Alonso: "La inscripción en el Registro Mercantil de los abogados de empresa es una carga innecesaria"
El Colegio de Abogados de Madrid abrirá una delegación en Alcobendas Se destinarán 500.000 euros para espacios de coworking
El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), José María Alonso, considera que la inscripción obligatoria de los abogados que se dedican a asesorar a empresas en el Registro Mercantil es una carga excesiva e innecesaria. Alonso ha hecho estas declaraciones en el marco de un desayuno informativo con la prensa, que periódicamente se celebra en la sede del Colegio para abordar cuestiones de actualidad del ámbito de la abogacía.
La cita ha servido para trasladar a los medios las grandes líneas en las que el ICAM está actuando. En primer lugar, Alonso ha anunciado que ya está concluida la estructura sobre la que se reorganizará institucionalmente el Colegio. Tal y como ha comentado, esta reorganización obedece a criterios de eficacia y es acorde a las mejores prácticas de otros colegios, que se han tomado como modelo (entre ellos, el Colegio de Abogados de Barcelona). La finalidad, ha subrayado Alonso, es que el ICAM "funcione como una máquina de excelencia".
En el capítulo de reuniones institucionales, el decano ha destacado la labor que se está realizando para conseguir de la Delegación del Gobierno de Madrid una serie de mejoras que afectan, sobre todo, a los abogados del turno de oficio. Entre ellas, obtener un compromiso para que la identificación de los abogados en el atestado policial se realice a través del carné profesional y no del DNI. Por otro lado, el Colegio sigue insistiendo en que se les entregue con antelación los atestados de los detenidos, incluso por vía telemática, una exigencia del derecho de defensa avalada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ha subrayado Alonso.
El decano también ha anunciado que se han mantenido reuniones con el Ayuntamiento de Madrid con el fin de obtener una placa distintiva en los vehículos de abogados de oficio que les facilite el acceso en caso de restricciones al tráfico.
Por último, el Colegio ha mantenido reuniones, tanto con la Consejería de Justicia de Madrid como con el Ministerio, para que se actualicen y revisen los baremos. Así mismo, ha solicitado que se prorrogue el acuerdo alcanzado en el caso Gürtel sobre el abono de honorarios en macrojuicios.
Nueva delegación en Alcobendas
Alonso ha adelantado que, a final de año o principio de 2019, el Colegio abrirá una nueva delegación en la zona norte de Madrid, concretamente en Alcobendas, que se unirá a la ya existente en Móstoles. Su intención es que exista una delegación en cada punto cardinal de la comunidad, que acerque los servicios a los abogados y también a los ciudadanos.
Entre las novedades para los colegiados, el diputado Juan Gonzalo Ospina ha anunciado la aprobación en Junta de un presupuesto de 500.000 euros para invertir en locales y espacios de coworking para los colegiados. Como ha señalado, una de las primeras barreras que se encuentran los jóvenes abogados es hacer frente al pago de un despacho o espacio donde desarrollar su labor.
Alonso ha hecho referencia al proyecto tecnológico, heredado del equipo anterior, cuya puesta en marcha, está prevista para el 1 de Octubre.
Colegiados italianos
En la posterior ronda de preguntas de los medios, Alonso ha contestado a distintas cuestiones de plena actualidad. Sobre la polémica publicación de unas grabaciones en las que la ministra de Justicia charla con el excomisario Villarejo, el decano no ha querido valorar su contenido, pero ha calificado de "reprochable e inadmisible" la utilización de conversaciones privadas para fines políticos. "Parece que vivimos en un Gran Hermano", ha denunciado Alonso.
En cuanto a la investigación abierta sobre las irregularidades en la obtención del máster de acceso a la abogacía de cerca de 500 abogados italianos, el decano ha asegurado que si se concluye que los títulos que concedió la Universidad Rey Juan Carlos son inválidos, serán expulsados del Colegio. Alonso ha aprovechado para reclamar una revisión integral del máster de acceso a la abogacía que, en su opinión, no forma adecuadamente a los estudiantes.