Chiringuitos financieros

Dracon Partners: cientos de personas arruinadas sin juicio

La empresa provocó pérdidas a sus clientes por valor de 11,9 millones de euros, según la CNMV.

Dracon Partners
Sara Pérez Frutos, antigua directora de Dracon Partners eafi. Pablo Monge

Dracon Partners Eafi tuvo el dudoso honor de ser la primera organización de asesoramiento de este tipo que clausurada por la CNMV. El supervisor decretó la retirada de la licencia en 2012 a resultas de las numerosas irregularidades detectadas en esta entidad de rápido crecimiento, cuya caída provocó minusvalías a unos 500 inversores por cerca de 12 millones de euros.

En noviembre de 2012, el bufete de abogados Evolutiza interpuso una querella criminal contra Dracon por estafa, coacción, publicidad engañosa, alteración de precios y asociación ilícita. Cuatro años después, sigue sin celebrarse un juicio que puede no llegar nunca. La querella recoge los casos de más de 20 clientes que perdieron su dinero víctimas, según la querella, de las irregularidades recogidas en el informe de la CNMV que desembocaron, además de en la retirada de la licencia, en una sanción firme por 1,875 millones de euros, una de las mayores sanciones de la historia del supervisor.

Lourdes Álvarez Laube, la abogada que pilota la querella contra Dracon y Sara Pérez Frutos, explica que, durante una reunión mantenida con la jueza que ha instruido el caso, alcanzaron un acuerdo para no aceptar más clientes. “La magistrada no iniciaría las investigaciones en el supuesto de que se siguiera sumando gente a la reclamación y entonces el proceso se eternizaría”, resume.

En diciembre de 2014 se inició la instrucción de la querella. Lo que no se imaginó en ningún momento es que la maniobra para agilizar el procedimiento serviría en un futuro como justificación para que la defensa de Sara Pérez Frutos solicitase que la querella se archive.

Pérez Frutos se defiende

La defensa de Sara Pérez Frutos, capitaneada por Adolfo Prego de Oliver Puig de la Bellacasa, sostiene, que al haber sido archivado por la Audiencia Provincial la segunda querella de Evolutiza,no tiene ningún motivo para realizar un juicio y que también debe archivar el procedimiento. Existe un auto de transformación desde febrero que ve indicios para la celebración del juicio y será la Audiencia la que lo decida en las próximas semanas.

Sara Pérez Frutos defiende que “la contundencia de la Audiencia Provincial y de la Fiscalía huelgan cualquier otra explicación, por lo que el pleito pendiente de sobreseimiento en el juzgado 12 tiene difíciles mimbres legales para sustentarse”. Pérez Frutos también ha enviado a este periódico los contratos de asesoramiento de la eafi: “Se especificaba hasta en tres ocasiones subrayado en negrita los riesgos que implica realizar cualquier tipo de inversión financiera”, afirma.

Lo cierto es que el contrato de asesoramiento patrimonial recoge en el anexo dos, a partir de la página 13 de un total 23, advertencias genéricas de los riesgos de invertir en diferentes instrumentos financieros. En la página siete, del documento también aparecen los riesgos generales, en los que se advierte de "la ausencia de garantía buen fin de la operación".

“A medida que iban enterándose, nuevos afectados se querían unir al procedimiento”, asegura la abogada de Evolutiza. Como seguían llegando, Evolutiza inició un nuevo procedimiento y pidió que se acumularan las actuaciones: “Interpusimos otra querella con los mismos hechos, cayó en otro juzgado donde el juez consideró que no había ningún indicio de delito y la archivó”.

La defensa de Sara Pérez Frutos sostiene que, al haber sido archivado por otro juez, la jueza de la querella de Evolutiza no tiene ningún motivo para realizar un juicio y que también debe archivar el procedimiento. Pese a que existe un auto de transformación, debido a que la jueza ha detecatado indicios de delito, será la Audiencia Provincial la que decida si debe celebrarse el juicio o no. El desenlace se conocerá previsiblemente en las próximas semanas.

Sergio Delgado fue uno de los cientos de clientes que perdió el dinero gracias a la asesoría de la eafi. Sin ni siquiera saber cómo habían conseguido su teléfono, Delgado empezó a recibir numerosas llamadas desde Dracon para que invirtiera en Bolsa con ellos a pesar de no tener ni idea de economía: “No te imaginas lo insistentes que eran”, asegura.

Sergio explica que desde el primer momento perdió dinero en las operaciones: “Mis 10.000 euros iniciales en dos meses se convirtieron en 5.000 y, antes de eso, me convencieron para invertir otros 12.000. Fue un caos”.

Cuando Sergio pidió explicaciones a Dracon, se encontró con la misma táctica que siguieron con otros clientes de la entidad: ignorarlo y dejar que perdiera todo su dinero. “Te pilla con estrés y tú no tienes ni idea; te pasan a uno, te pasan a otro, te dicen tranquilo, son operaciones seguras, que esto lo hemos revisado nosotros, y al final perdí alrededor de 50.000 euros entre comisiones y operaciones”, concluye Sergio.

Según el expediente de la CNMV, Dracon carecía de control interno, los test de idoneidad se hacían de forma incorrecta, la eafi obstaculizó la investigación del supervisor y utilizó de forma irregular la licencia, entre otras incorrecciones.

