulsar en el Congreso una regulación que dote de mayor protección a las personas hipotecadas, atendiendo a las condiciones que suscriben en los préstamos hipotecarios, y obligando a que se emita antes de un desahucio un informe a los servicios sociales para garantizar una alternativa habitacional a las personas afectadas. 

Medidas de lucha contra el fraude

Se limita el uso de efectivo a las empresas a 1.000 euros: El acuerdo entre Gobierno y Unidos Podemos contempla una limitación al uso de dinero en efectivo a 1.000 millones para los pagos de empresarios o profesionales dentro de su actividad diaria, sin que dicho límite afecte a los pagos que puedan realizarse entre ciudadanos a título particular. Esta medida busca limitar la economía sumergida.

Listado de morosos: Baja a 600.000 euros el importe de la deuda contraída con Hacienda para entrar en la lista de morosos. Hasta ahora, para estar en el listado era necesario adeudar más de un millón. En la última edición de este ránking, publicado en junio, había 4.318 contribuyentes, un número que se había visto reducido en un 31% en cuatro años.

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