Atlantia eludió pedir el visado del Gobierno a su opa basándose en precedentes

ACS, La Caixa y Sacyr compraron concesionarias sin la autoriación del Ejecutivo

Citi pidió permiso al Consejo de Ministros para la toma de Itínere

Atlantia
Fachada principal del Ministerio de Fomento, en Madrid.

Atlantia lo tenía claro en mayo, cuando lanzó la oferta de compra de Abertis, y lo sigue pensando ahora: “No es necesaria autorización en España en relación con la toma de control directa de Abertis e indirecta de su grupo de sociedades que puede derivarse de la liquidación de la oferta”, argumentó en el folleto de la opa. La empresa utilizó argumentos “inequívocos” y añadió que “Abertis no ha comunicado al mercado la existencia de ninguna restricción que limite o impida la toma de control o requiera autorizaciones específicas de las autoridades españolas”.

Con esta base, Atlantia decidió no hablar oficialmente de su opa con ninguna autoridad de este país, salvo con la CNMV, pese a que pretende hacerse con una operadora de concesiones públicas, como son los autopistas, y a la vez accionista de control de la firma de satélites Hispasat, considerada estratégica por el Estado español. La compañía participada por la familia Benetton tampoco ha pedido autorizaciones en Italia, su mercado local, donde Abertis tiene presencia a través del negocio de los peajes.

Su asesor en materia legal es DLA Piper, donde figuran expertos en Derecho Público como José Ignacio Monedero, abogado del Estado durante 18 años, de cuya asociación llegó a ser presidente, y en Derecho Administrativo como José Manuel Sala, letrado de las Cortes y catedrático en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Un 33% del ebitda de Abertis depende de España

Abertis tiene en España su segundo mercado por generación de ebitda, tras Francia. Pero dos de sus mayores concesiones locales, Aumar y Acesa, vencen próximamente. Atlantia calcula que antes de eso, el grupo combinado obtendría en España el 16% del ebitda, frente a un 45% en Italia.

Además de su interpretación de la legislación española en materia de concesiones, Atlantia se sirve de dos fundamentos para no visar su opa en Fomento: la operación deriva en un cambio accionarial en la sociedad titular de las concesiones y no en una cesión de estas a un tercero, y hay antecedentes de cambio de control en operadoras de autopistas que no precisaron el visto bueno ministerial.

Los abogados de la italiana consideran que el criterio de la Ley 8/1972 de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, así como la Ley de Contratos del Sector Público, hacen preceptiva una autorización administrativa para la fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas titulares de concesiones de obra pública. “No se incluyen las meras transmisiones accionariales”, aclaran.

Pero Fomento se arroga el papel de supervisor de las opas por Abertis, tanto la italiana como la competidora de la alemana Hochtief, haciendo interpretación de la misma Ley 8/1972, concretamente del artículo 31 sobre autorizaciones del Gobierno, y del decreto 215/1973 que recogió el pliego de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en concesión. El choque, con los ministerios de Fomento y Energía remitiendo sendos requerimientos a la CNMV en busca de la anulación o revocación de la autorización a la opa, ha hecho que Atlantia se ponga a disposición del Ejecutivo. “Suministraremos cualquier información o documentación relevante para dar seguridad al Gobierno con referencia a la correcta gestión futura de las concesiones operadas por Abertis”, dijo el jueves la italiana, “mantenemos nuestra disponibilidad para discutir cualquier solicitud del Gobierno en este aspecto”.

Un ofrecimiento por el que estaría abierta a demostrar capacidad técnica y económica, pese a que interpretó en su opa que “no aparece ningún nuevo empresario que, como tercer concesionario, haya de acreditar que satisface los requisitos legales y de solvencia para mantener con garantías un contrato administrativo”.

En cuanto a los antecedentes, Atlantia ha armado su escudo a partir de lo ocurrido en la opa de Aurea (Dragados y luego ACS) y Acesa (La Caixa), en 2002, sobre Ibérpistas. Una operación que cimentó la creación de la propia Abertis y en la que el grupo italiano argumenta que no hubo petición de permisos al Gobierno. Como tampoco fue necesario el visto bueno del Ejecutivo –y Competencia se inhibió– cuando Sacyr y Telekutxa ejecutaron una opa sobre Europistas, luego integrada en Itínere.

Atlantia avanzó en septiembre que el Gobierno podría intentar, una vez liquidada la opa, la limitación de derechos de Abertis en las concesiones españolas e incluso la anulación de los contratos

En ambos casos se trataba de empresas españolas comprando operadoras locales. Una circunstancia que cambia en la toma de Itínere, en 2009, por parte de Citi Infrastructure. Aquí se solicitó el plácet al Consejo de Ministros como requisito previo, que fue concedido, para la transmisión de acciones.

A la vista de este último ejemplo, Atlantia tenía claro ya en mayo que el Gobierno podría intentar, una vez liquidada la opa, la limitación de derechos de Abertis en las concesiones españolas e incluso la anulación de los contratos por incumplimiento de los mismos. En todo caso, iba a defenderse y transmitió a los accionistas de Abertis la seguridad de que esas intervenciones no prosperarían.

Nadal no perdona a Fainé

El ministro de Energía, Álvaro Nadal.
El ministro de Energía, Álvaro Nadal.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, no olvida que el presidente de la Fundación Caixa, Isidro Fainé, no le informara en tiempo sobre la operación que Atlantia venía tratando con Abertis desde marzo, como así reconocieron las partes en el folleto entregado después a la CNMV.

Tras enterarse “por la prensa” de la intención de los italianos de lanzar una oferta por el 100% del capital del grupo concesionario español, Nadal esperó una comunicación directa del círculo de Abertis. Ya en una reunión que mantuvo con el ministro para tratar sobre otros asuntos, Fainé le comentó la existencia de la opa. A lo que un Nadal irritado, según fuentes empresariales de toda solvencia, le contestó que “no se daba por enterado”. A continuación le invitó a que fuese a contárselo al ministro de Fomento.

El malestar del titular de Energía podría sumar en la actitud beligerante del Gobierno hacia una opa que podría quedar estancada en un mar de requerimientos y solicitudes de permisos en las ventanillas de Fomento y Energía. También hay que tener en cuenta la espina del PP por la pérdida de Endesa y su caída en manos italianas hace una década, así como la negativa del Ejecutivo italiano a que fraguara una integración en 2008 entre Abertis y Atlantia, capitaneada por la española.

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