Las marcas Popular y Pastor desaparecerán en junio de 2019
El próximo ERE que se llevará a cabo en un año puede afectar a unos 2.500 empleados El banco que preside Botín había puesto sus ojos en Unicaja antes de Popular. Popular también
Banco Popular está a punto de desaparecer legalmente. Ahora, impera la tranquilidad en su red, y los clientes acuden con normalidad a sus oficinas, esas que hace un año estuvieron a punto de cerrar definitivamente. Desde hace un año se han quedado en el camino de Popular las inversiones de 305.000 accionistas, 1.100 empleados que han salido en un ERE en los servicios centrales, a los que se sumarán otros 2.000 a 2.500 que saldrán el próximo año una vez que las redes de Popular, Pastor y Santander se fusionen definitivamente, lo que está previsto para junio de 2019, unos tres meses antes de lo estipulado inicialmente, y dos años después de su adquisición. Será entonces cuando desaparecerán las marcas Popular y Pastor (está será la primera en desaparecer).
Popular iniciará entre octubre o noviembre de este año la integración de sus plataforma tecnológicas. Y será en marzo, más o menos, cuando se inicie las negociaciones de un nuevo expediente de regulación de empleo.
Este es el desenlace de un banco en el que hoy se cumple un año desde que la Junta Única de Resolución (JUR), en coordinación con su homólogo español, el FROB, fue intervenido por falta de liquidez y se vendió en una puja exprés a Santander. La firma que preside Ana Botín valoró entonces la entidad intervenida en una cifra negativa de 2.000 millones de euros (cifra que sumaban los bonos y la capitalización bursátil). Era la primera vez que el Mecanismo Único de Resolución ponía en práctica el bail in, sistema que supone que son los accionistas y dueños de deuda computable como capital (cocos, AT1, y bonos subordinados, Tier 2) los que pierden su inversión para evitar poner sobre la mesa ayudas públicas. Tras asumir los inversores las pérdidas, Santander pagó 1 euro por Popular (a lo que se suma la ampliación de capital de 7.000 millones).
En la madrugada del 6 de junio de 2017 el Banco Central Europeo (BCE) determinó que Popular era “inviable” y que estaba en riesgo de caída por el “deterioro significativo” de su liquidez. La carta que el consejo del banco que entonces presidía Emilio Saracho remitió al BCE horas antes, en la tarde del día 6 de junio, fue clave para adelantar en unos días el final de Popular. En ella reconocía que ya no podía hacer frente a una serie de pagos al día siguiente, 7 de junio. El despacho Uría, de hecho, ya había redactado un documento para presentar en dos juzgados para declarar ese mismo día (7 de junio) a Popular en suspensión de pagos, lo que hubiera supuesto poner en marcha un concurso de acreedores. De esa forma, los depositantes también habrían tenido que asumir perdidas, por lo menos los que tenían más de 100.000 euros, explican expertos del sector, argumento que coincide con el de las autoridades supervisoras.
Los tiempos que barajaban las autoridades europeas eran ligeramente más lentas que las que al final se produjeron. El 5 de mayo de 2017 las autoridades europeas invitaron a Santander, BBVA y Bankia, entre otros, a analizar el data room abierto para la venta de Popular. La subasta quedó desierta. Casi un mes después, sábado 3 de junio, día de la final de la Champions entre el Real Madrid y la Juventus, el FROB llamó a varios bancos, entre los que se encontraba Santander, para iniciar una subasta rápida y urgente de Popular que debía finalizar una semana después (fin de semana).
Los consejeros delegados de los grandes bancos estaban pendientes o del fútbol o en la ópera, caso del consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, como aseguran fuentes financieras. Pero los acontecimientos se precipitaron, y el martes día 6 por la tarde, tras la carta del consejo de adminitración de Popular, las autoridades europeas vuelven a ponerse en contacto con los bancos interesados, solo Santander y BBVA. El BCE también llamó a algunas entidades extranjeras para avisar que se abriga un proceso de negociación para la compra urgente (en seis horas) de Popular.
Solo se presentan los dos españoles, y de ellos, solo Santander acepta su compra. Antes había reunido a las 22 horas a la cúpula del banco. La oferta, la misma que un mes antes. A las 4 de la madrugada del ya 7 de junio avisan a Santander que ha sido el adjudicatario de la entidad intervenida.
Popular había solicitado una provisión urgente de liquidez (ELA) por 9.500 millones de euros al Banco de España, pero solo recibió 3.500 millones.
A las 7 de la mañana llaman de Popular avisando que el banco no tenía liquidez (habían salido del banco en un mes 10.998 millones de euros en depósitos) para abrir la entidad, ni tan siquiera para la banca online. Santander inyectó 13.000 millones de euros ese mismo día.
Santander llevó a cabo en julio de ese año una ampliación de capital por 7.000 millones de euros para sanear por completo Popular, con unas multimillonarias provisiones, que llevaron al banco intervenido a presentar unas pérdidas en junio (las cuentas se presentaron en septiembre), por valor de 12.400 millones de euros.
En la historia de la caída de Popular y su compra por Santander hay, no obstante, algunas curiosidades que podrían haber cambiado el destino de los dos bancos.
Santander había intentado una fusión con Unicaja apenas dos meses antes de la compra de Popular, pero la entidad de origen malagueño decidió seguir independiente tras ver que iba a ser un éxito su ampliación de capital. Popular también había intentado su fusión con Unicaja meses antes, pero los números no salían.
Cierre de las oficinas de representación
¿Rescate en 2012?. Ahora, todos los expertos, incluso el Banco de España, reconocen que cinco años después del proceso de saneamiento llevado a cabo con asistencia financiera europea pone de manifiesto que la estrategia que desde 2012 siguió Popular para evitar la recapitalización pública fue el cierre en falso “de una herida que acabaría reabriéndose”, explican desde Afi.
Entidad vulnerable. Popular llevaba ya desde 2012 en el grupo de entidades vulnerables en el BCE. Pudo, sin embargo, esquivar la inyección de capital público gracias a una ampliación de capital de 2.500 millones de euros, que se suma a la llevada a cabo en 2016 por el mismo importe.
Cierres. Santander ha cerrado las 11 oficinas de representación que tenía Popular en varios países.