La Policía cifra en 2,5 millones de euros la estafa del chiringuito financiero desmantelado

Se ha detenido a unas 80 personas, entre ellas los tres jefes de la entidad

Operaba sin licencia y la CNMV advirtió sobre la firma, que utilizaba diferentes nombres

La Policía Nacional ha desmantelado un chiringuito financiero que operaba en Madrid y que habría estafado a ciudadanos de toda España, según explica en una nota prensa, después de que Cinco Días informara de la operación en su edición online del martes. 

Se ha detenido a 79 personas, entre los que se encuentran los tres máximos dirigentes, así como a la mayoría de las personas que ejercían de intermediarios y se han realizado ocho registros en las provincias de Madrid y Málaga. Los investigadores estiman que podrían haber defraudado más de 2,5 millones de euros. El operativo ha corrido a cargo del titular del Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid, pilotado por el magistrado Esteban Vega, según fuentes conocedoras de la operación. 

Son tres las personas que previsiblemente serán acusadas de estafa y asociación ilícita, mientras que para el resto fuentes conocedoras explican que pueden ser acusados de cooperadores necesarios o de cómplices. 

La operación seguía el martes en curso y bajo secreto de sumario. Algunos representantes legales de los detenidos aseguraron a Cinco Días, con el compromiso de confidencialidad sobre su identidad, que las empresas operaban con los nombres de Plataforma VLT y Centrum Platinum.

La firma desde la que operaban, con un edificio en el barrio madrileño de Las Tablas, cambiaba con frecuencia de nombre y de administradores, para dificultar el rastreo de su actividad. Algunos de los detenidos del chiringuito habían trabajado previamente para Dracon Partners, creado por Sara Pérez Frutos, otra firma que acabó siendo clausurada por la CNMV. En esa ocasión, el supervisor financiero decretó la retirada de la licencia en 2012, debido a las numerosas irregularidades detectadas en esta entidad. Su caída provocó pérdidas a unos 500 inversores por cerca de 12 millones de euros. 

Las fuentes consultadas señalan que los tres máximos dirigentes han tenido vinculación con el chiringuito creado por Sara Pérez Frutos. Los chiringuitos financieros utilizan bases de datos de estafados previamente para dirigirse directamente a particulares y proponerles invertir en productos financieros sofisticados, incumpliendo la normativa que exige que el cliente minorista acredite unos conocimientos mínimos para contratar esos productos complejos.  

La investigación comenzó en septiembre de 2016 cuando los agentes tuvieron conocimiento de una denuncia por estafa presentada por un afectado en una comisaría de distrito de Valladolid. A raíz de esta información se recabaron nuevas denuncias al objeto de conectar los datos denunciados, detectar la ubicación de las oficinas y deducir su método de trabajo.

“La firma ahora desmantelada hacía operaciones por importes elevados, a veces de más de 20.000 euros”, según fuentes conocedoras de la operativa. Los comerciales recibían una comisión por cada cliente captado y por cada operación.

El Colegio de Abogados de Madrid fue informado el lunes por la tarde con el objetivo de que buscara abogados de oficio a los detenidos, pero se vio desbordado ante la cantidad de personas implicadas en la operación.

Fruto del análisis de la información se conjeturó la existencia de un fraude tipo chiringuito financiero. Esta modalidad de fraude precisa de una organización jerarquizada en la que los escalones más bajos realizan llamadas agresivas, generalmente a pequeños empresarios y ahorradores, en las que ofertan inversiones en productos financieros altamente rentables y con un supuesto bajo riesgo. Dado que la meta de la organización era exprimir económicamente a los clientes, sus brókeres estaban instruidos con unos guiones predeterminados con los que dar una respuesta rápida a cualquier duda que se les plantease valiéndose de cualquier treta para lograr un sí.

Forma de operar.

"La forma de operar de este entramado consistía en ofrecer asesoramiento financiero a clientes a fin de que estos les transfiriesen dinero para realizar inversiones", explica la Policía. 

Por un lado habían diseñado páginas web atractivas, con denominación inglesa y datos de contacto en el extranjero (Reino Unido, Bulgaria, Islas Marshall, San Vicente y Granadinas, etc…), en las que los clientes podían abrir una cuenta y operar en un mercado virtual, aunque en realidad no se podía llevar a término ningún tipo de inversión.

Las páginas web creadas para favorecer el fraude se usaban durante un tiempo limitado, hasta que el supervisor español de los mercados de valores, la CNMV, publicaba una advertencia informando que una página web determinada carecía de la licencia para prestar servicios de inversión. Desde la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se ha venido informado a la CNMV sobre la existencia de las páginas web investigadas con ese objeto. 

Una vez difundida la advertencia, los investigados abrían una nueva página con un nombre que no estuviera relacionado con la página anterior, y transferían los clientes de una página a la otra. De este modo eludían la acción del regulador español.

Por otro lado, contaban con un personal instruido y capacitado para captar potenciales clientes mediante llamadas telefónicas. Una vez que el futuro cliente estuviera interesado en invertir, le martilleaban con ofertas sobre diversos productos financieros -generalmente opciones binarias- o sobre determinadas materias primas u otros, como el oro, el maíz, el petróleo, etc…, y siempre bajo la premisa de una alta rentabilidad y riesgo mínimo. Además, cuando daban con clientes especialmente precavidos les convencían manifestando que ellos mismos también invertían en el producto ofertado. Si esto tampoco funcionaba recurrían incluso a descalificar a los clientes es base a los insuficientes conocimientos de éstos en materia de inversión. 

Pero aun así, no era suficiente con un único engaño sino que cada cliente debía ser explotado hasta que dejara de invertir. Por ello era habitual que antes de que concluyera una inversión le ofrecieran otras nuevas para obtener el máximo beneficio económico de cada uno. Así, insistían hasta que el cliente solicitara recuperar lo invertido o disponer de sus ganancias, momento en el que se le informaba de que había perdido lo invertido. Además, les remitían unas cláusulas leoninas de unos contratos que los clientes nunca firmaron y dejaban de atender sus llamadas.

Cambio de sedes

La investigación fue especialmente difícil por el perfil de los principales responsables; dos de ellos con antecedentes policiales -habiendo sido uno ya condenado en 2017 por estafa mediante sentencia firme-, y un tercero, de profesión letrado, que asesoraba en el delito.

También se trató de dificultar la investigación mediante los cambios de sedes de las oficinas desde donde operaban los falsos intermediarios, de los propios domicilios de los cabecillas y varios locales de las empresas investigadas, ubicados en Madrid y Málaga. Una vez localizados todos ellos, se procedió a su registro pudiendo los agentes incautar numerosa documentación utilizada para la ejecución del fraude -contratos de las sociedades y listados de personas contactadas- así como material informático.

 

 

 

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