La subida de pensiones de 2018 y 2019 tendrá un coste acumulado de 40.000 millones

BBVA Research cree que España ya es el país europeo donde los activos hacen más esfuerzo para pagar pensiones Valeriano Gómez propone aumentar el gasto público para pagar la jubilación

A. Meraviglia

Subir las pensiones un 1,6% este año en lugar del 0,25% que marca la ley, tal y como ha decidido el Gobierno, costará unos 1.600 millones este año y una cantidad similar el que viene, según cálculos del propio Ejecutivo. Si bien estas cuantías se consolidan en el sistema y quedan en él para siempre, con lo que su coste acumulado durante el tiempo medio que se abonará esta cantidad será de unos 40.000 millones de euros; siempre teniendo en cuenta que en 2020 se volviera al actual índice de revalorización.

Este cálculo facilitado hoy por el responsable de análisis macroeconómico de BBVA Research, Rafael Doménech, es el resultado de multiplicar la consolidación de esta subida adicional (3.200 millones) por el número de años que se cobrarán. La vida media de un pensionista que acceda hoy a la jubilación es de alrededor de 21 años, pero como este promedio se aplicará a los 8,5 millones de pensionistas que ya existen --y un buen número de ellos ya lleva siendo pensionista muchos años-- el número de años por los que se multiplican estos 3.200 millones es considerablemente inferior, en el entorno de los 12 años de media, según este cálculo.

Doménech, que ha participado hoy en el III Encuentro sobre Economía Laboral organizado por el Colegio General de Economistas que ha debatido sobre las propuestas para la mejora de las pensiones, ha defendido la necesidad de que la Seguridad Social vuelva al equilibrio y lo mantenga, como premisa imprescindible para garantizar la sostenibilidad y la suficiencia del sistema.

Así, ha defendido el actual índice de revalorización de las pensiones (IRP) --en cuyo diseño inicial participó Doménech-- como el mejor instrumento para lograr ese equilibrio; si bien reconoció que sin ninguna otra medida adicional el esfuerzo recaería enteramente sobre la población pensionista con una pérdida acumulada de su poder adquisitivo. Por ello, Doménech ha considerado la necesidad de que las reformas actúen también sobre la fórmula de cálculo inicial de las pensiones, para repartir el esfuerzo de los futuros ajustes entre las distintas generaciones (activos y pasivos).

En este punto, Doménech ha recordado que, según el último informe Ageing Report de 2015 que elabora la Comisión Europea, los activos españoles ya son, después de los chipriotas, los que más esfuerzo hacen para el pago de pensiones. Esto se mide por la denominada tasa de prestación, que es el porcentaje que representan las nuevas pensiones sobre el salario medio de la economía. En el caso español esta tasa supera el 65%, lo que supone unos 20 puntos más de media que el resto de grandes países europeos, donde esta tasa oscila, por ejemplo, entre el 45% de Alemania, el 50% de Suecia o el 55% de Francia.

Es más, según ha sugerido el responsable del BBVA Research, en la próxima edición de este informe de la Comisión, que se conocerá a finales de mayo, España podría situarse incluso como el país con mayor tasa de prestación y, por tanto, como el país europeo con mayor esfuerzo por parte de los activos para el pago de pensiones.

La propuesta de Doménech para reformar el sistema es ir de forma progresiva hacia un sistema de cuentas nocionales de reparto. En este sistema habría una pensión mínima universal para todos los trabajadores que cumplan los requisitos de cobro que se abonará con impuestos y cuyo nivel y revalorización habrá que estipular entre todos. A esta pensión zócalo se le añadiría un segundo nivel contributivo puro en el que la esa parte de la pensión se fijara con las contribuciones que haya hecho cada trabajador a lo largo de toda su vida laboral. Estas contribuciones se anotarían en una cuenta individual virtual y servirían para fijar la pensión final.

Según ha recalcado Doménech, en ningún caso se transitaría a un sistema de capitalización, sino que este seguiría siendo de reparto (los activos pagan la pensión de los pasivos); solo cambiaría la fórmula de cálculo de la pensión. Para hacerlo progresivo, ha sugerido, por ejemplo, que la transición se hiciera a lo largo de 10 años --en Suecia lo hicieron en 15--, de forma que el primer año el 90% de la pensión se calculara con el sistema actual y el 10% con el de cuentas nocionales y así sucesivamente.

Otra propuesta muy diferente

Pero en esta jornada organizada por el Colegio General de Economistas, se escucharon otras propuestas para mejorar el sistema. El exministro de Trabajo y Seguridad Social socialista, Valeriano Gómez, apostó por un claro incremento del gasto público para sufragar el déficit actual del sistema (18.500 millones este año y más de 80.000 millones acumulados desde 2012) y, además, seguir revalorizando las pensiones según la inflación.

Gómez ha reiterado que "no hay ninguna razón por la que España no pueda revalorizar sus pensiones lo que evolucionen los precios". Así, según sus cálculos dicha revalorización, junto al incremento natural del coste en pensiones por el aumento del número de pensionistas y el efecto sustitución (las nuevas pensiones son alrededor de un 30% superiores a las de los que fallecen), exigirá aumentar el gasto en pensiones alrededor de dos puntos del PIB. Así se pasaría del 11,7% actual al entorno del 14%, algo que dijo "no es imposible de manejar en nuestro presupuesto público". Es más, ha admitido que las actuales generaciones de trabajadores "deberán hacer más esfuerzo, pero siempre se ha hecho, así que lo harán".

En cualquier caso, para frenar este incremento del gasto hasta el 14%, Gómez ha sugerido rediseñar el actual factor de sostenibilidad que recortará las pensiones iniciales según la esperanza de vida y ligarlo a otros elementos paramétricos. Esto es que el aumento de la esperanza de vida actúe por ejemplo retrasando la edad de jubilación o ampliando el periodo de cómputo de años cotizados a toda la vida laboral.