El Tribunal de Cuentas europeo acusa al BCE de ocultarle información clave para la supervisión bancaria

Fráncfort se niega a facilitar documentos para verificar la eficiencia de su labor

El organismo de Mario Draghi rechaza tajantemente la acusación

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El presidente del BCE, Mario Draghi, y su vicepresidente, Vitor Constancio (AP Photo/Michael Probst)

El Tribunal de Cuentas Europeo ha acusado este martes al Banco Central Europeo de negarle el acceso a abundante información hasta el punto de impedir a los auditores "extraer conclusiones sobre la eficiencia operativa de su gestión de crisis en la práctica".

Los dos organismos mantienen una larga batalla sobre el grado de escrutinio a que debe someterse la autoridad monetaria. Pero el conflicto se ha agravado desde que el organismo presidido por Mario Draghi asumió la supervisión de gran parte del sector financiero (120 bancos que representan el 80% de los activos). El BCE también se resiste a que se analice su actuación en el rescate de Grecia como miembro de la troika (junto a la CE y el FMI):

La preocupación por la opacidad de Fráncfort se extiende por momentos. Y los Tribunales de cuentas de varios países, Alemania y Holanda entre ellos, también han expresado su inquietud por la falta de control democrático en la que ha caído la supervisión financiera desde que fue centralizada en 2014.

El Tribunal europeo pretendía verificar, por segunda vez, la actuación del BCE como supervisor bancario así como su relación con la Junta Única de Resolución (JUR), el organismo encargado de intervenir las entidades en dificultades. Pero el Banco se ha negado a entregar gran parte de los documentos solicitados y en otros ha tachado buena parte de los datos disponibles.

"El BCE se negó a suministrar pruebas importantes solicitadas por el Tribunal para llevar a cabo la fiscalización", acusa el informe aprobado por la Sala IV del Tribunal, dirigida por Baudilio Tomé.

La investigación, dirigida por Kevin Cardiff, añade que la resistencia del Banco "tuvo un impacto negativo en el trabajo de auditoría llevado cabo", por lo que "no se ha podido confirmar la eficiencia operativa de la gestión de crisis del BCE".

Los auditores concluyen, de manera provisional, que "el BCE ha establecido un marco sustantivo para la gestión de crisis, si bien aún es necesario resolver algunas insuficiencias", como la falta de coordinación con la JUR.

El informe publicado este martes recomienda al BCE, entre otras cosas, que inmediatamente "conceda al Tribunal de acceso a todos los documentos o información solicitados a fin de poder efectuar su tarea, en aras de la rendición de cuentas".

Pero el propio informe recoge ya la negativa tajante del organismo de Mario Draghi a seguir esa pauta. "El BCE no acepta esta recomendación", zanja el emisor. Y asegura que ha facilitado la documentación necesaria para evaluar su gestión, de acuerdo con lo previsto en sus estatutos.

El Tribunal solicitó acceso a todos los planes de reestructuración de las entidades bajo supervisión del BCE y una evaluación ocho planes seleccionados de forma aleatoria. El BCE, según los auditores, solo les entregó "secciones editadas" de tres planes y en ningún caso, más de dos secciones del mismo plan. "El tamaño de la muestra no fue representativo al representar menos del 1%" de la información solicitada, lamenta la corte de auditores europeos.

La misma colaboración prestó el BCE en el caso del pleno acceso a los archivos de supervisión solicitada por los auditores. El Banco solo permitió la revisión de la documentación de tres bancos y tachó toda la información relativa a fechas, datos reglamentarios más relevantes o argumentaciones. El material se entregó, además, sin ningún orden cronológico.

Los auditores señalan que esta muestra era "crucial" para su evaluación. Pero el contenido era totalmente insuficiente. "La muestra no era representativa, al ofrecer solo un ejemplo de cada fase [de la gestión de crisis] y no documentar el proceso completo", señalan los auditores. Y añaden que "incluso en los escasos documentos preseleccionadas, la edición y la indisponibilidad de datos limitó significativamente la capacidad del Tribunal para evaluar la eficiencia operativa de la gestión".

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