¿Un kilómetro de AVE o cinco áreas de descanso seguras?
El informe del Tribunal de Cuentas sobre el coste de la alta velocidad debe abrir un debate sobre su financiación
Hace unas semanas el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea presentó el informe La red de ferrocarril europeo de alta velocidad: no es una realidad sino un mosaico ineficiente, donde tiraba de las orejas a varios países de la Unión Europea, entre ellos España, por despilfarrar dinero en las infraestructuras del tren de alta velocidad (AVE). Los auditores europeos cargaron tintas contra sus ineficiencias, tras mirar con lupa el funcionamiento de 14 conexiones transfronterizas europeas y líneas de AVE, entre ellas cuatro españolas, y la conclusión fue demoledora: “Se ha construido un mosaico ineficiente de líneas nacionales mal conectadas”, sentenció Oskar Herics, miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe.
Y clama al cielo que con lo que dice el informe que cuesta un solo kilómetro de AVE, una media de 25 millones de euros, se podrían construir cinco aparcamientos seguros para más de 60 camiones cada uno, infraestructuras imprescindibles y muy necesarias para el sector y buen desarrollo del sector exportador.
Resulta que España, por goleada, es el país que ha disfrutado de más fondos comunitarios para el desarrollo de la red ferroviaria. De los 23.700 millones de euros cofinanciados de Bruselas desde el año 2000, el 47,3% ha recaído en España, muy por encima del 11,4% de Alemania o el 8,6% de Italia.
¿Será que no es competitivo? ¿Por qué financiar un modo de transporte deficitario? En lugar de incrementar los impuestos sobre el diésel con la peregrina excusa de fomentar el uso de inexistentes modos de energía alternativos, pero sí con el fin real de recaudar más de 2.100 millones adicionales al año de impuestos de hidrocarburos, harían mejor en preguntarse cómo evitar que se sigan malgastando otros 30.000 millones de euros en sobrecostes de proyectos y líneas del AVE en Europa.
Como ejemplo, no existe, ni en España ni en los países de la UE que frecuentan nuestras empresas, una oferta de áreas de descanso mínimamente adecuadas que aúnen confort y seguridad para los conductores, sus vehículos y las cargas que transportan. De hecho, los incidentes por hurtos de gasóleo, robos de mercancías y los derivados del tráfico de inmigrantes ilegales y otros similares son una de las principales preocupaciones de las compañías.
El bienestar de nuestros conductores es el principal valor que las empresas de transporte y el Estado deberían cuidar, pues el sector del transporte por carretera es uno de los ejes vertebradores de la economía española, con un 4% de aportación al PIB y de unos 10.000 millones de euros a las arcas estatales en impuestos.
Además, el 65% de nuestras exportaciones tiene como destino países de la Unión Europea y, en su inmensa mayoría, viajan por carretera. Por si esto fuera insuficiente, esta actividad es una realidad diaria gracias a un tejido empresarial de más de 850.000 puestos de trabajo vinculados al transporte y a la logística.
En mi opinión, la movilidad de mercancías y de personas por carretera es una demanda de la sociedad en la que vivimos, que está en continuo y veloz crecimiento, tanto en volumen como en puntualidad, seguridad vial y seguridad general, sostenibilidad y eficiencia. Nuestras empresas existen para dar respuesta eficaz y eficiente a dicha demanda, pero corresponde a los poderes públicos emplear los recursos necesarios para que dicha movilidad pueda ejercerse de la mejor manera posible y ello no conlleva únicamente, como es obvio, la construcción de una red vial adecuada (y su correspondiente mantenimiento), sino también la habilitación de las infraestructuras anexas que sean necesarias: desde interconexiones con puertos, estaciones ferroviarias y aeropuertos, hasta zonas de aparcamiento seguras y confortables que esta profesión necesita. Hay más vida que el AVE.
Marcos Basante es Presidente de ASTIC