  • La denuncia ante la UDEF no era contra CNMV

Unos meses después de que las multas a Dracon y a su dueña se publicaran en el BOE, varios medios de comunicación informaron de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) estaba investigando una eventual trama corrupta en la CNMV. El propio supervisor lo confirmó en una nota el 19 de agosto del año pasado. Todo el proceso se centró en dos expedientes, el de Dracon Partners (que arrancó en 2011) y el de Vetusta (que comenzó en 2005), al que después se sumó el de Zinkia. La denuncia ante la UDEF de 24 de mayo de 2012 que invoca Sara Pérez Frutos, y a la que ha tenido acceso este periódico, no es contra la CNMV, sino contra Lex Consulting.

El directivo que capitaneaba Vetusta Wealth Managers, Guillermo Menéndez Escandón, interpuso en diciembre de 2007 una querella criminal contra María José Gómez Yubero, directora de Supervisión de la CNMV en la fecha de los hechos y que a día de hoy continúa trabajando en la casa, y contra Antonio Carrascosa Morales, entonces director general de Entidades del supervisor y ahora directivo del Mecanismo Único de Resolución. La querella nunca fue admitida a trámite. 

Todos los hechos que la CNMV exponía en el informe sobre Dracon Partners fueron corroborados por sentencia de la Audiencia Nacional, que decidió dar la razón a la Comisión Nacional del Mercado de Valores hasta en dos ocasiones. Sara Pérez Frutos interpuso sendos recursos conteciosos- administrativos ante este tribunal: uno contra la revocación de licencia, el 20 de diciembre de 2012, y otro contra las multas interpuestas por la CNMV en enero de 2015.

Sobre la primera cuestión, en la sentencia del 26 de junio de 2015 queda negro sobre blanco que ha quedado “acreditado por la CNMV la existencia de serias deficiencias que afectan prácticamente a todos los ámbitos de la actividad de la entidad, impidiendo que pueda prestar servicios con las mínimas garantías y de un desconocimiento por parte de la actora de la normativa y regulación que atañen a la actividad por ella desarrollada, que hacen aconsejable, y ajustada a derecho la revocación de la autorización concedida en su día a la actora [Dracon Partners]”.

El segundo veredicto, producto de un posterior recurso, interpuesto por Sara Pérez Frutos y Dracon Partners en enero de 2015, contra el importe de las multas, que pide reducir de 1,875 millones de euros a 34.500 euros, también da la razón a la CNMV. A esta petición, la Audiencia Nacional concluye que desestimael recurso contencioso administrativo […] contra la resolución del Ministerio de Economía y Competitividad a que las presentes actuaciones se contraen, y confirmar la resolución”. La sentencia es del pasado 30 de junio de 2016.

Las irregularidades de Dracon según la CNMV y los exclientes

Según el informe de la CNMV, Dracon carecía de control interno. La eafi no implantó un sistema de auditoría interna al considerar que no iba a ser necesario, pese a que el tipo de asesoramiento (warrants y contratos por diferencias o CFD) así lo aconsejaba. Sergio era fontanero, y gracias a la insistencia de Dracon, estaba dispuesto a invertir el dinero ahorrado durante 10 años. Dracon Partners le recomendó invertir 10.000 euros en warrants. Los warrants son derivados solo para inversores experimentados. Sergio afirma al respecto que él “no tenía ni idea de lo que era un warrant”.

La contabilidad era asunto de Lex Consulting, de la que se encargaba Margarita Santana, que llegó a asegurar a la CNMV que “nunca recibió ninguna factura original”.

Los test de idoneidad estaban sesgados para que el perfil de los inversores fuera siempre o casi siempre “arriesgado” o “decidido”. El 98% de los clientes que pasaron por Dracon fueron asignados a estos perfiles. Esto llevaba a la entidad a recomendar a clientes con escaso conocimiento del mercado a invertir en warrants y CFD, los productos que más comisión dejaban en las arcas de la eafi.

En el caso de Sergio, Dracon le realizó el test de idoneidad por teléfono: “La primera vez lo hacían telefónicamente y ponían coletillas para inducir la respuesta”. Una vez hecho el test de idoneidad por teléfono se lo enviaron para que lo firmara: “No verifiqué si coincidía porque confié en ellos; además, me mandaron un par de veces el test de idoneidad porque había que cambiar unas cuantas preguntas que había respondido”.

Obstáculos a la investigación, el día de la inspección (5 de marzo de 2012) la empresa obligó a los trabajadores a abandonar el call center.

Existencia de un trabajador reincidente. Dracon ocultó a los inspectores quién dirigía las labores de captación. Se trataba de Francisco Guillén, administrador único de Aurea Valores, un chiringuito financiero multado con 16 millones de euros en 2008.

Auditoría, Dracon tampoco aprobó las cuentas de 2011 ni el informe de auditoría, con lo que la CNMV no pudo comprobar la verdadera situación de la firma.

Uso irregular de la licencia. La CNMV otorgó una licencia a la eafi para operar aconsejando a profesionales, para tener tres empleados y para una cifra de negocio de 170.000 euros en 2010. En diciembre de ese año tenía seis empleados, más 30 en el call center que funcionaba a espaldas del organismo regulador, e ingresó 908.000 euros, además de dirigir su actividad según la CNMV de forma intensa a minoristas a través de este call center. “Me llamaron desde un sitio que sería la Bolsa por la cantidad de jaleo y voces que se oían”, asegura Sergio, aunque lo cierto es que le llamaban desde la nave situada en la calle Mijancas.

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