El Gobierno sopesa el riesgo de avales millonarios si denuncia el plácet de la CNMV a la opa de Atlantia

La paralización cautelar de las ofertas podría exigir una caución de cientos de millones al Estado

El antecedente estudiado es el de la opa de Endesa

opa atlantia
Álvaro Nadal e Íñigo de la Serna, ministros de Energía y de Fomento, respectivamente.

La negativa de la CNMV a anular la opa de Atlantia por Abertis, pese a los requerimientos de los ministerios de Fomento y Energía, ha abierto una serie de escenarios entre los que destaca un caro enfrentamiento del Gobierno con el regulador en los tribunales.

Presentados el 7 de diciembre, estos requerimientos están previstos en la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso-administrativa “como paso previo a la eventual interposición de un recurso contencioso administrativo en relación con un acto de otra Administración pública”, señaló entonces la CNMV. Ambos departamentos del Ejecutivo pretendían que el órgano independiente rectificara tras autorizar la oferta italiana sin que el ministerio que vigila las concesiones de autopistas y el que entiende sobre las telecomunicaciones expresaran una opinión previa.

Recibida el 21 de diciembre la petición de autorización por parte de Atlantia, Fomento dijo que tendría en cuenta esa cesión de la italiana en su decisión de plantar cara a la CNMV o aparcar el asunto. Energía mantiene mayor incertidumbre sobre su próximo movimiento, pero fuentes jurídicas explican que el posible impacto económico juega en contra de la judicialización del conflicto entre el Ejecutivo y el regulador bursátil.

Informes de la Abogacía del Estado y de la CNMV cuestionan el derecho del Gobierno a supervisar las ofertas por Abertis

Economía y Hacienda están atentos al proceso y las fuentes aseguran que los abogados del Estado han advertido sobre la hipótesis de tener que aportar avales multimillonarios si se pretende atascar las opas de Atlantia y Hochtief con cautelares. En ese escenario, se da por descontado que el juez pediría una garantía o caución para atender a posibles damnificados por el parón en el proceso de compra de Abertis.

Y es que los grandes fondos, y quizás las autoras de las opas, no tardarían en presentar demandas por supuestas interferencias en el proceso de compraventa de una cotizada 100% privada.

De hecho, la CNMV ya advirtió el 8 de enero, en su respuesta a los ministerios de Íñigo de la Serna y Álvaro Nadal, que la capacidad de exigir autorizaciones previas a una opa “constituye una excepción al principio de libre transmisibilidad de las acciones de las sociedades cotizadas”. Y a este primer argumento añadió que “el principio de libertad de movimiento de capitales obliga a ser restrictivo en cuanto al alcance del precepto [por el artículo 26.2 del Real decreto de opas]”. Puerta abierta para que los fondos accionistas de Abertis traten de tumbar cualquier eventual paralización.

El antecedente que aseguran se está analizando desde la Abogacía del Estado es el de la caución de 1.000 millones, en forma de aval bancario, que Endesa tuvo que depositar en abril de 2006 ante un tribunal de lo mercantil para detener la opa de Gas Natural por la eléctrica. Con ese movimiento consiguió la suspensión cautelar del acuerdo del Consejo de Ministros por el que se autorizó con condiciones la oferta de adquisición lanzada por la compañía gasista.

Informes adversos

Otro argumento que pesa en contra de llevar a la CNMV ante la justicia es la existencia de dos informes, difíciles de desmontar, en los que se manifiesta la fragilidad de las posiciones de Fomento y Energía para arrogarse el papel de supervisores de las opas de Atlantia y Hochtief. El primero lo firma la Abogacía del Estado y el segundo está elaborado por los servicios jurídicos de la CNMV.

En ambos casos se analizó si el Gobierno puede tener derecho de veto en el cambio de control indirecto en concesiones de autopistas y en el accionariado de Hispasat, filial de Abertis considerada estratégica por el Gobierno desde el año 1997. Antes de que Hochtief decidiera pasar su opa por el filtro del Ejecutivo, Atlantia defendió que seguiría siendo Abertis –con un nuevo accionista privado de control– quien estaría al frente de sus carreteras y de Hispasat (esta última no es crítica para ninguna de las opantes).

Es decir, una vez ejecutada la oferta de adquisición no habría cambio de manos directo sino indirecto. Y es este uno de los matices que, a ojos de la Abogacía del Estado y de la CNMV, debilita la posición especialmente de Fomento. Este departamento del Gobierno se apoyó en la Ley 8/1972 de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, y en el Decreto 215/1973 que fija el pliego de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de carreteras de peaje.

Con todo, Fomento ha conseguido dar su opinión y llevó al Consejo de Ministros la opa de Hochtief. Esta fue aprobada con el argumento de que las autopistas de Abertis pueden cambiar de manos al llevar más de cinco años en explotación. También se adujo que la filial de ACS había demostrado solvencia para ponerse al frente de esas concesiones si conquista con su opa el capital de la concesionaria catalana.

Una garantía mil veces más alta de lo previsto

Manuel Pizarro, presidente de Endesa durante el proceso de opas entre 2005 y 2006.
Manuel Pizarro, presidente de Endesa durante el proceso de opas entre 2005 y 2006.

- En el caso que enfrentó a Endesa con Gas Natural e Iberdrola entre 2005 y 2006, la primera pidió la suspensión cautelar de la opa de la gasista, valorada en 20.000 millones de euros. La eléctrica se ofreció ante la juez a constituir caución por un importe de un millón de euros, cantidad que fue considerada insuficiente por Gas Natural. Esta no señaló una cifra determinada, pero su defensa argumentó que los perjuicios podrían ser de cuantía equivalente al de la opa.

- La titular del juzgado de lo mercantil número 3 de Madrid, Miriam Iglesias, consideró entonces que la decisión de otorgar medidas cautelares, y su mantenimiento en el tiempo, era susceptible de producir consecuencias negativas en forma de perjuicios para las demandadas. Donde Endesa argumentaba que la desestimación de la demanda dejaría la opa de Gas Natural como estaba en un principio, la juez afirmó que ni el mundo económico, ni la propia Gas Natural iban a paralizarse durante el proceso. De este modo, vio razonable que los daños podían alcanzar el volumen de la propia opa y fijó una caución del 5% de los 20.000 millones citados. De este modo, se condicionaron las cautelares al depósito de un aval bancario por 1.000 millones.

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