Rato apelará a su intimidad para eludir la cárcel por las 'black'

La eventual vulneración de derechos abre la vía para recurrir al Constitucional

El expresidente de Bankia aseveró que la prueba de cargo no era fiable

El expresidente de Bankia Rodrigo Rato.
El expresidente de Bankia Rodrigo Rato.

El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, recurrió el fallo condenatorio de la Audiencia Nacional ante el Tribunal Supremo basándose en cuatro pilares maestros. El principal, que ya fue el esgrimido en el juicio, cuando defendió la legitimidad de las tarjetas como complemento retributivo a su sueldo, fue su intento de refutar la prueba de cargo.

Rato asevera que la hoja de Excel con el detalle de los gastos cargados a las visas que fue facilitada por Bankia, ya gestionada por su sucesor, José Ignacio Goirigolzarri, sufre de una “absoluta falta de fiabilidad probatoria” al haber sido manipulada por un equipo informático que descargó los datos de la entidad.

A partir de ahí, Rato alega que, en todo caso, los datos remitidos al tribunal incluyen información personal lo que vulnera su derecho fundamental a la intimidad, que es la carta que podría tratar de jugar acudiendo al Tribunal Constitucional. Las sentencias del Supremo pueden ser recurridas ante esta instancia alegando que se ha vulnerado un derecho fundamental.

Por otra parte, el condenado alegaba que su gasto, 99.054 euros, se hizo en montos inferiores a los 50.000 euros no puede ser considerado dentro de la modalidad agravada de apropiación indebida. Finalmente, Rato recuerda que devolvió el dinero antes del juicio, por lo que pide al menos que le sean aplicados atenuantes.

Al rechazar el Supremo su recurso, confirmando una pena de prisión de cuatro años y medio de cárcel para el expresidente de Bankia, exvicepresidente económico del Gobierno de España y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rato queda abocado a pasar los próximos años entre rejas.

Será la Audiencia Nacional quien decida al ejecutar la resolución del Supremo sobre los recursos recibidos. Si decreta prisión, los condenados suelen tener entre cinco y 10 días para ingresar voluntariamente, o se emite una orden de captura.

Rato avanzó ayer a Europa Press estudia recurrir al Tribunal Constitucional para tratar de suspender la ejecución del fallo, si bien desde el bufete LEAN consideran poco probable que pueda eludir la cárcel a la espera de una resolución.

Diego Martín, abogado de LEAN, explica que la decisión corresponderá al Constitucional, que deberá tener en cuenta tanto “la gravedad como la naturaleza de los hechos que se han enjuiciado, como el bien jurídico protegido, su trascendencia social, la duración de la pena impuesta, así como el riesgo de eludir la acción de la justicia y la posible desprotección de las víctimas” para valorar si suspende la ejecución del fallo que establezca la Audiencia.

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