El Parlamento Europeo acusa al BCE de abuso de poder por endurecer la provisión de préstamos morosos
El servicio jurídico de la Eurocámara considera que Fráncfort no tiene competencias para exigir más capital El dictamen inicia una dura batalla legal encabezada por Italia
El servicio jurídico del Parlamento Europeo ha concluido este miércoles un durísimo dictamen sobre la propuesta del Banco Central Europeo para endurecer las provisiones exigidas a la banca para sus créditos dudosos o morosos.
Los juristas de la Eurocámara acusan al organismo dirigido por Mario Draghi de excederse en sus competencias y de introducir obligaciones legalmente vinculantes que van "más allá del actual marco regulatorio en vigor".
El informe, al que ha tenido acceso CincoDías, asegura que el aparente abuso de poder se lleva a cabo de manera deliberada y con la clara intención de endurecer el marco regulador sin pasar por los trámites legislativos pertinentes.
La andanada legal del Parlamento, dictada a instancias de su presidente, el italiano Antonio Tajani, marca el inicio de una dura batalla legal e institucional para intentar frenar el proyecto presentado por el BCE el pasado 4 de octubre. Ese día, el BCE sometió a consulta un cambio de normativa que obligaría a los bancos a provisionar a partir del próximo 1 de enero el 100% de los créditos cuya clasificación pase de estándar a dudosos. Para los préstamos con garantía inmobiliaria, la provisión del 100% debería alcanzarse en siete años. Pero los que no dispongan de lateral de ladrillo, deberán provisionarse del todo en solo dos años
La norma, que pretende acelerar el saneamiento de unos balances bancarios lastrados por una década de crisis económica en la zona euro, tendría un impacto tremendo en Italia, donde se acumula casi la cuarta parte de los 865.000 millones de euros en préstamos dudosos o fallidos de la Unión Monetaria.
En Italia, además, la morosidad se concentra en los préstamos a empresas (pequeñas y medianas, sobre todo), por lo que la cuenta atrás para la provisión total empezaría en apenas dos meses y debería concluir el 1 de enero de 2020.
España, donde la morosidad suma 127.300 millones de euros (en junio de este año) buena parte de la cartera fallida procede de la burbuja inmobiliaria, por lo que el plazo para digerir las provisiones sería más largo.
Roma ha movilizado todos sus recursos nacionales y europeos para desbaratar la propuesta del BCE. Y el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, del grupo Popular, se ha convertido en uno de sus principales arietes.
Solo cinco días después de la publicación de la propuesta, Tajani ya se dirigió por escrito al presidente del BCE, su compatriota Mario Draghi, para pedirle explicaciones sobre lo que aparentaba ser una reforma legislativa camuflada y al margen de los canales previstos. Draghi respondió por escrito que la propuesta procedía del Mecanismo Único de Supervisión (MUS). Y la presidenta del MUS, la francesa Daniéle Nouy, en otra misiva, defendió la propuesta y aseguró que "no establece obligaciones adicionales" y "no va más allá del marco regulatorio existente".
Pero Tajani no se rindió y el 24 de octubre pidió el pronunciamiento del Servicio Jurídico del Parlamento. Y los letrados de esa institución han concluido que el BCE describe su reforma "como una mera directriz pero tiene, sin duda, efectos legales". Unos efectos legales, añade el dictamen, par los que "el BCE no tiene competencia". Firmado: Luca Visaggio, jefe de Unidad, y Matteo Menegatti. Dos apellidos tan italianos como el de Tajani.
El MUS deja a Italia sin 'banco malo' europeo ni tiempo para provisionar
El proyecto de la directriz del Banco Central Europeo para provisionar en dos años (a partir del próximo 1 de enero) los préstamos sin garantía inmobiliaria ha sido el segundo zarpazo contra la banca italiana en poco más de seis meses.
Antes del verano, los ministros de Economía de la zona euro rechazaban la idea de crear un banco malo europeo, una idea auspiciada por la Autoridad Bancaria Europea (EBA), dirigida por el italiano Andrea Enria. La EBA sugería la creación de una Compañía de gestión de activos, similar al SAREB español, para absorber 200.000 o 250.000 millones de euros en préstamos fallidos. El plan preveía que cada país asumiera las potenciales pérdidas de su propia cartera transferida. Pero aun así, chocó con la frontal resistencia del Gobierno alemán. En julio, el Ecofin (ministros de Economía de la UE) enterró definitivamente la idea. Y fuentes financieras atribuyeron al Banco Central Europeo la puntilla al proyecto. Italia veía esfumarse la posibilidad de una solución europea a su gran problema bancario.
El BCE, o más bien su brazo de vigilancia (el Mecanismo único de supervisión), golpeó de nuevo a Italia a la vuelta del verano. El 4 de octubre publicó un proyecto para endurecer las provisiones, texto sometido a consulta pública hasta el 8 de diciembre. El BCE lo presenta como una mera directriz, pero a partir del 1 de enero, si se aprueba finalmente, el MUS podrá exigir su cumplimiento entidad por entidad. Con la banca italiana en el punto de mira.