La CNMV defiende del intervencionismo las reglas del mercado
El supervisor mantiene su autorización a la opa de Atlantia sobre Abertis
La CNMV dio ayer un ejemplo de firme independencia al mantener la autorización que concedió a la opa lanzada por la italiana Atlantia sobre Abertis, pese a la petición realizada por los Ministerios de Fomento y Energía de que esta fuese revocada o suspendida por no contar con autorización gubernativa. La decisión del supervisor, comunicada tras el cierre del mercado, recuerda algo que parece evidente: que este tipo de autorizaciones previas, aun estando contempladas en la legislación que regula las opas, constituyen una excepción “al principio de libre transmisibilidad de las acciones de las sociedades cotizadas” y deben ser utilizadas, por tanto, de forma restrictiva. La CNMV sostiene que los requerimientos de Fomento y Energía no están comprendidos en los supuestos que contempla la norma. Ambos ministerios se apoyan en que un éxito de la opa de Atlantia supondría la toma de control indirecta por parte de la italiana sobre las concesionarias de autopistas españolas de Abertis, así como de Hispasat, operador de los satélites españoles de comunicaciones y también filial de Abertis.
Con una diplomacia que no resta firmeza alguna ni a la decisión ni al comunicado, la CNMV manifiesta su respeto a Fomento y Energía, los cuales han perdido –de momento, al menos, dado que pueden presentar un recurso contencioso-administrativo contra la decisión– el pulso con el organismo que preside Sebastián Albella. La oferta de Atlantia, recuerda el regulador, reúne todos los requisitos que exige la normativa de opas y debe seguir adelante.
Tanto Atlantia como Hochief (ACS) –cuya oferta está pendiente de aceptación por parte de la CNMV– están avanzando en su pugna por hacerse con el control de Abertis. En ese escenario, la postura manifestada ayer por la CNMV salvaguarda unas reglas de juego que deben preservar la libertad de empresa y la libre circulación de capitales, así como los intereses de los accionistas, mientras que la postura del Gobierno, tanto si se salda finalmente con una derrota como si lo hace con una victoria, traslada una imagen intervencionista vista demasiadas veces en este y otros países.
Los intereses estratégicos de los Gobiernos, un terreno que España e Italia conocen suficientemente, no deberían dirimirse a través de un enfrentamiento público con el supervisor del propio mercado. Al Gobierno solo le queda resignarse a la operación o acudir a una vía contenciosa que alargaría el conflicto y podría dar resultados demasiado tarde. Es comprensible que se quiera proteger el interés nacional en casos muy particulares;este no es uno de ellos. Si se celebra la internacionalización de la empresa española, no cabe ejercer a la vez el nacionalismo contra compañías privadas del espacio europeo.