Santander dice que no gana en España, pero contribuye con 1.130 millones al erario público
Álvarez mantiene que "estigmatizar " a la banca con un impuesto no genera "buen ambiente inversor" "Observamos una mayor incertidumbre sobre la evolución de la economía española", asegura el CEO en el Congreso
El número dos de Santander ha explicado que el tipo de impuesto de sociedades para la banca en España es del 30%, mientras que para el resto de sectores es del 25%. Y ha añadido que "un aumento de los impuestos al sector financiero no ayuda a que la banca haga su labor de financiar a la economía española".
Ha afirmado que en el caso de Banco Santander “no gana dinero en España. Todo el beneficio viene de otros países (…). Desde hace seis años nuestro negocio total en España que incluye Banco Santander España, el centro corporativo y la división inmobiliaria no genera beneficios”. Pese a ello, ha añadido en la comisión que investiga la crisis financiera en el Congreso, “la contribución total del banco al sostenimiento público el año pasado, fue de 1.130 millones de euros, en IVA y otros impuestos indirectos no recuperables, pagos a la Seguridad Social por cuenta del empleador y otros impuestos y tributos”. Además, explicó que a estos impuestos se suma la factura anual que desembolsa el banco para salvaguardar los depósitos de sus clientes, que en su caso se eleva a 400 millones de aportación al Fondo Único de Resolución y al Fondo de Garantía de Depósitos.
Para justificar más su argumento contrario, como es lógico a un impuesto a la banca, Álvarez ha recurrido a comparar la carga fiscal de la banca en Europa. “Cuando hablamos del banco a nivel consolidado, somos el banco con mayor carga fiscal en Europa”, que en el segundo trimestre de este año se ha situado en el 36%. “Esta carga fiscal es la mayor de entre los bancos comparables en Europa, cuya media es de alrededor de 25%”, ha destacado, para añadir “competidos todos los días por capital y liquidez con la banca europea para financiar a nuestros clientes. Además, en estos momentos, observamos una mayor incertidumbre sobre la evolución de la economía española, y en este contexto debemos seguir haciendo esfuerzos para continuar atrayendo inversión extranjera y favorecer que empresas y particulares continúen invirtiendo y generando empleo”.
Para el número dos del mayor banco del país la economía española lleva seis años creciendo, pero “hay riesgos cada vez mayores”. Cree que es necesario “mantener la competitividad empresarial” y la confianza de los inversores internacionales. Por ello, considera que para que la economía del país siga creciendo se debe “atraer inversión con un marco estable de inversión a largo plazo”.
Como lo han hecho otros banqueros que han pasado en los tres últimos días por esta comisión de investigación en el Congreso, Álvarez también se refirió a las lecciones aprendidas tras la crisis financiera. Entre ellos destacó errores en el modelo económico “insostenible” basado, entre otros factorres, en el crecimiento del crédito, dependiente del sector inmobiliario.
En la banca “deberíamos haber sido más restrictivos”, aunque considera que cuando el PIB “y el empleo crecen la mora está en nivels históricamente bajos y su cobertura es alta, es difícil que las autoridades y los gestores de las entidades adopten medidas que pueden interpretarse como freno”.
Se quejó de la baja aún de la rentabilidad del sector, que se sitúa en la actualidad en el 4%, “muy por debajo de la medida de las compañías del Ibex en España (del 17%). Esta rentabilidad está por debajo del coste de capital que exigen los inversores, y “sin el apoyo de los accionistas no tendremos capacidad de prestar el servicio que la sociedad espera de nosotros”, reclamó.
Como consecuencia de la baja rentabilidad Álvarez dijo que la banca ha tenido que reducir costes con el cierre de oficinas, que han pasado de 46.000 en 2008 a 27.000 ahora.
COSTE DE BANCO POPULAR
Alvarez también se ha referido, como es lógico, a la compra de Banco Popular. Ha atribuido la resolución de Banco Popular y su posterior venta por euro a su baja rentabilidad, que le impidió llevar a cabo una ampliación de capital del volumen que necesitaba.
Según ha explicado Alvarez, Popular tenía necesidad de ampliar capital y, por su característica de entidad cotizada, tenía acceso al mercado (en teoría). "Pero la baja rentabilidad del banco y de perspectivas de mejora hicieron que no pudiera acudir al mercado en la cantidad que necesitaba para evitar su intervención y subasta con adjudicación a Santander", ha señalado el directivo.
De esta manera, fue la entidad presidida por Ana Botín la que "tuvo" que ampliar capital por 7.000 millones de euros, una capacidad de acudir al mercado que "solo se gana a base de tener una base inversora que crea en el futuro del banco", ha asegurado Alvarez, quien ha apuntado que
la compra de Popular -cuyo proceso de resolución se hizo con capital privado- ahorró al Estado entre 28.000 y 36.000 millones de euros.
En este contexto, el consejero delegado de Santander ha señalado que aumentar su rentabilidad es el principal reto en el corto plazo del sector bancario español, ya que ha pasado del 17% en 2007 al 4% en 2017, frente a una rentabilidad media de las empresas no financieras del Ibex
del 17%. "Hoy es mucho menos rentable que casi cualquier otro sector cotizado", ha asegurado.
"La rentabilidad es preocupantemente baja, este es el principal reto en el corto plazo, porque un sector financiero no rentable no será capaz de financiar adecuadamente la economía en el largo plazo", ha advertido.
El directivo ha asegurado que bancos fuertes y rentables serán capaces de seguir prestando capital en "momentos difíciles" y de aguantar los cambios de ciclo. "Es más, ningún inversor internacional estaría dispuesto a financiar a un banco que no genere un retorno de capital al menos igual a su coste de capital", ha ejemplificado.
Petición de nuevos documentos del juez sobre el "caso Banco Popular"
Documentación sin tachaduras. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha instado por tercera vez al Santander a aportar toda la documentación sobre la compra del Banco Popular que la entidad ya remitió al juzgado en junio de este año, pero “completa, traducida al castellano y sin tachaduras”. En una diligencia fechada el 30 de agosto, el titular del juzgado central de instrucción nº 4 se hace eco de la petición realizada a finales de julio por el grupo de grandes fondos de inversión -Anchorage, Algebris, Pimco y Cairn Capital, que perdieron unos 800 millones de euros en la resolución del Popular. Estos fondos están personados en la causa abierta contra los expresidentes de Banco Popular Angel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración y PwC por falsedad societaria y administración desleal.
Querella admitida a trámite. El Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite una querella de la Asociación de pequeños accionistas de bancos (Apabanc) contra el exdirector financiero de Banco Popular Javier Moreno Navarro por su participación en la elaboración de las cuentas que propiciaron el aumento de capital de 2.500 millones de euros que realizó la entidad en 2016.