¿Qué se gana con el ‘sandbox’ financiero?
Los proyectos que no innoven de verdad no deben beneficiarse del banco de pruebas
En Reino Unido, el llamado regulatory sandbox (banco de pruebas regulatorio) está en vigor desde junio de 2016 y, desde hace varios meses, España está cocinando el suyo. Fruto de un fuerte lobby del sector fintech, pero contando también con la colaboración de grandes entidades financieras y de los supervisores (CNMV, Banco de España y Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones), por fin se ha publicado el anteproyecto de la Ley de medidas para la transformación digital del sistema financiero (en audiencia pública hasta el 7 de septiembre).
Aunque la transposición de directivas importantes que afectan al sector financiero (como Mifid II y PSD 2) presenta un retraso importante, la apertura del trámite de audiencia pública para este anteproyecto reconoce la importancia de la innovación tecnológica como pieza clave para la competitividad en el mercado financiero. Pero, al final, ¿en qué consiste y qué ganan España y las fintech con este proyecto?
La finalidad de esta normativa es la regulación de un espacio controlado de pruebas bajo la supervisión del regulador para proyectos que puedan aportar una innovación financiera de base tecnológica. Esto significa que proyectos que normalmente deberían obtener autorización regulatoria previa para poder ser ofrecidos al mercado, podrán ser “probados” previamente con clientes reales bajo un protocolo acordado entre los promotores y los reguladores (incluyendo volumen de actividad, tiempo de realización, recursos, régimen de garantías en caso de responsabilidad, cláusulas de confidencialidad, etc.).
Este régimen de pruebas puede reportar ventajas para los emprendedores y para el regulador. Para los emprendedores, permite comprobar la viabilidad técnica y económica de un proyecto antes de incurrir en los costes y consumo de tiempo que implican la obtención de una autorización administrativa para un servicio regulado. Además, el calendario para la obtención de la autorización podría reducirse a la mitad si las pruebas simplifican, a juicio del regulador, el análisis del proyecto. Lo anterior, entre otras ventajas, contribuye a facilitar la financiación futura del proyecto. Para las autoridades, la principal ventaja es que permite aumentar su conocimiento sobre las innovaciones del sector y anticiparse a riesgos para los usuarios y/o a la necesidad de ajustar la normativa o adecuar la función supervisora.
Una característica importante del régimen es que está abierto no solo a empresas no reguladas, sino también a compañías que ya están reguladas (como entidades financieras), a las cuales les puede interesar hacer una prueba para un modelo de negocio distinto. Mantener las mismas reglas de juego para los distintos actores del sector fue una de las preocupaciones debatidas.
¿Qué proyectos pueden acceder al régimen? Pueden solicitar participar en las pruebas aquellos proyectos que puedan dar lugar a nuevos modelos de negocio, aplicaciones, procesos o productos con incidencia sobre los mercados financieros, la prestación de servicios financieros y complementarios o el desempeño de las funciones públicas en el ámbito financiero.
A estos efectos, los promotores deberán justificar que los proyectos aportan valor añadido en, al menos, uno de los siguientes aspectos: bien porque mejoran el cumplimiento normativo; porque mejoran la calidad y las condiciones de acceso, así como la disponibilidad en la provisión de servicios financieros para los usuarios o de aumento de la protección a la clientela; porque aumentan la eficiencia de entidades o mercados; o porque son mecanismos para la mejora de la regulación o el mejor ejercicio de la supervisión financiera.
En este sentido, aunque los conceptos son subjetivos y hay margen para que el regulador adopte un criterio caso por caso, entendemos que proyectos que repliquen modelos o procedimientos ya existentes en el mercado no deberían beneficiarse del régimen. Es imprescindible que exista un carácter innovador en algunos de los aspectos mencionados. Si no fuera así, la participación en el régimen implicaría otorgar a una empresa privada una posición competitiva más favorable frente a otros competidores que realizan el mismo modelo de negocio y han tenido que pasar por mayores barreras regulatorias.
El pasado octubre de 2017, la FCA publicó un informe sobre las lecciones aprendidas desde el lanzamiento de su sandbox, destacando que el 90% de las empresas que completaron las pruebas van camino del lanzamiento definitivo de su producto al mercado. Esperemos que el anteproyecto siga su curso con celeridad y pronto podamos compartir los resultados del sandbox español, fomentando la competitividad del sector y la inclusión de España como uno de los protagonistas y pioneros en el mapa de la innovación tecnológica en el mundo financiero.
Paula de Biase es responsable de la práctica de servicios financieros de Pérez-Llorca