¿Hay competencia en el sector eléctrico?
20 años después de la directiva europea de liberalización del mercado, este sigue siendo un oligopolio
En 1997, la Unión Europea exigió al Gobierno español que liberalizara el sector energético, lo que supuestamente debía significar el principio del fin del oligopolio energético. Muchos pensarán que a estas alturas de la película ya no hay desigualdad a la hora de competir más que la que el mismo mercado impone.
Nada más lejos de la realidad. Hoy, 20 años después, las principales compañías herederas de la situación de 1997 siguen manteniendo una cuota de mercado por encima del 80%. ¿Por qué esto es así?
Las razones han sido variadas durante estos años, pero la guinda del pastel la ha puesto la Administración con su indefinición respecto a la asignación de un epígrafe sobre el impuesto de actividades económicas (IAE) propio de la comercialización. La falta del mismo hace que los municipios nos asignen un epígrafe cajón de sastre que nos iguala a comercios al por menor, implicando esto la aplicación de una cuota de ámbito municipal.
España tiene 8.124 municipios; si la cuota de IAE a nivel municipal es de unos 800 euros, resulta que, por operar en todo el territorio, independientemente del número de clientes, una pequeña comercializadora ha de desembolsar casi 6.500.000 euros solo en este tributo, independientemente de lo que facture en cada municipio y completamente desligado del beneficio que obtenga en el mismo. Lo que vulnera el derecho constitucional de capacidad económica al tener que pagar más que lo que se factura.
En otros sectores, como las telecomunicaciones, la cuota para los operadores es única y a nivel nacional, por lo que no existe esta asimetría entre grandes y pequeños que sí se da en el sector energético.
¿Nadie de la Administración ha hecho esta multiplicación? Esta situación es una carga absolutamente desproporcionada e ineficiente que puede incluso suponer la desaparición de las pequeñas comercializadoras del mercado en aquellas zonas donde su base de clientes no compense el coste de la cuota, perjudicando así la libre competencia y, por descontado, al cliente final, que ve cómo sus opciones se reducen.
Si tienes el 90% del mercado posiblemente no estés muy preocupado porque, al tributar igual las pequeñas que las grandes, este hecho ayuda a eliminar a tu competencia, que no logra sobrevivir a la presión fiscal. Y la Administración no ha considerado la magnitud de este problema creado con la connivencia de los ayuntamientos, que no son conscientes de que en el momento que sus alternativas disminuyan se verán de nuevo sometidos a la tiranía del oligopolio encubierto por el pan para hoy, hambre para mañana.
Porque, con estos números, tenemos que seleccionar muy cuidadosamente en qué municipios podemos dar servicio y cómo lo vamos a hacer, calculando las posibilidades que tenemos de obtener más de un cliente o de diez, considerando que la facturación anual de un cliente pueda ser inferior a la cuota del IAE impuesta en sí. Obviamente las grandes urbes tienen una gran oferta de comercializadoras que redunda en beneficio del servicio, de los precios, de la calidad del suministro y, cómo no, del tipo de energía por el que se decide apostar (en nuestro caso las renovables).
El sector eléctrico necesita una profunda revisión por parte de todos los actores para permitir que sea como el resto de negocios, sean libres o regulados, de manera que recupere la confianza perdida del cliente que sigue valorándolo como el peor entre todos.
Las pequeñas nos hemos unido para luchar contra esta doble fiscalidad y plantar cara a la falta de libre competencia que sigue dándose 20 años después de la directiva europea de 1997. Porque al final no solo perdemos nosotros. El resto del país también.
Andrés Olave es Director general de Escandinava de Electricidad